El Senado aprobó en comisiones una prórroga de un año a las televisoras públicas y "estaciones" de baja potencia para eximirlas del apagón analógico previsto para el próximo 31 de diciembre.
La reforma aprobada al artículo 19 transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones determina que aquellos permisionarios de uso público o social, incluyendo las comunitarias e indígenas, que presten el servicio de radiodifusión que no estén en condiciones de iniciar transmisiones digitales al 31 de diciembre de 2015, “deberán, con antelación a esa fecha, dar aviso al Ifetel, para que se les autorice la suspensión temporal de sus transmisiones”.
O en su caso reduzcan su potencia radiada aparente, para que les sea aplicable el programa de continuidad al que se refiere esta ley.
En caso de que las fechas de conclusión anticipada de las señales analógicas de televisión radiodifundida por área de cobertura o de que el 31 de diciembre de 2015 las “actuales estaciones” de televisión con una potencia radiada menor o igual a 1 kilowat en canales de VHF y de 10 kilowats para canales de UHF, no se encuentren transmitiendo señales digitales y no hubieran alcanzado el nivel de penetración en alguna región, localidad o en todo el país, el Ifetel deberá establecer un programa para que la población continúe recibiendo el servicio, en tanto se inicien transmisiones digitales o se alcancen los niveles de penetración.
Los plazos que autorice el Instituto Federal de Telecomunicaciones en ningún caso excederán el 31 de diciembre de 2016.
El PRD avaló los cambios, al quedar incluido un candado para evitar que el reparto de televisiones se use en campaña.
El panista Javier Lozano defendió la reforma, al sostener que beneficiará a los usuarios de zonas marginadas y cuyo derecho a la información se vería afectado sin este cambio.
"Imagínense que paradójicamente ahora resulta que precisamente por la falta de presupuesto de las estaciones públicas caigan en una causal no de sanción, sino hasta de revocación de la concesión y entonces lo que es pues una televisión alternativa o complementaria a la comercial, pues se deje de transmitir", indicó.
El panista Javier Corral votó en contra, al argumentar que se beneficia al duopolio televisivo al modificar el término permisionario por "estaciones", al exponer que no hubo el interés de invertir en las zonas más pobres del país.
La priista Graciela Ortiz, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, dijo que los medios públicos, al no tener un carácter comercial se encuentran frente a importantes retos económicos para financiar el proceso de transición a la tecnología digital, sobre todo porque muchos no han recibido oportunamente los recursos necesarios para dicha transición.
"Así es que algunos de ellos por falta de presupuesto no van a poder migrar a la televisión digital terrestre o no van a tener el grado de penetración del 90 por ciento en los hogares de escasos recursos definidos por la Sedesol en la fecha límite que establece el decreto y se harían acreedores a sanciones".
Abundó que la finalidad de este cambio es proporcionar el mecanismo legal que permita a los llamados medios públicos concretar la transición digital y evitar suspender transmisiones con la consecuencia de la pérdida de su permiso o concesión, como sanción.
El senador del PT, Marko Blásquez, objetó la medida al exigir que en vez de darles un año más, se sancione a los gobernadores y responsables de no haber hecho las inversiones, sobre todo porque desde 2013 sabían que el apagón analógico tiene como fecha perentoria diciembre de 2015.