Hace algunas décadas el peligro para los gobiernos de países subdesarrollados eran los golpes de estado que daban los ejércitos de esos países, cuyos oficiales y altos mandos no eran precisamente profesionales o habían sido preparados en los Estados Unidos, el país que actuaba como dueño del continente Americano.

 

           Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Colombia, Bolivia, en Sudamérica y otros en Centroamérica, hasta hace poco vivían con ese constante peligro.

 

          Esta costumbre se fue aminorando a medida que los ejércitos latinoamericanos se fueron institucionalizando, derivado esto de su profesionalización.

 

           EN MÉXICO SE CREÓ, DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN un cuerpo especial del Ejército, controlado exclusivamente por el presidente de la república y encargado de cuidar y proteger al mandatario de cualquier movimiento interno destinado a deponerlo. A ese cuerpo especial se le dio el nombre de Estado Mayor Presidencial, con soldados de elevada estatura y entrenamiento especial y con una mayor capacidad de fuego de la que tenían las fuerzas armadas normales.

 

            Todos los analistas de la Revolución de 1910 han considerado como un gran error de don Francisco I. Madero el no haber disuelto al ejército porfirista e institucionalizar a las fuerzas revolucionarias de Francisco Villa y de Emiliano Zapata, como el ejército encargado de proteger y velar por la seguridad de los gobiernos revolucionarios y por la soberanía del país.

 

             Pasó lo que pasó con Madero, pero ya no volvió a ocurrir. Hubo rivalidades entre los altos mandos de las fuerzas revolucionarias: entre Obregón, Carranza, Calles, Cárdenas, etc., pero no se dio ningún golpe de estado, sobre todo después de la creación del Estado Mayor Presidencial.

 

           CUANDO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR LLEGÓ al poder, las fuerzas armadas ya estaban institucionalizadas y con una clara visión de lo que representaban para el país y de lo que se esperaba de ellas. Ya habían pasado varias décadas en las que el país había sido gobernado por civiles. El último gobernante militar fue el poblano Manuel Ávila Camacho, que tuvo un hermano menor, Maximino, que fue gobernador de Puebla y que utilizó un sistema autoritario y violento de gobernar y que además aspiraba a suceder a su hermano en la presidencia, algo que el prudente Manuel no permitió porque sabía que Maximino era “un peligro para México”, como lo demostró cuando llegó a la secretaría de Comunicaciones y Transportes; de improviso corrió al titular y llamó al palacio nacional, directamente al presidente a quien le dijo: “Manuel, te comunico que acabo de tomar posesión como Secretario de Comunicaciones y Transportes” y colgó.

 

         Don Maximino, como le decían en Puebla, era enemigo acérrimo de Miguel Alemán Valdez porque lo veía como un peligro para sus aspiraciones, pero no pudo hacer nada contra el veracruzano. Murió de un infarto fulminante cuando asistía a una comida en su honor, en la ciudad de Atlixco.

 

                    EN 2018, CUANDO TRIUNFÓ AMLO CON MAS DE 30 millones de votos, el Instituto Federal Electoral tuvo que aceptar su victoria porque no se podía implementar el fraude como se hizo en 2006, con la ayuda de la líder del SNTE, Elba Esther Gordillo, que hizo triunfar a Felipe Calderón con menos de un punto porcentual de la votación, un margen tan reducido que no ha habido nada igual en la historia nacional.

 

           El peligro pues, para un gobierno legalmente establecido ya no eran los militares que durante varios sexenios habían dado muestras de su lealtad al Presidente, de su lealtad a las instituciones nacionales, el peligro se llamaba Instituto Nacional Electoral, cuyos integrantes no eran designados por el pueblo, sino por los partidos políticos; que tenía un altísimo presupuesto por lo que se dice que las elecciones en México son las más caras del mundo.

 

       Los sueldos de sus funcionarios y consejeros son sumamente elevados; sus gastos elevadísimos y su comportamiento deshonesto como se comprobó en las elecciones de Puebla para elegir al gobernador del estado, con la esposa de Rafael Moreno Valle Rosas como candidata del PAN, a quien se hizo triunfar pese a las evidencias demostradas con videos, del desorden en que estaban las urnas con la votación emitida, que fueron almacenadas sin ton ni son en una bodega, que no estuvo debidamente vigilada y que se demostró que habían sido manoseadas durante el tiempo de su almacenamiento.

 

          Los morenistas lucharon por la anulación de esa elección por la serie de anomalías comprobadas, pero la magistrada Otálora, (parece que ese era su apellido) lo decidió todo en un segundo. La elección fue validada a favor de la señora que fue gobernadora y que ejerció el cargo unos meses, pues como se sabe falleció junto con su esposo, en un accidente aéreo.

 

         BUENO, PUES YA CON ESAS EXPERIENCIAS, EL PELIGRO de golpe de Estado en México ya no sería del Ejército que es institucional, muy profesional y disciplinado, sino el INE. El organismo electoral sí puede dar un golpe de estado porque obedece consignas de los políticos que han llenado de privilegios a los integrantes.

 

          Lo que comentamos se ha venido demostrando en los últimos meses: altaneros, soberbios y autoritarios, los funcionarios de ese órgano electoral se han estado enfrentando hasta al presidente y se asumen como la autoridad máxima de este país.

 

          El INE debe seguir siendo autónomo, pero sus integrantes deben ser electos por el pueblo y no designados por los partidos políticos.

 

          Su proceder debe tener también vigilancia, lo mismo que la utilización de los recursos que se le asignan. La disolución del Estado Mayor que ordenó desde su llegada al poder López Obrador, no provocó ningún problema. Los jefes militares entendieron que ya no era necesaria. Pero sí es necesario el acotamiento del INE, que ha abusado de los recursos públicos y de su autonomía y cuyos directivos creen que su autoridad es incuestionable y que son los garantes de la democracia mexicana. Sin ellos, eso piensan, este país se desmoronará y sus aliados, entre los que están Vicente Fox, no lo creen, pero eso pregonan, como dijera el español: “Nomás por joder”.

 

          LA MANIFESTACION DE PROTESTA POR LA INSEGURIDAD, en tiempos de Fox, la organizó y orquestó en mismo presidente de entonces, para presionar al jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, pero se le escapó el control a sus gentes y fue más bien contra Fox.

 

         Se dice que asistieron medio millón de personas; en esta ocasión, el día 13 de este mes, debe superar esa cantidad, pues aquella fue en 2004 y ahora en 2022 los de la derecha deben tener más partidarios ¿o no?