Viernes, 30 de Octubre del 2020

Contrainforme del presidente del TSJ: déficit de jueces y corrupción

Contrainforme del presidente del TSJ: déficit de jueces y corrupción
Viernes, 15 Diciembre 2017 02:45
Carlos Cózatl Martínez / @cr_cozatl

Además tienen pendiente de recibir sentencia el 85 por ciento de los feminicidas. Otro factor que ha opacado la función del magistrado fue su reelección en el cargo, por lo que se mantendrá en éste hasta el 2020; también el que no suspendiera al juez González Alegría tras mentir en su declaración por una riña en un restaurante



Aunque en su informe de labores del 2017 Roberto Flores Toledano, titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el Estado, anunció ‘nuevos retos’ para el próximo año, aún existen promesas pendientes del 2016 que han quedado rezagadas, entre ellas la inserción de al menos 10 jueces al nuevo sistema de oralidad o cambiar la percepción negativa de la población hacia dicha institución.


Además, otros factores que han influenciado para opacar su función como presidente magistrado fue su reelección en el cargo, que lo mantendrá hasta el año 2020 y el no suspender a Marco Antonio Gabriel González Alegría, juez de lo civil que mintió en su declaración tras agredir a Christian Mayagoitia, situación que fue evidenciada en un video de las cámaras de seguridad del comercio donde se suscitó la trifulca.


Además, sólo han recibido sentencia 12 casos de feminicidio, dejando sin resolver el 85 por ciento de los mismos.


Falsas promesas para el NSJP


El 17 de junio del 2016 se puso en operación en todo el estado el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), el cual en estos momentos transita una etapa de consolidación, a fin de que se garanticen los derechos de todas las personas involucradas en los procesos y una operación institucional más eficiente, transparente y accesible.


Sin embargo, estos ‘ideales’ no han podido ser llevados a la práctica por las deficiencias que presenta este modelo, no por su esencia, sino por su implementación, ya que se prometieron que al menos 30 impartidores de justicia laborarían en el nuevo sistema, sin embargo los que actualmente trabajan son 13 en todo el estado para solventar las diferentes etapas en las audiencias de oralidad de las seis regiones judiciales en las que se divide Puebla.


Si bien en marzo se anunció la inserción de al menos 10 jueces de oralidad a lo largo del año, de acuerdo con el director general de Planeación, Infraestructura y Sociedad de la Secretaría Ejecutiva de la Ceampaj, Juan Martín Hernández Cuevas, ninguno fue ingresado, a pesar de haber asegurado que las normas del propio sistema no permitían una contratación masiva de jueces y de contar con el capital humano para solventar dicha escasez.


Imagen corrupta


Conforme con la Encuesta Nacional del Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) 2017, cinco de cada 10 poblanos perciben que el desempeño del Poder Judicial en el estado es muy malo, ya que el 54.5 por ciento de la población nacional considera que el accionar de juzgadores y ministerios públicos es deficiente.


Asimismo, el 36 por ciento de la población encuestada por el GCE consideró que el trabajo de los mismos es bueno o regular, sin embargo el propio presidente magistrado aseguró que esta situación se debe a la mala impresión generalizada que existe del NSJP, aunque los jueces sólo se encargan de “aplicar la ley”.


No obstante esta situación se vio agravada debido al escándalo protagonizado por Marco Antonio Gabriel González Alegría, quien tras golpear primero a un joven que defendió a una amiga suya por los comentarios misóginos del juzgador, éste mintió en su relato a las autoridades, saliendo el propio Flores Toledano a defenderlo, hasta que la verdad se evidenció en un video.


Además, un sector de la población no aprobó su reelección en el cargo hasta el 2020, estableciéndose así como presidente magistrado en febrero de este año.


Rezago en sentencias contra feminicidas


Como CAMBIO informó desde 2013 se han iniciado 82 procesos penales por el delito de feminicidio, de los cuales el 15 por ciento ha conseguido una sentencia condenatoria, mientras que en tres casos el indiciado ha sido absuelto.


Un total de 67 casos se mantienen sin resolver, a pesar de contar con al menos una persona procesada, sin embargo, ante esta situación Roberto Flores pretende crear un Tribunal especializado, lo que significaría un nuevo gasto en vez de usar los recursos disponibles para solventar la deficiencia.