El acuerdo fue firmado por el presidente el pasado 7 de julio como parte de la prioridad del tema del narcotráfico a partir del aumento del contrabando de droga hacia Estados Unidos, sobre todo del fentanilo, que es principal causa de muerte de consumidores. El acuerdo da prioridad a los intereses estadounidenses y permite tomar decisiones supranacionales que afectan a otros países sin necesidad de llegar a negociaciones específicas con las naciones afectadas.
El modelo de combate al crimen organizado trasnacional fue definido por el progresista Barack Obama en el 2011 con el fin de abrir paso a la comunidad civil y militar de los servicios de inteligencia y seguridad nacional de EE UU en países como México para hacer labores policíacas y de seguridad pública contra cárteles que no sólo se dedican a introducir de manera ilegal droga a territorio estadounidense, sino que por actos de corrupción de funcionarios americanos siete cáteles tienen el control del mercado al menudeo en más de tres mil ciudades de Estados Unidos, de acuerdo con los reportes de la DEA.
El acuerdo Obama-Trump-Biden es una de las formas intervencionistas de la Casa Blanca en otros países para atender problemas que afectan la vida interna estadounidense, aunque sin acciones decisivas dentro EE UU para combatir los delitos asociados al crimen organizado. El Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa de ‘El Chapo’ y los sobrevivientes de Los Zetas constituyen las principales células contrabandistas de droga, su venta al menudeo dentro de EE UU, con apenas un par de operativos internos, para arrestar a vendedores callejeros y no a las dirigencias de las células de estas organizaciones.
El presidente Biden, sin meterse en más problemas, sólo extendió la vigencia de los acuerdos de Obama y de Trump y los hizo propios, centralizando las acciones no sólo en las comunidades de los servicios de inteligencia y seguridad nacional, sino sobre todo en las fuerzas armadas estadounidenses, lo que significa, en lenguaje llano, que la Casa Blanca ‘militarizó’ la lucha contra el crimen organizado fuera de Estados Unidos.
En este contexto deben localizarse las lecturas estratégicas de las visitas a México de la vicepresidenta Kamala Harris en función de jefa de inteligencia y seguridad nacional y de las principales dependencias estadounidenses encargadas de combatir el tráfico de drogas en sus países de origen y no dentro del territorio EE UU. Con base en este acuerdo presidencial centralizado en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el gobierno de Biden tendrá el derecho propio de realizar operativos en otros países sin necesidad de dar explicaciones políticas o diplomáticas.
La decisión del presidente Biden se coloca en México por encima de la estrategia lopezobradorista de construcción de la paz sin perseguir capos ni combatir con la violencia del Estado a los cárteles, aunque acciones estadounidenses que involucren operativos violentos o fuerzas armadas tendrían que pasar por la información al gobierno mexicano.
En este sentido la agenda de crimen organizado quedará atrapada por la pinza estadounidense y mexicana, sin ningún acuerdo de negociación intermedia, lo cual podría llevar, cuando menos en teoría, a que operativos estadounidenses choquen con cuerpos de seguridad mexicanos que tienen órdenes directas presidenciales de no confrontar con violencia ni a balazos a los grupos delictivos, salvo en acciones de respuesta operativa en el campo.
La decisión unilateral de Biden fue producto del fracaso de la misión de la vicepresidenta Harris en México, aunque con el costo de afectar las relaciones bilaterales en materia de seguridad.
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