Tras anunciar la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción, Pedro Castillo fue destituido como presidente de Perú por “incapacidad moral”, está detenido y podría enfrentar hasta 20 años de prisión.
El Ministerio Público peruano informó que la Junta de Fiscales Supremos había dispuesto tomar “acciones legales frente al quebrantamiento del orden constitucional”.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, afirmó que “ninguna autoridad puede ponerse por encima de la Constitución” y que como órgano constitucional autónomo con mandato de persecución del delito, el Ministerio Público adoptaría las acciones legales.
El ex presidente fue detenido “en flagrancia” y llevado a la oficina del jefe de la Región Policial de Lima, donde estuvo acompañado por Aníbal Torres, reconvertido ahora en su defensor legal. Bajo esa condición, Castillo puede permanecer por 48 horas, de acuerdo con abogados penalistas.
Por la noche y en medio de un amplio despliegue policial, Pedro Castillo fue trasladado al complejo policial de Los Cibeles, en el Rímac, y luego a la Diroes a bordo de un helicóptero, de acuerdo con el diario peruano El Comercio.
El Ministerio Público detalló que la detención de Castillo fue por la presunta comisión del delito de rebelión y que la fiscal Benavides dirigió la diligencia del arresto de Castillo.
Este ilícito (rebelión), un tipo de delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, se aplica a quien “se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional”. Se sanciona con pena de entre 10 y 20 años de cárcel.
Alternativamente, la investigación es por la presunta comisión del delito de conspiración. Allí se sanciona a quien “toma parte en una conspiración de dos o más personas para cometer delitos de rebelión, sedición o motín” con una pena no mayor de “la mitad del máximo de la señalada para el delito que se trataba de perpetrar”.
Es decir, si la pena máxima por rebelión es de 20 años, la pena máxima por conspiración para rebelión es de 10 años.
En tanto, la Procuraduría General del Estado comunicó que su titular, Daniel Soria, había presentado una denuncia contra “el ciudadano Pedro Castillo”. La denuncia es por la presunta comisión de los delitos de sedición, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Futuro complicado
Penalistas consultados por El Comercio coincidieron en que la situación legal del exmandatario peruano es complicada.
Por un lado, estimaron que lo más probable es que la Fiscalía solicite una detención preliminar contra Castillo, con la que podría seguir arrestado por 10 días. Incluso no descartaron que se le pida una prisión preventiva, ya que la rebelión no es un delito de función sino uno común.
Por otro lado, indicaron que ahora que ya no es presidente, la denuncia constitucional que presentó Benavides contra Castillo en octubre puede avanzar liberada de la protección de la Constitución.
A este panorama se suman las renuncias de dos de sus abogados: el penalista Benji Espinoza y el constitucionalista José Palomino Manchego. Ambos citaron el quiebre el orden constitucional anunciado por su ahora ex defendido como los motivos de sus renuncias.
El abogado penalista Andy Carrión remarcó que la apertura de una investigación al ex presidente por el delito de rebelión implica una imputación por suprimir o modificar el régimen constitucional.
Con información de El Universal
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Redacción Diario CAMBIO
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