Para explicar casos como Chalchihuapan, detención de activistas sociales, y hechos en los que se han violentado derechos humanos, el gobernador del estado Rafael Moreno Valle será citado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados federal en una reunión de trabajo.

Lo anterior lo confirmó el presidente del grupo legislativo, Heriberto Galindo Quiñones, quien especificó que la fecha de la comparecencia será determinada el próximo 16 de abril, cuando vuelva a sesionar la comisión.

Pero el mandatario poblano no será el único, ya que en la mira también están el de Guerrero, Rogelio Ortega y el del Estado de México, Eruviel Ávila, entidades donde, según los diputados, se han registrado casos graves de violaciones a las garantías individuales –Chalchihuapan, Ayotzinapa, Tlatlaya– y en las que han participado uniformados.

La determinación de invitar a los gobernadores al palacio legislativo de San Lázaro se tomó en reunión de mesa directiva de la Comisión de Derechos Humanos, de acuerdo con lo que informó Galindo Quiñones a medios en un comunicado de prensa.

Aunque no es un hecho, regresando de vacaciones de Semana Santa, los legisladores también analizarán la posibilidad de citar alombudsman Luis Raúl González Pérez para que también dé a conocer los avances que tiene en las investigaciones de estos casos.

Gobernador tendrá que explicar muerte de Tehuatlie

Según el funcionario, en el caso específico de Puebla, el mandatario deberá aclarar la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, herido durante un enfrentamiento entre manifestantes y policías el 9 de julio de 2014 en la autopista Puebla-Atlixco, así como las acusaciones que existen en su contra por presuntamente haber detenido a más de 40 “presos políticos”.

De igual forma, los diputados le pedirán explicaciones sobre el desalojo de jóvenes estudiantes que integran el Colectivo Universitario por la Educación Popular (CUEP), ocurrido en el zócalo capitalino el pasado 8 de febrero del presente año.

Cabe recordar que  a través de la Secretaría General de Gobierno y de la PGJ, la administración estatal ha dejado en claro que en Puebla no hay presos políticos sino presuntos culpables de haber cometido algún delito, aunque activistas han indicado por otro lado que casos como de Adán Xicale y su hijo, es un ejemplo de que fueron detenidos por haberse opuesto a la construcción del parque intermunicipal Cholula.

En cuanto al caso Chalchihuapan, cabe recordar que la CNDH emitió el septiembre pasado 11 recomendaciones al estado por violaciones graves a los derechos humanos, los cuales aún están en proceso de cumplimiento, y hecho que derivó en el despido y aprehensión de funcionarios y civiles.

En tanto, el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, tendría que explicar cuál fue la participación de su gobierno en la detención de Nestora Salgado García, ocurrida el 21 de agosto de 2013.

Mientras que el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, sería cuestionado por las violaciones graves a los derechos humanos durante los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.

Los diputados federales aprovecharían para pedirle que explique lo ocurrido en su entidad respecto a las distintas formas de violencia de género, y qué medidas de protección y garantía existen en la entidad mexiquense para salvaguardar los derechos humanos de las mujeres.