Sorprendentemente, la consulta del primer día de agosto de 2021 para determinar si procede o no juzgar a los responsables de delitos en pasadas administraciones públicas federales no fue puesta a examen de acuerdo con los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisdicción fue reconocida por México en 1998, paradójicamente, en los tiempos de la administración pública federal de uno de los presidentes que se pretende enjuiciar con tal consulta: Ernesto Zedillo, particularmente, por el salvamento a los deudores de la banca con los recursos públicos a través del fideicomiso denominado Fobaproa.
Resulta sorprendente que, para llegar a la consulta y toda la parafernalia que eso significa, así como el derrame de recursos públicos, se pasara por alto las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando dicha consulta fue formulada por la actual administración pública federal, donde debe de haber abogados versados sobre el tema. También pasó por el Institución Nacional Electoral, que se encuentra en las mismas condiciones, incluso, el titular es abogado egresado de la UNAM. Pero, sobre todo, el procedimiento para determinar la consulta pasó por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conformada por los principales juristas de la nación. Sin embargo, al parecer, nadie alzó la mano y denunció que este tipo de consultas contravienen los derechos fundamentales del Pacto de San José firmado por México y de cuyas violaciones la citada Corte Interamericana de los Derechos Humanos conoce.
Claramente, ese órgano jurisdiccional internacional (con sede en San José, Costa Rica) en el particular caso de Gelman vs Uruguay, del hijo y la nuera del poeta y escritor argentino radicado y fallecido en México, Juan Gelman, determinó en contra de ese país, que las leyes aprobadas en la década de los 80 del siglo XX que determinan amnistías a los responsables de violaciones graves a los derechos humanos resultan contrarias a los derechos fundamentales, a pesar de que la ley de caducidad uruguaya haya pasado por dos consultas populares para que se aprobara esa amnistía a los responsables de violaciones graves a derechos humanos, como fueron las desapariciones de personas, desplazamientos, homicidios, penas de muerte extra judiciales, apropiación de menores, etc.
Es decir, no debe quedar en manos de una consulta popular, por más democrática que sea la decisión, el juicio a los responsables de violaciones graves a derechos humanos, pues el derecho al acceso a la administración de justicia y el de conocer la verdad son de las víctimas y sus familiares; por tanto, no pueden quedar a decisiones populares, tal como lo determinó la Corte Interamericana en ese caso tan emblemático; el cual, por demás, si México ha aceptado la jurisdicción de la Corte, resulta obligatorio o, por lo menos, debería ser tenido en consideración, sobre todo por el papel que está tomando en México con esa consulta a nivel mundial, que es incluso más vergonzoso que los resultados de los Juegos Olímpicos en Tokio.
Es más, la propia academia sostiene que esas decisiones, desde el punto de vista democrático, están en la denominada “esfera de lo indecidible”, es decir, en lo que las democracias no pueden decidir. Así lo ha sostenido uno de los principales tratadistas del derecho de la actualidad, el italiano, Luigi Ferrajoli; pero, desafortunadamente, de nada sirven todos los textos que él emite desde la corriente jurídica denominada “garantismo” si se pone en una decisión democrática el hecho de proteger o no los derechos.
Lo mismo se sostiene desde la academia latinoamericana, donde el profesor argentino, Carlos Santiago Nino, sostuvo que las mayorías no pueden modificar ni restringir los derechos fundamentales, como en este caso de la consulta mexicana para decidir si se tutelan o no los derechos de las víctimas de los sucesos que se pretenden juzgar, que, por cierto, no son puestos claramente a la luz pública.
En fin, lo que sucederá con la consulta mexicana del mes de agosto de 2021 es que cualquier resultado que llegue a darse, tarde o temprano, llegará la Corte Interamericana de Derechos Humanos para, simplemente, poner en evidencia el “papelón” que está teniendo en México, tan lejos del derecho y tan cerca de la política mediática. (Web: parmenasradio.org).
