Las autoridades municipales que contraten a elementos de seguridad que no estén certificados serán sancionados hasta con siete años de cárcel, misma pena que se aplicará a los elementos que acepten los empleos sin cumplir los requisitos, según una iniciativa enviada por el gobernador Miguel Barbosa al Congreso del Estado.
La reforma fue presentada en la sesión ordinaria que se realizó este jueves, siendo turnada a las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y la de Asuntos Municipales, para que se pueda hacer su análisis correspondiente.
Entre las modificaciones que se plantea se encuentran cambios en Ley Orgánica Municipal, al adicionar un párrafo en el artículo 209, con lo cual se obliga a que los integrantes de los cuerpos de seguridad tengan certificación y el registro que corresponda a la materia.
Respecto a las modificaciones del Código Penal, se señala que se impondrá cárcel de tres meses a siete años para aquellas personas que acepten empleos, cargos o comisiones en instituciones de seguridad pública y que no tengan el Certificado Único Policial o el registro vigente que solicita la Ley de Seguridad Pública.
Otro escenario en donde también se aplicarán las penas es cuando una autoridad contrate, proponga, nombre o designe a una persona para que realice tareas de seguridad sin que tenga la documentación necesaria para ello.
Las omisiones para separar del cargo a aquellos trabajadores que no tengan el Certificado Único Policial o el registro actualizado, son otro motivo para que se proceda con la ejecución de las multas.
Adicionalmente, también se pretende que se puedan dar multas de 96.22 pesos hasta los nueve mil 622 pesos.
Cabe recordar que esta medida tiene como antecedente el caso de Juan Carlos N., un policía municipal de Chignahuapan que fue ejecutado a principios de noviembre y que tenía una orden de aprehensión en su contra por homicidio.
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David Meléndez
@dav_ms6