De manera formal, desde 2006 los militares comenzaron a insistir en su petición de crear un marco jurídico para su participación en seguridad pública-seguridad interior, pero en los hechos fueron lanzados como última línea de defensa del Estado contra el crimen organizado y el narcotráfico que estaban ocupando espacios territoriales e institucionales de la soberanía del Estado.
“Si bien es cierto que las Fuerzas Armadas tienen las armas, que son para defender precisamente a la patria, pero nunca, nunca, el poder político; vuelvo a repetir, nunca el poder político”
El problema real no radica en saber si la Guardia debe ser tutelada por la Sedena o si las Fuerzas Armadas regulares deben permanecer cuatro o cinco años más en labores de apoyo a la seguridad pública por la crisis de seguridad interior
Golpe político a la estrategia del presidente López Obrador de dar cinco años más de ventaja a la Guardia Nacional para terminar de construirse como cuerpo de seguridad pública, la no aprobación del dictamen estaría convirtiendo el tema militar en una bandera política que a nadie conviene y que estaría involucrando a las Fuerzas Armadas
Los priistas que están pidiendo la quema de Alejandro Moreno Cárdenas en la plaza pública están tratando de manera intencionada de desviar la atención del punto clave: el cambio de rumbo del PRI como partido histórico hacia el neoliberalismo lo decidieron Carlos Salinas de Gortari, Luis Donaldo Colosio y Enrique Peña Nieto.
La campaña mediática contra la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior -síntesis de la Seguridad Pública y la seguridad nacional- ignoró un dato fundamental
El presidente López Obrador estaba preparando un discurso de confrontación directa con Estados Unidos para el 16 de septiembre como respuesta al bloque de poder empresarios-Capitolio que estaba presionando al gabinete de Biden para obligar a México por la vía de las amenazas políticas
El poder legislativo se ha dedicado a contener y acotar las iniciativas de reorganización de la estructura de la seguridad, pero no ha decidido ninguna legislación para combatir las diferentes formas de la delincuencia, con el resultado que se tiene a la vista.
El fortalecimiento del aparato de seguridad interna del Estado se presenta -aunque sin aceptarlo- como una necesidad estratégica ante el fortalecimiento y expansión del crimen organizado y sobre todo la delincuencia desorganizada que se nutre de la crisis social de los mexicanos y de la falta de oportunidades de empleo.
El presidente López Obrador tuvo un enfoque audaz en 2018 al definir su Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) porque se basó en las doctrinas de defensa nacional, de seguridad nacional y de seguridad interior.
El gobierno lopezobradorista ha aportado elementos analíticos parciales y desagregados de que el fondo del problema radica en la incapacidad del Estado para construir una estrategia institucional que no sólo combata en las calles al tráfico de drogas y a la violencia delictiva, sino que defina un marco jurídico integral que deje de estar operando sobre parches entretejidos de diferentes tipos de telas y de colores.
La votación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el destino de la PPO tendrá dos efectos negativos en el proceso de funcionamiento de las instituciones políticas y de gobierno
“El crimen organizado en nuestro país se ha convertido en una fuerza “cuasimilitar” que usa la violencia en contra de la población y de las instituciones públicas”.
Las incidencias en torno a la designación del nuevo presidente de la mesa directiva del Senado tienen que ver con reacomodos en las formaciones políticas que tendrán un papel importante en la próxima elección presidencial.
En este contexto, el presidente de la República no agravió ni insulto al poder legislativo sino que sólo marcó una línea de definición de líneas políticas dentro de su partido.
La propuesta lopezobradorista de Cuarta Transformación ha tenido que lidiar a contrapelo con la contrarrevolución neoliberal salinista y el regreso del Estado social ha tenido que pasar por encima del modelo conservador de Estado autónomo que definió Carlos Salinas de Gortari como eje ideológico de su proyecto.