Jueves, 05 de Agosto del 2021
Indicador Político

En las informaciones sobre la aprobación legislativa del nombramiento de Rogelio Ramírez de la O como nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, sólo el periódico La Jornada acertó en encontrar el punto central del proyecto de transformación del gobierno de López Obrador: “la responsabilidad que tiene el Estado de promover y encauzar el desarrollo económico nacional”.

Ante los indicios de que el confinamiento antipandémico iba a generar mayores presiones sobre las clases bajas en Estados Unidos, el gobierno del presidente Biden aprobó varios paquetes de ayuda y subsidios directos a la población de abajo y a la vuelta de un año lograr la disminución de casi 20 millones de pobres respecto a 2018, una baja de casi el 45 por ciento.

Si por ley sólo el Instituto Nacional Electoral podía promover la consulta, entonces la revisión de la difusión de la convocatoria consulta del pasado 1 de agosto acredita responsabilidad política al desdén de los funcionarios del organismo electoral hacia el primer experimento de la democracia participativa como paso previo a las presidenciales de 2024.

Desde que en 1968 el economista Enrique Padilla Aragón reveló que el modelo de desarrollo posrevolucionario había generado un proceso de crecimiento económico con pobreza y desigualdad social, los gobiernos populistas, neoliberales y posneoliberales han carecido de alguna propuesta para vincular el crecimiento y la distribución de la riqueza que define el desarrollo.

Aunque no estará atado a la consulta ni tampoco pudo incluirse la lista de cinco expresidentes en la consulta, el presidente López Obrador logró el objetivo planteado: mantener el ciclo neoliberal priista-panista en la silla de los acusados de la crisis nacional.

La consulta del domingo próximo que se diseñó en su proyecto original para enjuiciar en tribunales penales a los últimos cinco ex presidentes del ciclo neoliberal será un fracaso acreditable, sobre todo, debido al enredo jurídico-constitucional del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la nación, a la apatía del Instituto Nacional Electoral y al desorden en Morena.

La consulta para pedirle a los mexicanos un voto a favor o en contra de la investigación de presuntas irregularidades de ‘actores políticos’ del pasado tendrá poco efecto en los planes de mediano plazo de la 4ª-T y podría convertirse en un factor distractor del verdadero objetivo de la actual administración: la reforma antineoliberal del Estado neoliberal salinista.

La velocidad del periodismo de coyuntura está afectando al periodismo de investigación. La dinámica del estallamiento de conflictos impide el seguimiento de pistas de fondo y todo queda en la circunstancia superficial y de corto plazo.

 

El documental sobre el columnista, Manuel Buendía, volvió a reabrir el interés sobre su asesinato y la precaria, amañada e insuficiente investigación gubernamental tardó 48 horas en el ambiente periodístico. Sin embargo, de nueva cuenta se abrieron algunas ventanas selladas que debieran conducir a una profundización más allá del corto plazo.

 

Aquí se presentaron algunos análisis del momento. Y uno de los temas centrales aparece en la presencia ominosa de la CIA estadounidense, pero no por las revelaciones de Buendía desenmascarando a dos jefes de la estación en México, si no por cuando menos tres circunstancias:

 

1.- El Irancontra que involucraba a la Casa Blanca de Reagan, su Consejo de Seguridad Nacional y la CIA en la triangulación de armas y drogas al grupo financiado por EU para derrocar al gobierno sandinista nicaragüense conocido como la contra y la violación de una prohibición del Senado para hacer negocios con Irán, por aquella ocupación de más de un año de la embajada estadounidense en Teherán.

 

2.- De manera paralela, ocurrió en México un incidente que involucraba a la CIA y a la Dirección Federal de Seguridad. El tema fue reventado el 23 de junio de 1985 a través de una nota en la primera plana del periódico The New York Times, escrita por los expertos en seguridad nacional Joel Brinkley y Robert Lindsay y con información directa del embajador John Gavin: la revelación de qué la Federal de Seguridad mexicana había establecido convenios con el organismo de seguridad de la Alemania comunista, el STASI, que representaba los intereses del KGB soviético.

 

En una charla en 1985 con el autor de Indicador Político, Zorrilla aceptó que se había alejado de la CIA y que tenía contratos de capacitación de agentes con los alemanes comunistas. El temor de Gavin --que operaba como el jefe real de la estación de la CIA en México-- radicaba en la posibilidad de que Zorrilla le filtrara a los alemanes y soviéticos información operativa de la agencia estadounidense, toda vez que el director de la DFS era el contacto directo con la CIA.

 

La nota del diario neoyorquino no tuvo repercusión política en México, aunque fue leída y subrayada por funcionarios de gobernación porque implicaba un cambio de tono y fondo en las relaciones de seguridad nacional México-EE UU, a partir del hecho de que la Federal de Seguridad mexicana fue fundada a instancias de la CIA, para crear una agencia nacional que representará los intereses estratégicos de Washington.

 

3.- En 1985, el autor de Indicador Político publicó en el periódico El Día un reportaje de cinco partes sobre las actividades del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en Nicaragua y en México. Y en 1987 el periodista, Bob Woodward, dedicó un capítulo de su libro “Velo, las guerras secretas de la CIA'' a contar la historia de que el director de la agencia había ordenado la elaboración de un reporte especial, enfatizando el caos mexicano que permitiera mayor intervención estadounidense. El designado para hacer el reporte, John Horton, se negó a redactarlo porque había sido jefe de la estación en México y sabía que la Casa Blanca buscaba una evaluación inventada.

 

Estos tres datos no fueron profundizados en la investigación que se hizo sobre Buendía. El fiscal especial, Miguel Ángel García Domínguez --que fue premiado con una silla en la Suprema Corte de Justicia-- señaló con simpleza que no le dieron información al respecto y por lo tanto, no abrió una carpeta real de investigación pericial. Sin embargo, los hechos que involucraban a la CIA en México y que venía desde las revelaciones de los jefes de estación que hizo Buendía, también se entretejían con la información de la vinculación de la DFS mexicana en el tráfico de armas y drogas EU-Irán-Nicaragua y el STASI. No hay indicios de que Buendía estuviera investigando este tema, pero sus relaciones personales e informativas con Zorrilla podrían haber existido en términos informativos de expediente.

 

La presencia de la CIA en el asesinato de Buendía es una investigación pendiente.

 

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El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.

 

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Para una edición especial de la Revista Indicador Político sobre Manuel Buendía, el periodista estadounidense Russell envió en 2014 un artículo especial que resumía su conclusión en su libro “Eclipse of the Assassins. The slaying of Manuel Buendía” (edición de Universidad de Wisconsin): la CIA.

Muchas de las pistas del asesinato de Manuel Buendía se perdieron en la investigación que hizo el mismo gobierno mexicano que estaba en la mira del columnista por la alianza de muchos de sus funcionarios con los primeros cárteles de la droga.

A la memoria de Carlos Miguel Salomón Fautsch y abrazo fraternal a Carlos Salomón Cámara.

El promovido documental sobre la vida del columnista Manuel Buendía confundió a los espectadores y dejó algunos sabores nada agradables de exoneración de funcionarios de gobernación en el sexenio del presidente Miguel de la Madrid. Sin embargo, ayudó a refrescar la memoria para seguir insistiendo en que el asesinato del periodista el 30 de mayo de 1984 marcó el inicio de la crisis de seguridad que responsabiliza al sector público de los saldos negativos.

Rodeado de más expectativas que posibilidades, el nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, encara cuando menos tres retos:

Todos los presidentes de la República del periodo posrevolucionario han ejercido el poder absoluto para imponer las candidaturas de su partido para el siguiente periodo sexenal, pero ninguno ha podido cumplir con el deseo íntimo de seguir gobernando desde las sombras.

Como sigue siendo un misterio conocer a ciencia cierta las motivaciones presidenciales para adelantar dos años el proceso de sucesión presidencial, entonces queda un terreno propicio para la especulación y el análisis.

De 1920 a 2018, el país enfrentó 21 procesos de sucesión presidencial desde el poder. De ellas, siete terminaron en fracaso porque el presidente saliente no pudo poner sucesor y en todas nunca existió el continuismo.

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