Los politólogos tenemos cierta fascinación con los Estados, los definimos, los estudiamos, los analizamos; loros sofisticados, repetimos los dichos de Max Weber --a la sazón, los más aceptados en nuestro pseudogremio--, quien dice de ellos que son “las asociaciones con carácter institucional que dentro de determinado territorio monopolizan la violencia legítima como medio de dominación” (Economía y sociedad, 1922).
A partir de la definición weberiana, cualquiera con mínima comprensión lectora podría identificar que la conditio sine qua non para que los Estados sean exitosos es que sus autoridades conserven tal monopolio. Haciendo un análisis simplista, reflejándonos en el espejo roto de Afganistán o de Somalia, si en México no se cumpliera esta condición, deberíamos considerar también el nuestro como fallido o, al menos, en vías de ser fallido... ¿o no?
No sé desde hace cuánto tiempo los cárteles del narcotráfico disputan al Estado el monopolio de la violencia; lo que sí sé es que este fenómeno se ha recrudecido alarmantemente desde que FeCal inició la llamada Guerra contra el Narcotráfico, en 2006. Entonces, recordemos, el espurio presidente enfundado en un traje de faena dos tallas grande se lanzó a lo borras a los guamazos contra los cárteles; la aventura militar del improvisado comandante en jefe carecía de estrategia, no definía claramente sus objetivos ni contaba con las fuerzas armadas ni con el marco jurídico apropiados para ejecutarse exitosamente.
Los palos de ciego al avispero de los cárteles los sacudieron de tal modo que transformaron su espíritu; igual que a la Hidra de Lerna cada vez que le cortaban una cabeza le brotaban dos más agresivas, el descabezamiento de aquellos condujo a su multiplicación, a su desprofesionalización y, finalmente, en la mayoría de los casos, a su degradación a cuasiguerrillas de propósitos meramente delincuenciales dedicadas ya no al contrabando a gran escala de estupefacientes sino a la extorsión, al secuestro, al robo de combustible y a otros delitos de alto impacto, lo que generó la violencia incontrolable que sangra a nuestro país hasta la fecha.
Uno de los que pocos mandos militares que advirtieron al apaleador sobre las consecuencias catastróficas de madrear de ese modo al monstruo policéfalo fue Tomás Ángeles Dauahare, entonces, subsecretario de Defensa. Recientemente, en el marco del conversatorio organizado por el colectivo Doscientos Libres con motivo del Día de la Lealtad, el general en retiro planteó inadvertidamente una paradoja que contribuye a contestar la duda que nos asaltaba antes: la fragmentación de los cárteles condujo al aumento exponencial de la violencia, sí, pero al mismo tiempo redujo significativamente la capacidad de estos de amenazar al Estado; en tales condiciones, pues, pueden adversarle pero no aspirar a sustituirle.
El gran impacto social de lo que por abreviar llamamos narco es indicio de problemas mayores que comprometen de veras la integridad del Estado, reflexiono, no obstante; la pobreza, la corrupción de las instituciones y, sobre todo, la reclasificación de los valores morales a las que atinadamente se refería el general cuyo ilustre tío da nombre a un aeropuerto son dolencias inveteradas que nos colocan nuevamente en el camino del fracaso.
