El Gobierno de Puebla renovó el decreto por el cual asumirá el control de la Seguridad pública municipal y de sus cuerpos policiales, así como en las juntas Auxiliares que contemplan a la capital, por ello deberán acatar las órdenes que el mandatario o en su caso las del titular de la Seguridad estatal.
A través del Periódico Oficial del Estado, el pasado 24 de marzo, el ejecutivo publicó por segunda ocasión el documento por el cual se asumirá el control de la Seguridad, esto debido a los malos resultados que ha entregado la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco en esta materia.
En este sentido dentro de los acuerdo de este decreto establece que los cuerpos de Seguridad Pública del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, acatarán las órdenes que el Gobernador Constitucional les trasmita, por sí o por conducto de quien designe.
Del mismo modo incluye todo el territorio del Municipio de Puebla, así como sus Juntas Auxiliares, esto pues se establece que el contexto de inseguridad en las zonas de los mercados municipales ha emigrado a verdaderas organización delincuenciales.
Los cuales se dedican a la venta de drogas, cobro de piso a comerciantes y ambulantes, prostitución, robos, venta de productos robados, pornografía, entre otros ilícitos, afectando la actividad económica de la capital.
Aunado a esto se detalla que la presencia del crimen organizado en la entidad es un hecho público y notorio, reflejo de ello las ejecuciones, abandono de cuerpos, feminicidios y lo que señala como un aumento inusual en el robo de automóviles con violencia.
El decreto refiere que en la capital se ha detectado la presencia de grandes grupos de la criminalidad organizada, como los remanentes del Cártel de los Zetas y la Familia Michoacana, llevan operando por años en el Estado, del mismo modo remanentes del Cártel de Los Beltrán Leyva y del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Cabe recordar que en marzo del 2020, fue publicado el primer decreto similar a este, aunque se generó una polémica ya que la alcaldesa se negó a aceptar el resto que ya tenía con el gobernador Miguel Barbosa Huerta, posteriormente la SCJN fallo a favor del Ayuntamiento.
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Iván Reyes
@_ivan_reyes