Aquí y en China, el homicidio de tres agentes ministeriales es un hecho gravísimo. Y si a eso se le añade la acusación de que esos homicidios fueron perpetrados por un secretario de Seguridad Pública, se eleva a nivel de escándalo.

 

Pero si a las pocas horas, el titular de la Fiscalía refiere que se trató de una ejecución, postura ratificada por el gobernador en el homenaje a los policías caídos, la bola de nieve ya es imparable.

 

Y claro, como si no fuera suficiente, el ingrediente trágico de policías matando policías, el factor político de que Tecamachalco es gobernado por el hijo de un político poderoso a nivel nacional y aspirante a la gubernatura, en abierta desavenencia con el gobernador del Estado, hace de todo esto un cóctel explosivo.

 

Ante todo, los hechos tienen que mandar.

 

Los policías ministeriales, que tripulaban la Jeep Patriot gris en la que fueron abatidos, eran bien conocidos en Tecamachalco y tenían fama de prepotentes. Realizaban cateos e investigaciones sin mostrar órdenes de un juez, hostigaban a ciudadanos. Todo muy normal para el violento corazón del Triángulo Rojo.

 

Alejandro Santizo llegó al cargo hace apenas un mes, pero no tenía buena fama por su vínculo con Facundo Rosas. La leyenda urbana los liga con el huachicol.

 

Facundo Rosas recomendó a Santizo para que fuera el titular de Ssptm, con el edil ‘Tony’ Gali, y permaneció en ese puesto hasta que Luis Banck le dio las gracias, en medio de una ola de asaltos violentos en el transporte público en 2017.

 

Santizo se fue a dirigir Tecnopro, una empresa de seguridad privada, y su regreso a la vida pública se dio el 15 de octubre de 2021 del lado de Ignacio Mier Bañuelos. Durante el primer de esa alcaldía, informaron que disminuyeron los hechos delictivos en relación al último mes de Marisol Cruz.

 

Pero la noche del viernes los demonios se soltaron.

 

El único video que ha trascendido revela que la Jeep Patriot gris ya venía siendo perseguida por una patrulla de la Policía Municipal. Se habla de una persecución que venía desde la federal, e inexplicablemente, los perseguidos decidieron meterse a las estrechas calles del Centro.

 

Los reportes en redes sociales de los vecinos de la zona hablan de cruce de disparos en toda la persecución, aunque el Fiscal Higuera señala que los agentes nunca dispararon.

 

Con el mismo video se escucha el tiroteo segundos después de que la patrulla municipal da la vuelta.

 

Santizo tiró a matar con la precisión de un campeón de tiro.

 

Entre él y su ayudante se llevaron a tres ministeriales, y dejaron herido a otro. Los tiradores no se llevaron ni un rasguño.

 

Por eso el fiscal y el gobernador hablan de una ejecución, pero el edil Mier alegó una confusión, que nunca se identificaron ni iban en patrulla rotulada.

 

Queda claro que Santizo y su escolta tiraron a matar, no a contener.

 

¿Por qué?

 

¿Hubo exceso de uso de la fuerza?

 

¿Legítima defensa?

 

Y aquí lo fundamental: si Santizo tiró a matar, sabiendo que eran ministeriales, ¿por qué no se dio a la fuga y, en vez de eso, se entregó voluntariamente? Se sentó a esperar a que llegara el destacamento de FGE.

 

La verdad legal, de momento, la tiene la Fiscalía y ya se verá si Santizo tiene los elementos para demostrar que actuó para protegerse, cumpliendo su deber de resguardar a la población.

 

Pero el fiscal ya dictó sentencia sin esperar qué dice un juez local, y luego, un federal.

 

Tiene que averiguarse si los ministeriales cumplieron del protocolo de pedir ayuda al municipio, si es que estaban en una persecución conforme a un mandato judicial u operaron con su natural prepotencia, bien conocida en la zona.

 

Esto va a terminar en tribunales federales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, instancias nacionales.

 

Desde el caso Cacho, y antes, ya se sabe que los poderes públicos confabulan para lastimar.

 

Marín terminó en la cárcel por eso y el jefe de la ministerial sigue prófugo.

 

Esto es un escándalo digno de que policías maten a policías.

 

Y de que dos políticos poderosos se enfrenten.