La propuesta del gobernador Miguel Barbosa para sancionar hasta con siete años de cárcel a personas que acepten cargos de seguridad pública sin tener los documentos necesarios y a las autoridades que lo permitan, avanzó en el Congreso del Estado, después de que las Comisiones de Procuración y Administración de Justicia y Asuntos Municipales la aprobó.
En sesión de los órganos legislativos se presentaron las propuestas que buscan hacer cambios tanto en la Ley Orgánica Municipal como en el Código Penal, a fin de mejorar la contratación de policías por parte de los Ayuntamientos.
El dictamen fue avalado con 10 votos a favor y dos abstenciones, las cuales fueron por parte de las panistas Mónica Rodríguez Della Vecchia y Karla Rodríguez, quienes refirieron que existían inconsistencias en el mismo.
Con la aprobación en comisiones se acordó que en la Ley Orgánica Municipal se añadirá la obligatoriedad de que todo el personal que trabaja en instituciones de seguridad pública cuente con el Certificado Único Policial.
Asimismo, se pretende establecer sanciones que van de tres meses a siete años para aquellas personas que no cuenten con el Certificado Único Policial y el registro correspondiente y aun así aceptan un empleo en materia de seguridad pública.
De igual manera se busca tipificar como abuso de autoridad el hecho de que una autoridad municipal realice la contratación de personal de seguridad pública que no cuente con la documentación antes mencionada.
Además de que también será considerado como delito ser omiso en la destitución de aquellos elementos que tampoco cuenten con la certificación y los registros necesarios para desempeñar sus cargos en dicha área.
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David Meléndez
@dav_ms6