El terremoto del 85 significó el punto de inflexión del sistema político mexicano, el cual ya venía tocado (herido mortalmente) por el anquilosamiento del régimen, por el despilfarro de la riqueza petrolera o por Tlatelolco y Corpus Christi, creándonos la ilusión de que “no podíamos dejarle al gobierno el control sobre los asuntos más importantes de nuestras vidas”, como protestó un periodista mexicano afincado cómodamente en el extranjero.
La pandemia de COVID-19 que, en 2020, golpeó a México, al mundo con la fuerza de mil sismos ha devuelto al Estado al papel central de garante de la seguridad de los ciudadanos perdido entonces. Amenazados de muerte por un microscópico pinche bicho, hemos vuelto a recurrir a él en busca de la que el mercado no puede ofrecernos, “la que no puede depender de los sus efectos desquiciantes” (Borón dixit). Incluso quienes hace unos meses desdeñaban su presencia (“¡Que no se meta el Estado en nuestros asuntos, por favor!”), hoy que peligran sus negocios la invocan desesperadamente (“¡El Estado tiene que tomar medidas!”). (¿Dónde está su mano invisible ahora?).
A diferencia del 85, esta vez, el gobierno no ha rehuido a sus responsabilidades, las intrínsecas que le tocan dentro de la tragedia ¿natural?; esta vez, el presidente no ha dejado en manos de otros la patata caliente. Asumir tales en exclusiva, por supuesto, tiene sus costos, especialmente cuando se entregan malos resultados. Cualquiera, además de un puñado de escandalosas focas aplaudidoras oficiales articuladas en la infame #RedAMLO (#GatellNoEstásSolo, #GatellOrgullloMexicano, #GatellMeRepresenta) reconocerá que la gestión de la crisis ha sido deficiente. El aprendiz de brujo encargado no puede ocultar bajo su ridículo sombrero la magnitud de la tragedia:
México se cuenta entre los países a los que la pandemia ha castigado con mayor rudeza, ocupa los primeros lugares en contagios (~2 millones) y en muertes (~200 mil) en el mundo, y comparte con Yemen, Sudán y Siria, que muy primer mundo no son, el top en tasa de letalidad (¡9 %!) –lo cual, dicho sea de paso, dice mucho sobre el estado que guarda nuestro sistema de salud, arruinado durante los gobiernos neoliberales–.
(No por consuelo de tontos, pero hay que decir que gobernar durante la pandemia es bien, bien complicado; que hay que llamarse Nueva Zelanda para no salir tan raspados, para más o menos sobrellevar una crisis para la que nadie estaba preparado. Algunos, claro, lo estábamos menos que otros).
¿Quién pagará, entonces, la vajilla (china) rota? ¿El oficialismo, acaso, el 6 de junio? ¿Será el COVID-19 a Andrés Manuel López Obrador lo que el terremoto del 85 fue a Miguel de la Madrid? ¿Será el coronavirus un varapalo del que no podrá recuperarse o, al contrario, la durísima prueba de fuego, la necesaria sacudida de los cimientos nacionales que le venga “como anillo al dedo” al proyecto (cuarta) transformador presidencial? (Si a sensaciones nos vamos, me parece que será lo segundo).
Al final de la larga noche pandémica, quien sabe, a lo mejor ya habremos pagado lo suficiente.
