Miercoles, 20 de Octubre del 2021

Van por diez 'amigos' de Inés Gómez Mont y su esposo; giran orden de aprehensión

Martes, 28 Septiembre 2021 13:03
Van por diez 'amigos' de Inés Gómez Mont y su esposo; giran orden de aprehensión

Entre las nuevas órdenes de aprehensión destaca la del ex comisionado del OADPRS, Eduardo Guerrero Durán, así como de otros 9 funcionarios involucrados en la adquisición de diversos contratos para equipar penales federales.    

Redacción Diario Cambio

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Un juez ordenó la aprehensión del ex comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), Eduardo Guerrero Durán, así como de nueve personas más, quienes estarían ligados al desvío de más de 3 mil millones de pesos del que son acusados Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont.


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De acuerdo a la nota publicada por Milenio, los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) les imputa son delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.


El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, indicó que los ex servidores públicos presuntamente implicados son Jorge Arnaldo Nava López, ex director general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS, y Jesús Gabriel Pérez, ex director general de Desarrollo Tecnológico.


Asimismo, Emmanuel Castillo Ruiz, ex responsable de la Coordinación General de Centros Federales del OADPRS; Héctor Oswaldo Zorrilla y Yareli Eunice Delgado.


Asimismo se ordenó la orden de aprehensión contra Paulo Uribe Arriaga, ex director General de Administración, así como de José Reyes Orta Sierra, Armando Romero López y Ricardo Cortés Contreras.


Eduardo Guerrero Durán, es el ex funcionario federal de mayor jerarquía que es buscado, y quien en su momento también fue el responsable de los centros penitenciarios del gobierno del estado de Chihuahua, y quien además deberá enfrentar cargos por peculado.


Según los funcionarios, la FGR presume que a través de empresas factureras bajo el control de Álvarez Puga se desviaron los 3 mil millones de pesos, tras la adquisición de diversos contratos para equipar los diversos penales federales.


Con información de Milenio

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