El esposo de Frida imaginó a la sagrada familia en un ambiente de probetas, serpentinas y tubos de ensayo; dibujó a un pequeño paciente rubio (Jesús), al médico que le vacuna (José) y a la enfermera que le asiste (María), y a un trío científicos (los magos). Completan la obra una vaca y un caballo, animales de los cuales se originó la vacuna contra la viruela. Libre del monstruo moteado, el hijo de Dios solo debería preocuparse del celoso Herodes.
Desde el inicio de la pandemia de coronavirus COVID-19, a principios de 2020, todas las miradas --y las esperanzas-- han estado puestas en el desarrollo de una vacuna como aquella que termine con la penúltima pesadilla global. El comienzo de la distribución de la tan codiciada medicina ha reavivado, empero, la antigua polémica sobre la libertad (de comprarla quienes puedan pagarla) y la igualdad (de condiciones para acceder a ella), colocándonos en un dilema innecesario, al menos, desde el punto de vista del funcionamiento del Estado:
Tradicionalmente, se consideraban asuntos de seguridad nacional solo los relativos a la defensa de la soberanía de los Estados; últimamente, sin embargo, en la medida en la que estos se han vuelto organizaciones más complejas, el concepto se ha ampliado: hoy se consideran de seguridad nacional todos los fenómenos que pudieran poner en riesgo la seguridad de la población, como los tocantes a las migraciones masivas, a la delincuencia organizada, a los desastres naturales o antropogénicos, y especialmente, a la salud.
En lo relativo a la salud, la principal amenaza son las epidemias; una importante, una que se expanda rápidamente, que dificulte la capacidad de brindar asistencia social o merme significativamente la fuerza laboral de los países, o que provoque la pérdida por millares de vidas humanas, lo cual aumentaría la presión social sobre los gobiernos, podría comprometer la estabilidad de los Estados.
Para los gobernantes, entonces, es vital contener las epidemias, lo que se logra mediante campañas de vacunación masivas. El chiste de estas es la eficiencia, que cubran a la mayor parte de la población al menor costo posible. En este sentido, por regla general, es deseable que los Estados y la iniciativa privada se repartan la chamba pero en casos de emergencia tal cooperación es suicida: los Estados sencillamente no pueden renunciar a sus obligaciones fundamentales permitiendo que sea el mercado el que asigne a su caprichoso azar un recurso estratégico… del mismo modo que lo hizo con el alcohol, los cubrebocas, el gel antibacterial, las bombas de oxígeno, los ventiladores mecánicos o el papel higiénico, o con los demás insumos sanitarios que últimamente se cotizan como la última Coca Cola en el desierto, además.
La vacuna contra el COVID-19, en resumen, es un asunto de seguridad nacional; luego, al menos en las primeras etapas de las campañas de vacunación, hasta que se hayan cubierto los grupos poblacionales considerados prioritarios, la rectoría de los Estados debe ser total.
La vacuna contra el microscópico pinche bicho que nos ha puesto en jaque (¿mate?) será universal y gratuita, ¿además de obligatoria? o no será.
