El decreto amplía la revisión obligatoria de antecedentes para algunas ventas privadas, pero no todas. El objetivo de la nueva acción ejecutiva, es capturar más de las ventas en internet y en exposiciones, así como las ventas hechas a entidades, corporaciones y fondos legales.
La medida implica mayor financiamiento para tratamientos de salud mental para incitar a los estados a reportar a las personas que deberían tener restricción de comprar armas. Para lograr esto, el gobierno seguirá las siguientes medidas:
Impedir con la revisión de antecedentes, que las armas estén en manos equivocadas.
Aumentar la seguridad en las comunidades con respecto a la violencia armada.
Aumentar el tratamiento de enfermedades mentales y reportarlas al sistema de revisión de antecedentes.
Actualmente, las ventas de armas entre particulares, muchas de ellas en ferias o entornos informales, no requieren una revisión de los antecedentes criminales y de salud mental del comprador, por lo que un gran volumen de adquisiciones escapa al control de las autoridades federales.