Después de la muy controvertida elección de 1988, el régimen, corto de legitimidad, emprendió algunas acciones supuestamente destinadas a la democratización del país, entre ellas, la de sustituir como encargada de organizar las elecciones a la CFE por el IFE/INE: un compromiso de lento cumplimiento que comenzaría con la expedición del COFIPE en 1990 y se materializaría tras sendas Reformas Electorales en 1993, 1994 y finalmente, en 1996, cuando, por fin, se desvincularía legalmente al gobierno de la integración del Consejo General del novedoso organismo... o casi:
Concebida en un Congreso dominado por el PRI –a la sazón, el último de su especie— esta reforma dejaría la puerta abierta para que fuerzas extrañas influyeran en su conformación, lo cual efectivamente, anularía la independencia política concedida en el papel. Desde entonces, la mayoría de los consejeros electorales han sido más o menos cómplices de los grupos de poder en turno. A menudo, los excepcionales Granados Chapa, Ortiz Pinchetti o Ruiz Saldaña han hecho de quijotes en consejos marcados cuando no por la arbitrariedad de los Córdova y los Ugalde, sí por la neutralidad engañosa de los Woldenberg. Traicionando el espíritu de su cargo, pues, muchos de ellos han antepuesto sus intereses personales o políticos a los de los ciudadanos.
La (pen)última muestra de ignominia de los consejeros fue el acuerdo del Consejo General del 17 diciembre pasado mediante el cual, so pretexto de insuficiencia presupuestaria, determinaron con seis votos (y dos cojones) “postergar temporalmente el proceso de revocación de mandato 2021-2022”, un ejercicio que personalmente me parece una mala idea pero cuya realización no puede estar sujeta al humor de unos señores que, por cierto, no se caracterizan precisamente por su sobriedad. Tal decisión vulneraría el derecho que nos atañe como ciudadanos a votar en elecciones libres, auténticas y periódicas según lo establecido en los artículos 35, fracciones I y IX, y 41 constitucionales.
Esta no ha sido la única vez que los consejeros se han pasado disposiciones legales por la (mal) llamada ‘herradura de la democracia’; por supuesto otras tantas han dado cuenta del uso faccioso que hacen de una institución que debería ser la más noble del país. Entre ellas, por ejemplo, la organización de la elección extraordinaria de Puebla o la ilegal posposición de las elecciones en Coahuila e Hidalgo; además, es evidente que un grupo mayoritario de consejeros encabezado por el consejero presidente ha abandonado su obligada imparcialidad y la ha emprendido dolosamente contra un partido en particular, MORENA, tumbándole candidatos injustificadamente, repartiéndole sanciones como larines o, incluso, censurando al moreno presidente de la República.
Derivado de lo anterior, la semana pasada, integrantes del colectivo Doscientos Libres presentamos ante la Secretaría Ejecutiva de la Cámara de Diputados una demanda de juicio político “contra CC. Lorenzo Córdova Vianello, Norma Irene de la Cruz Magaña y otros”. Esto es, la petición para que la Cámara de Diputados solicite al Senado se pronuncie sobre la posibilidad de que las acciones u omisiones de los consejeros hayan perjudicado el interés público en términos de lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos.
Los motivos de juicio político contemplados en dicha ley son estremecedores; no hay prebenda por muy onerosa que sea que valga la vergüenza de pasar a la historia por haber atacado “a las instituciones democráticas”, “a la libertad de sufragio” o, ay, “a la Constitución”.
