En dos textos publicados el 15 y 16 de diciembre de 2014 en El Financiero, a propósito de los primeros 25 años de la privatización de la empresa, Salinas se defendió de las acusaciones del imaginario popular en el sentido de que había sido una privatización amañada y que los dueños eran Carlos & Charlie, refiriéndose a Slim y el propio Salinas.

Aunque el ex presidente culpa a sus sucesores de la falta de decisión para exigirle a Slim el cumplimiento de compromisos de modernización y socialización, en realidad la privatización no amarró las obligaciones originales de vender una empresa para potenciar el desarrollo y no, como ocurrió en realidad, para construir una fortuna familiar.

La queja de Salinas fue directa: el Estado prohijó a Slim como un rico sin compromisos sociales ni de desarrollo.

La principal acusación de Salinas, que contiene elementos suficientes para revertir la concesión y regresar a Teléfonos de México al estado a jugar un papel importante en el desarrollo nacional, fue muy directa: “Telmex es hoy un monopolio privado”; en 2014 dicha concesión controlaba el 80 por ciento del mercado de telefonía fija y el 70 por ciento de la telefonía móvil, pero la clave de su fortaleza se localizó en el control de las conexiones hacia otras empresas telefónicas y ahí Telmex representa un monopolio que bien pudiera caer en las prohibiciones constitucionales.

En 2014, Salinas aceptó que Teléfonos de México era “una empresa ineficiente y abusiva”, y aunque culpó a gobiernos posteriores, en realidad la ineficiencia de Telmex nunca fue cubierta en el título de concesión, tampoco se establecieron condiciones para impedir que derivara en un monopolio privado, y menos aún se fijaron límites para impedir el control de la empresa para una familia.

Los 70 mil millones de dólares de fortuna personal de Slim tuvieron su origen en dicha empresa de telecomunicaciones y de alguna manera habría de muchas formas recuperado lo invertido en 1990. En el mismo enfoque de preponderancia del Estado en energía eléctrica se puede apreciar que el regreso de la concesión telefónica a propiedad del Estado sería vital para construir un nuevo modelo de desarrollo terminando con cuellos de botella que han sido producto de empresas privatizadas que beneficiaron sólo la fortuna personal de una familia.

Los dardos de Salinas en 2014 revelaron las complicidades de Peña Nieto para mantener el imperio Slim. En ese año, el presidente Enrique Peña Nieto reformó la estructura de supervisión del Estado y le quitó al presidente de la República la facultad de decidir concesiones de servicios públicos, y en 2016 el presidente Peña Nieto permitió adelantar la extensión de la concesión de Telmex que se vencía en 2023 en previsión al avance electoral del candidato Andrés Manuel López Obrador, uno de los más severos críticos de la privatización de empresas públicas y por supuesto de la privatización de Telmex.

Las razones para revisar la fase final de extensión por 30 años más el título de concesión que debe decidir el IFT en marzo del 2023 ―aunque con facultades legales del presidente de la República para tomar decisiones ejecutivas en el sentido de permitirla o bloquearla― se localizan en los numerales 6, 8, 9, 10 y 11 del texto de Salinas: Telmex fue privatizada como parte de un proyecto autodenominado de ‘liberalismo social’ y pervertida en el período que el propio Salinas señala como de neoliberalismo, refiriéndose a los gobiernos de los presidentes Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.

Salinas subraya de manera directa que la concesión telefónica abusó de su posición predominante en el mercado durante esos períodos presidenciales; hubo, agrega, repetidas violaciones y abusos que no tuvieron sanciones graves, como regulación asimétrica, ni se exigió separación estructural de funciones o contable a pesar de su condición de dominante.

Y quedan como epitafio del fin de Teléfonos de México-Slim las palabras finales de Salinas:

“El señor Slim resultó un empresario hábil que aprovechó la débil regulación del Estado para establecer la posición preponderante de Telmex”.

La renovación de la concesión telefónica en marzo de 2023 puede extender por 30 años más el poder y la fortuna económica personal de Slim o recuperar para el Estado una pieza clave para la modernización industrial.