El sector empresarial de Puebla se encuentra en nocaut porque, en apenas un par de semanas, el gobierno estatal le asestó dos golpes seguidos. Uno-dos. Barbosa primero pegó en los riñones y luego en la quijada: la UDLAP y el Consejo Coordinador Empresarial se fueron a la lona.
Fue una guerra silenciosa y rápida. Pero la lectura más importante es que nadie metió las manos por ellos, lo que revela que esa clase empresarial carece de vínculos sociales, políticos y mediáticos efectivos. No tienen bases de apoyo.
Aunque los Jenkins y Luis Ernesto Derbez tratan de inflar el escándalo del patronato de la Universidad, les falta levadura porque no levanta ni en las calles ni en las redes sociales. Su marcha del sábado apenas congregó a 150 estudiantes, docentes y trabajadores administrativos. Un fracaso total pero natural por tratarse de una universidad despolitizada.
Y en los medios de comunicación resulta más interesante la intervención del Fiscal General Alejandro Gertz que la de Barbosa a través de la Junta de Cuidado de las Instituciones de Asistencia Social por el antecedente de la disputa de la marca UDLA con la familia Jenkins. Al gobernador nadie lo voltea a ver porque saben que no es su disputa.
Incluso Luis Ernesto Derbez y los Jenkins amenazaron con un proceso bajo las reglas del TLCAN, ignorando que este tratado ya no existe y fue sustituido por el T-MEC. Resulta exacto el adjetivo que Jorge G Castañeda utiliza siempre que se refiere a su antecesor en la cancillería: es un estúpido.
Los integrantes del CCE, que no necesariamente son empresarios, sino vividores del membrete, apenas se organizaban en torno a Derbez cuando les llegó su propio golpe: el gobierno barbosista les quitó el terreno de 6 mil metros en la reserva Atlixcáyotl por incumplimiento en las condiciones de donación onerosa del predio: plazo para construir y hecho ilícito de transmitirlo para hacer negocios.
El golpe es terrible, no por el valor del predio que puede superar los 200 millones de pesos, sino por el lío jurídico que se aventarán con los inversionistas que le compraron a Fito Hernández y a Blue Icon espacio en Torre M, pues el CCE entregó el terreno en comodato y ahora no hay predio sobre el que construir.
Barbosa siempre se negó a una reunión con esa clase vividora del CCE, que ni son ricos, ni son empresarios ni le aportan a Puebla porque carecen de voz legítima en la sociedad. La narrativa del gobierno barbosista es perfecta porque los incumplimientos son visibles.
La realidad es que la clase empresarial está dispersa y sin liderazgo, pues ni Ignacio Alarcón ni Fernando Treviño representan algo entre los verdaderos ricos de Puebla que sí tienen interlocución con el poder.
Taico Alarcón es rico por herencia y Treviño es un abogado con especialidad en comercio internacional. Pero en materia de empleo no representan nada, ni en inversiones, por lo que el gobierno de Barbosa decidió darles el trato de “Don Nadie” a contrasentido de lo que hicieron Moreno Valle y Gali. Ellos sí negociaron.
La crisis de los membretes empresariales, evidenciado en la crisis de la UDLAP y el CCE, revela el estado de debilidad de instituciones que se tornaron en apolíticas y que, en los últimos 20 años, se dedicaron a negociar con el poder: a Melquiades le sacaron el terreno, a Marín el fideicomiso del ISN, a Moreno Valle le renegociación del terreno para armar el negocio con Blue Icon, y a Gali que les devolviera el uno por ciento del ISN.
Pero con Barbosa no hubo negociación porque este no quiso. Ahora los tiene en el suelo, sin que nadie llore por los ricos de Puebla. Ni Moreno Valle se imaginó este escenario soñado de gobernar sin una clase empresarial ruidosa y derrotada.
Pero tiene lógica: hace años que la UDLAP se convirtió en una institución despolitizada y el CCE en un club de amigos con la única ideología de hacer negocios con el poder.
¿Podrá salvarlos Lalo Rivera de cara al 2024? Parece el único interesado en mantener la interlocución y darles un lugar en la mesa del poder. Pero ya se verá qué tanto valen después de esta crisis.
