Entre otras partes del documento que cada país leyó y difundió por su cuenta, y que hubiera tenido mayor impacto en una presentación conjunta con conferencia de prensa, los párrafos segundo y tercero contienen muchas claves de lo que estarían dispuesto cada país a ceder y aquello que quedó en el limbo de los pronunciamientos diplomáticos tradicionales.
El segundo párrafo centraliza el problema del narcotráfico en Estados Unidos y América Latina ―no sólo en México― en la categoría de delincuencia organizada transnacional, enfoque popularizado por el presidente Obama en su estrategia del 2011 y que en los hechos opera como la facultad extraterritorial de EE UU para intervenir en términos de seguridad en cualquier parte del mundo, sobre todo en México y América Latina.
Y aunque hay compromisos de combatirla, de 2006 a 2018 México persiguió con toda la fuerza del Estado a capos y cárteles logrando el descabezamiento de las principales organizaciones, en tanto que estos mismos grupos criminales instruyeron y consolidaron presencia territorial integral dentro de Estados Unidos ante la pasividad que las autoridades locales o con la complicidad de ellas. Ahora, el gobierno de EE UU tiene la obligación de organizar operativos especiales para combatir a los nueve cárteles mexicanos y otras bandas que controlan el tráfico y la compra-venta de drogas dentro del territorio estadounidense. Y asimismo, la Casa Blanca estaría obligada a criminalizar sin objeciones ni recovecos el tráfico y consumo de drogas.
El tercer párrafo asume cuando menos ocho promesas asumidas como tal, lo cual le daría al documento un valor simbólico en tanto no implique obligaciones de Estado. En este sentido, el Entendimiento Bicentenario no fue acuerdo ni convenio ni tratado, y se quedó quizás en un enfoque muy global, en un compromiso holístico, palabra está que se coló al final del segundo párrafo del documento, asumiendo el enfoque holístico como filosofía totalizadora que pudiera derivar en retórica diplomática.
Las ocho promesas comprometen más a Estados Unidos que a México: prevenir la delincuencia entre los jóvenes, mejorar la situación de las cárceles que son sucursales de los cárteles, reducir el tráfico ilícito de armas, enfocar las adicciones como problema de salud pública, crear una ‘cultura de paz’, intercambiar información para atacar el lavado de dinero, centralizar la atención en la corrupción que facilita el narcotráfico y combatir a la delincuencia organizada.
La clave del nuevo entendimiento estará en una nueva fase de cooperación institucional basada en la confianza y no en la desconfianza, lo que exigiría a un replanteamiento de las relaciones bilaterales en seguridad: EE UU estaría obligado a modificar su enfoque imperial del problema en función de sus intereses nacionales, y México tendría que hacer un esfuerzo de construcción general de sus estructuras y reglas de seguridad.
Y no habrá ningún avance real si los dos países no realizan esfuerzos decisivos para combatir la corrupción que explota el poder económico y político del crimen organizado. Ningún grupo delictivo tiene capacidad por sí mismo para nacer, consolidarse, confrontar al Estado y controlar el esquema de seguridad interior si no es con el aval ―consciente o inconsciente― del Estado y de las principales oficinas encargadas de combatirlos. Y este punto vale para los dos países, porque la estructura poderosa del narcotráfico en Estados Unidos sólo pudo haberse creado con el apoyo de funcionarios e instituciones.
De ser cierto el contenido del entendimiento bilateral, desde ya debieron haberse dado los primeros pasos hacia la operatividad de sus compromisos. Pero todo indica que al final operó el viejo esquema mexicano: chocamos, nos peleamos, nos arreglamos y cada uno su golpe.
