Era algo previsible. Durante la campaña presidencial se expresaron conceptos insustanciales, extremadamente inasibles. “Abrazos, no balazos” así como la “Amnistía” se presentaron como las tesis de la nueva política de seguridad.

 

La lingüística política no falla, nunca se equivoca. Las palabras son la expresión ineludible del pensamiento. Desde entonces quedó en claro que no había una política de seguridad.

 

Luego de dos años de administración, la violencia y la criminalidad campean en todo el país. La pandemia no detiene las actividades de los cárteles que abiertamente desafían al Estado mexicano como quedó demostrado en Paseo de la Reforma o en un bar de Puerto Vallarta.

 

Los actuales capos no se detienen, ni se amedrentan. Por otro lado vimos la debilidad de un régimen que no atinó a implementar un operativo para la detención de Ovidio Guzmán y que semanas más tarde saluda con respetuosa inclinación a la madre de uno de los mayores criminales en la historia de México.

 

Los desaciertos y extravíos en materia de seguridad están ahí, a la vista de todos.

 

En las últimas horas de 2020 Julián LeBarón publicó las fotografías de casas incendiadas y ataques armados en una comunidad de la zona de Ensenada, Baja California. La respuesta fue la misma que si hicieran un llamado desde Medio Oriente: la indiferencia total y absoluta.

 

En este contexto, los gobiernos estatales hacen lo que pueden con lo que tienen, frente a la ausencia de una política nacional de seguridad.

 

Los resultados son lógicos. Entidades como Veracruz, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato permanecen sumergidas en una vorágine de violencia sin control. No tienen los recursos, ni el respaldo para enfrentar a las organizaciones criminales.

 

Sin embargo, algunos estados son la prueba fehaciente de que la voluntad política puede contener y sofocar las llamas de la violencia.

 

Entre escasos ejemplos se pueden mencionar a Hidalgo y Querétaro, que pese a su cercanía con Guanajuato no han permitido la entrada de los grupos criminales de aquella incendiada entidad.

 

Y de igual forma se puede mencionar a Puebla. Durante toda su historia reciente el estado gozó de cabal paz social, pero la entrada del morenovallismo abrió las puertas a Facundo Rosas Rosas -lugarteniente de Genaro García Luna-, y al general Eduardo León Trauwitz.

 

En ese momento se desbordó la industria criminal del huachicol y con ella toda una cadena de efectos delictivos: asaltos en carreteras, robos a trenes, narcomenudeo y la delincuencia doméstica que allana y roba viviendas.

 

Todo fue el efecto de la apertura que se le dio a organizaciones criminales y su encubrimiento.

 

Sin la tragedia de Chalchihuapan, Facundo habría concluido el sexenio. Sin las investigaciones sobre León Trauwitz todavía seguirían operando sus redes.

 

Pero sobre todo varios protagonistas de la vida política de Puebla hicieron de jefes criminales sus aliados y con ello les otorgaron una patente de corzo para operar en toda la entidad con protección oficial y completa impunidad.

 

El ejemplo inapelable fue José Christian N alias “El Grillo”, protegido por morenovallistas al igual que por un político de Morena.  

 

Durante 2020 el gobierno de Barbosa Huerta golpeó todo ese entramado delictivo hasta reducirlo a pequeños resquicios. Sin pausa y sin tregua se desbarataron las estructuras criminales que campearon durante un sexenio.

 

Pero fue tan grande el crecimiento del monstruo que la labor aún no termina. Deben pasar otros años en este ritmo de trabajo policial para limpiar la entidad. La cercanía con el Estado de México, Veracruz y Guerrero hacen difícil la labor de depurar el estado.

 

Pero el trabajo de contención es evidente.

 

En Puebla no operan los cárteles que asfixian a Veracruz o Morelos.

 

Los secuestros están en un mínimo histórico; la extorsión o el cobro de piso son prácticamente inexistentes. Son muy pocos los estados que pueden mostrar estos resultados.

 

Empero en la lucha por la seguridad aún hay asignaturas pendientes. La Fiscalía General del Estado debe reforzar los grupos especiales para esclarecer feminicidios, mismos que no se deben al crimen organizado, sino a la descomposición social que flagela al país.

 

Los feminicidas no son capos o sicarios; son novios, ex parejas, esposos de las víctimas. Se trata de la expresión más aberrante de la violencia doméstica. 

 

Aún hay mucho trecho por recorrer. Pero en materia de seguridad, 2020 fue el año que Puebla no se convirtió en uno de sus estados vecinos.

 

Como siempre quedo a sus órdenes en @CupulaPuebla