Mientras que en el Distrito Federal ya se organizaron los primeros debates para discutir la regulación de las plataformas Uber y Cabify, en Puebla aún no se define el futuro legal que tendrán las trasnacionales a unas semanas de que inicien operaciones en la capital, pues Uber no ha brindado una postura oficial para los poblanos, mientras que la Secretaría de Infraestructura y Transportes del gobierno del estado se ha mantenido cautelosa al respecto sin asentar un posicionamiento claro sobre la operación de estas empresas.

Fue la Secretaría de Movilidad del DF y el Laboratorio para la Ciudad los que ayer organizaron un debate que concentró a taxistas de la Ciudad de México; a la representante de Uber en Latinoamérica, Ana Paula Blanco; y al CEO de Cabify México, Ricardo Weder, quienes expusieron sus posturas en torno a la regulación de servicios de transporte a través de apps para smartphone.

La representante de Uber sostuvo que el servicio que presta la empresa norteamericana es legal, pues argumentó que se trata de un trato entre particulares y no un servicio de transporte público ya que los encargados de realizar los viajes son los socios de la empresa, mientras que la empresa funge como mediadora.

Por su parte, el CEO de Cabify en México se manifestó a favor de la regulación del servicio para ser considerado como público, siempre y cuando existan las condiciones justas para ambas partes sin que la regulación limite la innovación.

Mientras en la capital del país ya abrió el debate a los ciudadanos, en Puebla prevalece un clima de opacidad, pues aunque Uber anunció su inicio de operaciones en dos semanas y Cabify para el segundo semestre del año, el tema no ha sido puesto a consideración de la opinión pública y no hay indicios de que se organice un debate para definir un criterio legal que permita la operación de estas empresas.

Hasta el momento la postura del secretario de Infraestructura y Transportes, Luis Banck Serrato, se ha limitado a recibir a las dos partes para escuchar propuestas y garantizar que los interesados en prestar un servicio de transporte público deben sujetarse a la normativa aplicable.

Los únicos que han brindado una postura oficial fueron los taxistas poblanos a través del Consejo de Taxistas de Pedro Díaz García y de la FROC-CROC de René Sánchez Juárez, quienes dejaron en manos del gobierno del estado garantizar la regulación de estas empresas para evitar una competencia desleal.

A diferencia de los taxistas en otras ciudades del país, que se han manifestado en las calles en contra de la operación de estas empresas, los taxistas poblanos cambiaron la estrategia y en lugar de bloquear las calles anunciaron medidas de innovación para modernizar el servicio de taxi tradicional, entre los que destacan la implementación de un sistema de cobro por tarjetas, así como el diseño de apps con las mismas ventajas que ofrecen las trasnacionales.