Una auténtica negligencia criminal es en la que incurren el alcalde Eduardo Rivera Pérez y la secretaria de Seguridad Ciudadana de la capital, María del Consuelo Cruz Galindo, pues además de intentar ocultar el hecho de que habían retirado todas las cámaras de vigilancia de la ciudad con el pretexto de darles mantenimiento, mintieron y ocultaron la entrega de un contrato de 22 millones de pesos y ahora intentan ocultan que la capital poblana tiene al menos 30 días estando a ciegas en materia de seguridad y los mil 600 equipos de videovigilancia sin operar.
El jueves, ante pregunta expresa de Ricardo Juárez, reportero de CAMBIO, la funcionaria aseguró que ella no había firmado ningún contrato con Atria Solutions. La mentira le duró poco a Cruz Galindo, pues a través de las páginas de este medio se dio a conocer parte del contrato signado desde el 2 de diciembre de 2021 y ¡Oh sorpresa!, en el documento estaba la firma de puño y letra de la titular de la SSC.
De acuerdo a fuentes del propio Ayuntamiento de Puebla, la idea del gobierno de ‘Lalo’ Rivera es entregar el paquete completo del programa de Ventanas Ciudadanas, es decir, otro gran ‘negociazo’ de varios cientos de millones de pesos, pues no sólo será por la conectividad, la operación y el mantenimiento de las videocámaras de vigilancia por lo que resta de la administración, sino que también comprarán nuevos equipos para instalar por todo el municipio. Es decir, reponer las mil 600 existentes y ¿por qué no?, comprar otro tanto para que el contrato sea más jugoso.
¿O a poco cree que es coincidencia que a una empresa sin especialidad en el rubro tecnológico, como lo es Atria Solutions, le hayan entregado un contrato de 22.5 millones de pesos para quitar las videocámaras instaladas desde el gobierno de ‘Tony’ Gali y Luis Bank en la ciudad, bajo el pretexto de darles mantenimiento? Claro que no.
Según las fuentes, el propósito es declarar inservible el sistema de Ventanas Ciudadanas, señalar lo obsoleto que es el equipo y abrir el paso a un nuevo proyecto, que incluye la totalidad del equipo tecnológico.
El proyecto no está del todo mal, qué bueno que inviertan en seguridad, qué bueno que quieran poner nuevos equipos.
Lo grave radica en que para ello la mejor solución que se les ocurrió es quitar todas las videocámaras y dejar sin ojos extras a la Policía Municipal de Puebla, para justificar el contrato millonario que se firmará, incurriendo en una auténtica negligencia criminal en la capital.
¿No hubiera sido más fácil lanzar la licitación respectiva y dejar operando las mil 600 cámaras en tanto no se hiciera el cambio con la nueva empresa?
Los números de la incidencia delictiva en la capital van al alza en enero y febrero, donde se acumulan más de 4 mil 500 delitos y ahora las ejecuciones y los embolsados ya son cosa de todos los días.
La inseguridad se desborda en Puebla y no hay forma de que los elementos de la SSC tengan ese soporte de las cámaras instaladas en diversas colonias, pues seguramente están guardadas en alguna bodega de la corporación municipal, o peor aún, en una bodega de la empresa comercializadora de Xalapa, Veracruz a la que se le asignó un contrato ‘en lo oscurito’.
Mal y de malas tanto el alcalde como la secretaria de Seguridad del municipio, pues toman malas decisiones y su ejecución es pésima. Ya quedaron exhibidos los dos con la presentación del contrato que ‘Lalo’ Rivera negó y que Consuelo Cruz dijo que no había firmado.
Para que ambos se atrevieran a mentir de esa forma es porque seguro detrás hay un muy jugoso contrato, pero lo increíble es que no se apresuren a sacar ya la licitación para operar —y seguramente comprar nuevas— el sistema de videovigilancia de la capital. En serio, los números de delitos no les preocupan a estos personajes.
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El barbosismo entró de lleno a operar la Consulta Popular de Revocación de Mandato comenzando a publicitar en bardas y lonas el proceso para apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador.
El equipo encabezado por Eric Cotoñeto, a través de Jorge Mota, comenzó también el trabajo de conformar al ejército de movilizadores que habrá de operar el próximo 10 de abril.
La tarea será titánica, pues para que se declare válida la votación deben de lograr la participación del 37 por ciento del padrón nominal, lo que significa que deben de llevar a las urnas a más o menos un millón 753 mil 770 poblanos y poblanas.
