Tres horas después de la presentación del informe del grupo de expertos independientes sobre el caso Ayotzinapa, en el que se desacredita la versión oficial de que los 43 estudiantes fueron incinerados en una hoguera en el basurero de Cocula. La procuradora General de la República, Arely Gómez, ordenó realizar un nuevo peritaje de la zona donde supuestamente fueron quemados.

Flanqueada por una hilera de miembros de la cúpula de seguridad, como Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal, o Enrique Galindo, número uno de la Policía Federal, la procuradora hizo un breve comunicado donde reconoció que tras la tesis expuesta por los especialistas de la OEA se requiere “una investigación de altísimo nivel con peritos con experiencia, consistente con la magnitud del problema” y que “se solicitará a un equipo de forenses del más alto prestigio”.

También anunció que el Estado mexicano pedirá que se extienda otros seis meses el trabajo del grupo de expertos de la OEA, satisfaciendo la voluntad de los propios especialistas, que después de investigar de marzo a septiembre, periodo marcado de antemano, consideraron que necesitaban otro medio año para completar sus pesquisas.

Gómez es titular de la Procuraduría General de la República (Fiscalía) desde el 3 de marzo, y no estaba en el cargo cuando se investigó el basurero y se determinó, fundamentalmente a partir de la confesión de supuestos implicados en el crimen, que los estudiantes fueron incinerados. El titular de la Fiscalía, por entonces, era Jesús Murillo Karam, que definió esa conclusión sobre la investigación como la “verdad histórica”, una fórmula que causó controversia.

Murillo, cabeza visible del Ejecutivo durante los momentos de mayor presión social por el caso, que se cristalizó en grandes manifestaciones por las calles de México DF y en una amplia difusión internacional por lo sucedido, fue sustituido por Gómez y asignado a la Secretaría de Desarrollo Agrario. En la historia del caso ha quedado como el hombre que asumió el sacrificio político. Tampoco se olvidará la expresión con la que terminó la larga rueda de preguntas de la prensa a la que se prestó el día en que anunció que los estudiantes estaban muertos: “Ya me cansé”.

La actual titular de la PGR, por lo tanto, trabaja sin la carga personal de los posibles errores que se pudieran haber cometido durante la instrucción del caso, en los primeros y decisivos meses. Su caso Ayotzinapa comienza después de Murillo Karam, y por su receptiva reacción al informe de los expertos, a los que agradeció expresamente su contribución, parece decidida a meter parte de la investigación en la depuradora. Desde su entrada en la Fiscalía, Gómez, de perfil discreto, ha emprendido una purga general del organismo: en cinco meses ha abierto 87 averiguaciones previas que investigan a 126 servidores públicos por enriquecimiento ilícito, extorsión y abusos, entre otros delitos. Hasta el momento están acusados 25 agentes del Ministerio Público, 42 policías investigadores y más de 40 trabajadores, entre ellos, cuatro mandos superiores.