Los partidos políticos que realicen actos de discriminación en contra de minorías, como negar el acceso a candidaturas de elección popular, así como evitar que se integren a sus órganos se considerarán como delitos electorales y obtendrán sanciones correspondientes a la materia, así se estipula en una iniciativa presentada en el diputado Carlos Evangelista Aniceto.
En la última sesión del Pleno del Congreso local, el legislador por Morena presentó la iniciativa busca garantizar la libre expresión de las personas que se incluyen en los grupos históricamente discriminados, como los son los de los grupos LGBT, los pueblos indígenas o de pueblos originarios, así como los que sufren algún tipo de discapacidad.
“La erradicación de cualquier tipo de discriminación de personas con algún tipo de discapacidad, adultas mayores, pertenecientes a los pueblos originarios o de la diversidad sexual y de género, y garantizarán la participación efectiva y la postulación paritaria, igualitaria e incluyente en la integración de los órganos del partido, así como de la postilación de todas las candidaturas a cargos de elección popular”, dice la propuesta del morenista.
En este sentido, en el plano político, se trata de que los partidos no incurran en actos de rechazo, discriminación o negar el derecho de las personas de grupos marginados a participar de la vida política, ya sea integrando alguno de los órganos del partido que sea, así como que se le niegue ser representante popular, pues en caso contrario se le juzgará como participando de un delito electoral.
“En caso de incumplimiento a estas disposiciones, los partidos políticos serán acreedores a las sanciones que establezcan las leyes aplicables en la materia, toda vez que, cualquier acción que fomente o perpetúe la discriminación será considerada como un delito electoral”, se lee en la iniciativa.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales estipula que los delitos electorales consisten en acciones que atentan con el libre desarrollo de la emisión de votos en una contienda electoral en el país, por lo que cualquier persona, funcionarios electorales, funcionarios partidistas, precandidatos, candidatos, servidores públicos, organizadores de campañas y ministros de culto religioso.
Respecto a las sanciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales se dividen en la persona y el acto delictivo que cometió. Ya sea si fue funcionario o persona común, sin alterar el Registro Federal de Electores, el Padrón Electoral o Listado de Electores. Hay sanciones que van de 3 a 7 años de prisión, de 2 a 9 años y de 5 a 15 años de prisión por, por ejemplo, recibir aportaciones de dinero a favor de un candidato.
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Daniel Sandoval
@ODanielSandoval