El diario REFORMA, tomando los testimonios de pobladores de Tecamachalco, contradice la versión impuesta por la Fiscalía y el gobernador, al calor del multihomicidio de los ministeriales: previo a la tragedia hubo una persecución por las principales calles del municipio, la Jeep Patriot gris detrás de un Chevy o Clío rojo, a los que luego se sumaron una o dos patrullas municipales.

 

También una llamada al 911 denunciando un intento de ‘levantón’ de los tripulantes de ese coche rojo.

 

O sea, hay un contexto que fue ignorado por la Fiscalía en su juicio sumario y contundente.

 

Así lo reportan los medios locales como Tecamachalco Noticias, que incluso recrearon el recorrido de la persecución por esas calles hasta llegar al Centro, donde ocurrió el trágico hecho. También publicaron los comentarios de grupos vecinales en WhatsApp que alertan sobre los disparos.

 

Pero el Fiscal Higuera Bernal se ahorró ese contexto: la acción policiaca de una persecución, reportes al 911 de los pobladores, e incluso algún herido y un coche dañado.

 

Cuando hablan de ejecución uno imagina que Santizo entró a un restaurante donde comían, los sometió y luego les dio ‘el tiro de gracia’.

 

Pero eso está muy lejano de la realidad.

 

 

Todo indica que Santizo estaba, al igual que los ministeriales, cumpliendo su deber. Que había reportes de violencia en la ciudad o de un intento de levantón, y dirigieron a los del Chevy Rojo al centro de la ciudad, donde se ubica la comandancia.

 

¿A eso se refería el alcalde Mier cuando habló de una “confusión” provocada por la falta de coordinación?

 

Jurídicamente esto abre nuevas posibilidades que expliquen el multihomicidio: la de una acción policiaca, quizá mal resuelta o con exceso de uso de la fuerza, pero no de ejecución.

 

Si Santizo se sintió en peligro podrá alegar legítima defensa.

 

Con la precisión de sus tiros, destinados a matar y no a contener, se puede configurar el exceso en el uso de la fuerza, pero no homicidio calificado.

 

Las dudas razonables comienzan a nacer y con una Comisión Nacional de Derechos Humanos tan activa no se sabe en qué puedan terminar.

 

Recuerden que la CNDH fue la que tumbó la versión de la ‘teoría del cohetón’ del miserable Víctor Carrancá, que pasó a la historia local como un vulgar Chapa Bezanilla.

 

La Fiscalía de Puebla así quiso voltear a que fueron los propios pobladores de Chalchihuapan quienes mataron al niño Tehuatle.

 

Pero no: fueron los policías que dispararon latas de gas lacrimógeno en mal estado.

 

A veces, las fiscalías pueden justificar atrocidades.

 

Lo vimos en ese caso de Chalchihuapan y hasta en el de Lydia Cacho.

 

Ambos terminaron muy mal para las autoridades que complotaron contra ciudadanos.

 

Dudo mucho que el fiscal Higuera Bernal quiera terminar así.

 

Hay que atender las dudas razonables.

 

Porque esas dudas luego las terminan atendiendo la CDNH o los tribunales federales.

 

Ni que Puebla fuera una isla.

 

Ya vieron que no.