Hay escenas que por sí solas reflejan la esencia de una administración. Es lo que vimos el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, cuando el Gobierno federal intentó detener a Ovidio Guzmán López, pero ante la supremacía criminal tuvo que recular.

 

Las Fuerzas Armadas pudieron actuar; en cuestión de minutos enviar helicópteros artillados y cientos de efectivos de bases militares y navales cercanas. Pero nada se hizo.

 

Reculó y desde entonces lo ha hecho de manera cotidiana, rutinaria. Retraerse se ha convertido en un hábito de la actual administración que sostiene su tesis de campaña: “Abrazos, no balazos”.

 

La tolerancia frente al crimen organizado se refleja en la permisividad que muestra.

 

El discurso señala abrazos, pero más bien son palmadas en la espalda; consentir sus operaciones; acciones que se concentran en aquel saludo atento a la madre de Joaquín El ‘Chapo’ Guzmán Loera.

 

A Javier Sicilia le cerraron las puertas de Palacio Nacional, pero a la madre del capo de Sinaloa la fueron a saludar hasta a la camioneta. Fue el preciso momento de la deferencia presidencial ante el crimen organizado.

 

Si bien es cierto que durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se libró una falsa guerra contra el crimen organizado, ahora ni siquiera eso se hace.

 

El Estado está cruzado de brazos ante el crecimiento exponencial y vertiginoso de los cárteles.

 

El Holocausto mexicano continúa ahí. Los crímenes, las masacres, las desapariciones, las fosas clandestinas, la extorsión, el cobro de derecho de piso, las amenazas continúan en todo el país. Pero de eso ni una palabra se dice en las mañaneras. Como si la violencia fuera en otro lugar.

 

Aguililla es el ejemplo contundente. El movimiento jesuita -que tiene una presencia significativa en Michoacán-, llevó el caso ante el Papa Francisco quien envió al Nuncio Apostólico Franco Coppola a uno de los epicentros de la catástrofe humanitaria. Pero en Palacio Nacional no movieron un dedo para controlar el desastre.

 

En este momento, estamos ante las elecciones más violentas en la historia de México; la elevada cantidad de asesinatos, atentados y ataques armados así lo acreditan. Aunque el presidente López Obrador sólo señala el “amarillismo” de los medios de comunicación.

 

En horas recientes, vimos dos mesas de análisis sobre la violencia electoral.

 

La primera fue el programa Disenso del canal ‘Notas sin pauta’ que reunió a los periodistas Kowanin Silva, Dawn Marie Paley, Wendy Selene Pérez, Jorge Torres y el brillante Ignacio Alvarado.

 

En esa mesa destacó un dato presentado por Silva quien afirmó que Coahuila vive una “paz sospechosa”; los índices de violencia se han reducido drásticamente en comparación con los años recientes y en este momento no hay crímenes de alto impacto. Como si política y la delincuencia organizada hubiesen llegado a un armonioso acuerdo.

 

En un momento central de la conversación, Jorge Torres pregunta: ¿Por qué no ha podido controlar el poder político la violencia?

 

La respuesta la damos en Cúpula; por la simple razón de que al Gobierno federal no le interesa detener esa violencia; no está en sus prioridades; el régimen está cruzado de brazos. Desde la mañanera se ataca a periodistas y voces incómodas; en esa óptica Gabriel Zaid es más condenable que cualquier capo, porque la delincuencia organizada es intocable.

 

En los hechos se permite que esos crímenes políticos sean parte de una normalidad cotidiana, al igual que los feminicidios.

 

Desde la presidencia de la República no se ha dictado una sola medida para detener la violencia feminicida y tampoco la electoral. La respuesta oficial sólo acusa el “amarillismo” de los medios.

 

En algún momento de la mesa de periodistas se hace una separación, una distinción entre los grupos políticos y las organizaciones delictivas; como si fueran entes ajenos y extraños. Lo cual es una apreciación equivocada.

 

Lo que estamos presenciando en las elecciones de 2021 es el empoderamiento de la ‘narcopolítica’; un ente híbrido, una mezcla, el maridaje entre agentes políticos y criminales.

 

Antes un candidato hacía todo lo posible por ganarle a su adversario en las urnas. Ahora es más fácil ordenar su asesinato.

 

Datos que la UIF nunca va a mencionar.

 

Otra mesa de análisis la realizó Julio ‘Astillero’ Hernández López con la participación de Guadalupe Correa Cabrera, Ricardo Ravelo y el agudo Víctor Ronquillo.

 

Subrayaron los datos del desastre: más de 80 políticos asesinados y 400 agresiones en el marco del proceso electoral.

 

Ronquillo aseveró de manera contundente: “el Estado Mexicano está rebasado”; agregó que se está peleando por “la economía del delito, la economía criminal; el control de la obra pública, las policías y el control territorial”.

 

En ese panel se destacó que “el dinero sucio corre a raudales” en las campañas electorales. El dato coincide con Roberto Rock, quien en su artículo dominical para El Universal subraya “un inquietante flujo de dinero” que se está vertiendo en las contiendas.

 

Estos datos quedan en versiones periodísticas, porque hasta el momento el implacable zar financiero del régimen Santiago Nieto Castillo no ha dicho una palabra al respecto y podemos adelantar que no lo hará.

 

Sin embargo el punto medular de la mesa lo aportó Guadalupe Correa Cabrera al señalar que la empresa estadunidense Stratfor, especializada en análisis y prospectiva, ya anticipa una balcanización en el norte del país.

 

El fenómeno se puede explicar por el crecimiento exponencial de la violencia y las fracturas políticas entre los estados de esa región y la presidencia de la República.

 

La perspectiva de una injerencia del gobierno de los Estados Unidos en el desastre nacional también se encuentra en el artículo de Roberto Rock quien adelanta la próxima presencia de altos mandos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en México.

 

Esa visita debe leerse como una continuación de la postura expresada por el general Glen Van Herk, alto mando del Pentágono, quien afirmó que el crimen controla el 35 por ciento del país.

 

De esto sólo se puede tener una lectura: el crecimiento de los cárteles mexicanos, los enormes intereses financieros que mueven y sus tentáculos en otras regiones del orbe, se convirtieron en una amenaza hemisférica.

 

Ojalá alguien entienda que hay problemas más graves que las obras en Dos Bocas o las críticas de Joaquín López-Dóriga.

 

Como siempre quedo a sus órdenes en  cupula99@yahoo.com