La negación o restricción de derechos laborales para mujeres embarazadas por parte de servidores públicos pretende ser sancionada hasta con seis años de cárcel, según una iniciativa presentada en el Congreso del Estado.
La propuesta fue presentada por la morenista Guadalupe Yamak, contemplando modificaciones a diversas leyes para evitar la discriminación de mujeres embarazadas en sus centros de trabajo, al indicar que, en los últimos cinco años, se han registrado 96 mil 65 víctimas.
Entre las reformas presentadas se destaca una al artículo 357 del Código Penal, al agregar como agravante de discriminación la condición de embarazo en una fémina.
Actualmente la restricción de derechos laborales se sanciona con uno a tres años de cárcel, sin embargo, se propone que, para los casos antes mencionados, la pena se aumente en una mitad, por lo que esta podría llegar a los seis años.
La propuesta se encuentra en análisis de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, así como de la Comisión de Igualdad de Género.
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David Meléndez
@dav_ms6