Los treinta elementos de la Policía estatal que fueron cesados el miércoles de la semana pasada continúan a la espera de que el departamento de Recursos Humanos les dé una respuesta ante la negativa de pagarles su liquidación conforme al derecho de antigüedad, esto ante el argumento de los uniformados fueron despedidos sin razones, aunque la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) asegura que se debió a que reprobaron el control de confianza.

Patricia Azpiazu, una de los elementos que fueron cesados por la SSP, explicó para CAMBIO que las autoridades no se han puesto en contacto con ella o con alguno de sus compañeros pese a que el director del departamento de recursos humanos, Mauricio Alvaradejo, se comprometió a citarlos entre ayer jueves y este viernes para darles una solución respecto a su liquidación.

Debido a que consideran que la relación laboral se vuelve volátil e insostenible, los uniformados han desechado la exigencia de ser reinstalados en sus puestos y por el contrario sólo exigen su liquidación conforme al reglamente interno, por lo que casos como el de Azpiazu corresponderían a una liquidación por ocho años de servicio efectivo y tres en el área administrativa.

En caso de que el personal de Recursos Humanos no se ponga en contacto con los elementos cesados, Azpiazu anunció que volverán a convocar a una manifestación y presionar a las autoridades para que les dé una solución a su caso.

Cabe recordar que la disputa entre el personal administrativo y técnico que fue dado de baja, con la Secretaría de Seguridad Pública, nace porque los afectados dicen no haber concluido con las pruebas que comprende el examen de control de confianza, mientras que la dependencia estatal reitera que se encuentran en proceso de baja precisamente por no haber aprobado dicho examen.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), se “establece como requisito indispensable estar aprobado en la evaluación de control de confianza para el ingreso, promoción y permanencia de quienes laboran en Instituciones de Seguridad y Justicia. Ésta es una disposición nacional y la vigencia de las evaluaciones va venciendo, por tanto la evaluación es permanente”.