Los niveles de inseguridad y violencia en Puebla capital son escandalosos, no hay día en el que no se cometa un asalto, un asesinato o una injusticia que indigne a la ciudadanía. Son tantos los hechos atroces que se olvidan, porque siempre ocurre un feminicidio, un embolsado, un asalto, algo que lacera la tranquilidad de los capitalinos.

 

Los policías municipales no se dan abasto. Son dos mil 200 en toda la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que encabeza la Lic. Consuelo, pero sólo trabajan mil 100 en cada turno, sus jornadas son de 24 por 24 horas.

 

Es decir que cada policía tiene que prevenir y salvaguardar a mil 402 vecinos de la ciudad. Léase bien: un policía para mil cuatrocientos habitantes. Es obvio que no son suficientes.

 

Por si fuera poco, la Lic. Consuelo puso a sus amigas en cuatro de las nueve zonas que se divide la ciudad en términos de seguridad. Es obvio que no cuentan con la experiencia, ni el mando para dar el ancho. Así ha quedado demostrado y las fuentes oficiales lo confirman.

 

Lo peor de la situación viene cuando, además de que no hay policías suficientes ni mandos capaces, las cámaras de videovigilancia para monitorear la ciudad no funcionan.

 

Hasta ayer nos enteramos que en la ciudad sólo operan 148 cámaras de las casi tres mil con las que cuenta la ciudad. El secretario de Administración Bernardo Arrubarrena le ‘echó la culpa’ al gobierno anterior, cuando ya son cinco meses de que ellos entraron. Cinco meses de estar a la suerte.

 

Es así que los ciudadanos en Puebla están en la indefensión. No hay cámaras, no hay policías y no hay mandos.

 

Las pocas cámaras que estaban y que podrían haberse reparado, fueron retiradas y todo indica que serán basura para el actual gobierno municipal panista.

 

“Lastimosamente el programa de Ventanas Ciudadanas obedece mucho más a un programa de participación social que a una estrategia integral de seguridad”, dijo Arrubarrena para justificar, prácticamente, que casi mil 700 cámaras serán tiradas a la basura.

 

Su declaración evidencia que al gobierno de Eduardo Rivera no le importa la participación social, quizá ni la seguridad, sino el negocio de comprar cámaras nuevas y pagar 22.5 millones de pesos para dar mantenimiento a 176 cámaras: 127 mil por cada una, un claro ‘negociazo’.

 

Lastimosamente, diría Arrubarrena, los índices delincuenciales van al alza, principalmente los homicidios, el robo a casa habitación y ni se diga de la desaparición de personas.

 

De la Lic. Consuelo qué decir: el 11 de febrero prometió “poner agentes infiltrados en las unidades del transporte público para que ellos vayan en las unidades y puedan ser más fáciles las detenciones”, y al día de hoy no lo ha hecho.

 

Fue una mera declaración al aire de María del Consuelo Cruz Galindo para intentar inhibir con palabras la delincuencia.

 

Estamos desprotegidos, estamos a la suerte, lastimosamente, diría Arrubarrena.