Hasta los años 30, los trabajadores mexicanos tuvieron garantizados sus derechos al aprobarse la Ley Federal del Trabajo.

 

        Antes de eso, la jornada laboral era de 12 horas o más, los trabajadores no contaban con un salario mínimo que les garantizara una vida digna para sus familias, no tenían seguridad social, no había vacaciones pagadas y sus inasistencias, aun por enfermedad, les eran descontadas.

 

         La Ley Federal del Trabajo vino a remediar todas esas injusticias, estableciendo la jornada laboral de ocho horas y un salario mínimo suficiente para garantizar una vida sin angustias a los obreros; a partir de 1945 se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social que ha sido una institución ejemplo para el mundo en lo general, pues brinda servicios médicos y sociales a los trabajadores y a sus familiares; en 1969 se crea el Infonavit, institución que procura que los trabajadores en general tengan una vivienda digna y de entonces a la fecha se han visto beneficiados más de 12 millones de trabajadores con créditos para vivienda.

 

          Todo se inició en el sexenio de Lázaro Cárdenas, siguió con el de Manuel Ávila Camacho y culminó con el Infonavit, con Luis Echeverría.

 

           NO FUE FÁCIL ESTE PROCESO. AL GENERAL CÁRDENAS lo combatió la clase patronal hasta el final de su mandato por haber sido el que envió al Congreso el proyecto de la Ley del Trabajo.

 

            Surgieron dos organizaciones políticas de derecha como el Partido Acción Nacional y la Unión Nacional Sinarquista para oponerse a todas las acciones del Gobierno federal.

 

            Los trabajadores que no tenían derecho de huelga empezaron a emplazar a las empresas que se negaban a cumplir la nueva ley y la oposición acusó al presidente de pretender sustituir la bandera nacional, de los tres colores, por “el trapo rojinegro”, símbolo universal de la huelga.

 

              En Puebla se realizó uno de los primeros actos de “desagravio” a la bandera el 24 de febrero de 1936 y en Guanajuato, Jalisco y otros estados del bajío, los antiguos cristeros hicieron lo propio.

 

             Ya en los años 40, con Manuel Ávila Camacho en el poder, ese día, 24 de febrero, fue oficializado como Día de la Bandera Nacional y aceptado por toda la población, lo que hizo que se olvidara que fue una acción contra el Gobierno federal presidido por Cárdenas para presionar a fin de que se cambiara la Ley Federal del Trabajo.

 

             CON EL NEOLIBERALISMO EN EL PODER, SE DIERON pasos atrás en eso de los derechos de los trabajadores: anualmente se incrementaban los salarios mínimos, en menor porcentaje al de la inflación y así fue decayendo la economía popular, hasta ser totalmente insuficiente para satisfacer la necesidad básica de las familias pobres, que era la alimentación.

 

           La construcción de viviendas para la clase trabajadora empezó a hacerse de mala calidad y en terrenos inadecuados donde se dificultaba dotarlas de los servicios básicos como agua, drenaje y transporte; muchos trabajadores se negaban a habitarlas por los problemas que representaban para sus familias.

 

            Los mismos gobiernos estatales empezaron a abusar de sus empleados: aquí en Puebla fueron despedidos empleados del estado en el primer gobierno panista hasta en número de 10 mil, sin ningún pago por despido injustificado, pese a que muchos tenían 10, 15 y más años de trabajo ininterrumpido.

 

              Fueron varios los empleados que así fueron tratados, que murieron repentinamente por sentirse impotentes para enfrentar la situación que los dejaba prácticamente en la miseria.

 

              Otros decidieron demandar al gobierno el pago de las prestaciones de Ley por despido injustificado, pero la Junta local de Conciliación y Arbitraje en manos del propio gobierno estatal estorbaba sus gestiones y durante el periodo panista no se hizo ningún caso a los despedidos.

 

             La corrupción en la Junta local, en manos de un pariente del señor Blás Chumacero, ya fallecido, dirigente estatal de la CTM hacía tortuguismo y pretendía cobrar una comisión a los abogados laboralistas contratados por los despedidos para su defensa.

 

              Al llegar el actual gobierno de Miguel Barbosa, no sólo se despidió al presidente de la Junta, sino que fue encarcelado, pero ahora resulta que el gobierno estatal no está pagando a los empleados que ya ganaron su caso, porque eso resta recursos para las obras públicas que se pretenden realizar y los asuntos ya ganados quedarán rezagados en el pago correspondiente hasta el próximo gobierno al que se le quiere dejar la carga, según varios de los trabajadores nos dijeron.

 

               Sin embargo ya les renació la esperanza por la federalización de la Junta local de Conciliación y Arbitraje. La Junta estatal de hecho ya ha desaparecido, pero tiene un rezago tan elevado de asuntos que no han sido atendidos, dicen que más de 30 mil, que se le ha dado un año para que los desahogue.

 

             Pero si esa junta estatal ha sido incapaz para ir solucionando todos los asuntos puestos a su consideración en tantos años, ¿usted cree que lo podrá hacer en un año? Por lo pronto, los empleados del gobierno local despedidos en el gobierno de Moreno Valle Rosas, ya fallecido, se están amparando ante las autoridades federales para que se obligue a las autoridades estatales a cubrir el importe de su liquidación, además es lo justo.

 

             Nos informan que entre los trabajadores que han demandado el pago por despido injustificado, no sólo hay ex empleados del estado, sino también de varios municipios de la entidad donde todavía se cometen muchas injusticias.