El Gobierno federal busca cambiar la política de comunicación social respecto a la seguridad y la justicia, de manera que se dejen de hacer presentaciones de detenidos en vivo, y se elimine la práctica de referirse a ellos con sus alias o con adjetivos que puedan vulnerar sus derechos humanos.
Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ileana García, coordinadora de políticas públicas de derechos humanos de la Procuraduría General de la República, explicó que se están trabajando nuevos lineamientos para el trato que se les da a los detenidos.
"Estas definiciones preliminares tienen entre otras características, que para referirse a los detenidos ya no se utilizarán alias, ni nombres de bandas, ni otros códigos, ni lenguajes propios de la delincuencia organizada, ni se utilizarán conceptos adjetivos que generen la percepción de que los detenidos forman parte de una élite social cuya actividad sea encomiable y también con el objetivo de que no se estén violentando sus derechos", indicó.
En caso de una detención, dijo que sólo se permitirá tomar video del traslado del vehículo al centro de reclusión y no se permitirán imágenes en video de su presentación.
"Se presentará sólo una imagen limpia de preferencia de día, o que cuente con la iluminación adecuada", señaló.
Afirmó que quienes realicen la detención no podrán mostrarse cubiertos de la cara y su rostro será protegido a través de mostrar una difuminarían de cara borrosa, y no podrán presentarse con armas largas ni chalecos de protección y cascos, sólo podrán portar sus uniformes ordinarios, y las imágenes deberán mostrar que el detenido es tratado con respeto.
Antes, los peticionarios cuestionaron la práctica del Estado mexicano sobre la presentación de detenidos en medios de comunicación.
Luis González Plascencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuestionó que la práctica de exhibir detenidos se haya intensificado en la Ciudad, impactando las vidas de los detenidos que muchas veces son absueltos, y no pueden, por ejemplo, conseguir un empleo porque se han dado a conocer sus datos personales.
"Aunque la Procuraduría los absolvió, también propició su condena ante la opinión pública", mencionó.
Además de la CDDHDF, fueron como peticionarios Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto de Justicia Procesal Penal.
El comisionado Rodrigo Escobar dijo no estar de acuerdo con los lineamientos preliminares del Gobierno federal, pues la práctica de exhibir se mantiene, por ejemplo, dando a conocer el lugar donde el presunto delincuente realizaba su actividad delictiva, cuando aún no ha sido juzgado.
