Los poblanos interesados en obtener la Licencia de Transporte Permanente sólo podrán hacerlo durante los próximos doce meses, el plazo en el que el gobierno morenovallista plantea otorgar el beneficio. Sin embargo, al no incluirse tal modalidad de licencia en la Ley del Transporte, próximas administraciones podrían no respetar este programa provisional con el que se pretende recaudar hasta 150 millones de pesos al año.

Además, después de un año de vigencia podrán obtener reposiciones o duplicados en caso de pérdida o extravío, con un costo adicional de 990 pesos.

De acuerdo con el titular de esta dependencia, Luis Banck Serrato, se tiene previsto que durante el año que durará esta disposición del gobierno morenovallista, la mitad de los conductores que cuentan con una licencia de tres o cinco años opten por cambiar su licencia por una permanente, misma que tiene un costo de mil 950 pesos, lo que representaría un ingreso mes por mes de 12.4 millones de pesos.

El funcionario estatal explicó que en promedio se expiden 16 mil licencias mensualmente, de este total, 80 por ciento son conductores particulares, automovilistas y motociclistas, de los cuales, 50 por ciento podría adquirir este plástico permanente.

“El cálculo que nosotros tenemos es que al menos la mitad de las personas que normalmente adquieren la licencia de tres o cinco años tramiten una licencia permanente”, declaró en breve entrevista, tras acompañar al gobernador a la inauguración de un Centro de Salud en Tecola.

Cabe señalar que las licencias expedidas cuentan con la modalidad de tres años, con un costo de 655 pesos, de cinco años por la cantidad de 975 pesos y la modalidad permanente por mil 950 pesos.

En relación al costo, el funcionario estatal destacó que en el estado la cifra es menor que en otros estados donde también se expide este servicio, como Sonora, donde se cobran2 mil 961 pesos, o en Chiapas, donde el costo es de 2 mil 332.

Para finalizar, destacar que esta medida, emprendida por la administración morenovallista, sólo contará con 12 meses de plazo, según lo anunciado por el gobierno local “cuyo principal beneficio es eliminar la necesidad de regresar periódicamente a renovarla, evitando un mayor gasto de tiempo y dinero”.