Después de crear un Comité de Transparencia ilegal con facultades exclusivas del Consejo General del IEE, el agonizante órgano electoral local tuvo que corregir las atribuciones concedidas al órgano auxiliar de acceso a la información, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les corrigió la plana al obligarlos a corregir sus facultades, sin embargo, mantuvo en reserva 40 de 53 expedientes catalogados como privados.

A un mes de que la Sala Superior del TEPJ dejó sin efecto el acuerdo en el que se creó un Comité de Transparencia del Instituto Electoral del Estado (IEE), comisión presidida por el consejero morenovallista Fidencio Aguilar, quien en seis meses se encargó de reservar información sin dar conocimiento a los integrantes del Consejo General, el Pleno del órgano electoral dio cumplimiento a la sentencia del tribunal federal.

Entre la información que contienen los 40 expedientes de la Unidad de Fiscalización y la Dirección Jurídica que aún se mantienen como privados se encuentran procesos de despidos de personal y juicios penales contra funcionarios públicos que cometieron delitos electorales.

En entrevista, durante la sesión pública de ayer, Jorge Luis Blancarte, representante de Movimiento Ciudadano ante el IEE, sentenció que a pesar del fallo de la Sala Superior, los consejeros electorales mantienen “su clara intención de no informar” a los representantes de los partidos políticos sobre los asuntos que se clasificaron como reservados.

“Hay una intención clara y manifiesta de pretender desinformar a las representaciones de los partidos del estado que guardan algunos de los acuerdos de información, el día de hoy se pretende ratificar para sin dejar sin materia a la apelación que el pasado viernes interpuse, entiendo que no quieran exhibirse ante las instancias jurisdiccionales”.

Por último, la consejera presidenta del Instituto Electoral, Olga Lazcano, defendió la reserva de información de los 40 expedientes al explicar que el resolutivo del TEPJF no obligó al IEE a revisar si las determinaciones del Comité de Transparencia se apegaban a las disposiciones legales de la Ley General de Transparencia.