Activistas y académicos coincidieron en que la iniciativa morenovallista para tipificar la violencia reiterada a las mujeres como tentativa de feminicidio, no reducirá el alto número de homicidios con dolo hacia las mujeres, pues el problema viene desde la procuración de justicia y la prevención del delito que no ha sido correctamente atendida por el procurador Víctor Carrancá Bourget.

Entrevistados por CAMBIO, especialistas en el tema de la violencia a las mujeres de la Universidad Iberoamérica de Puebla, del Observatorio de Violencia Social y de Género y del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC (Odesyr), destacaron que mientras no se apliquen los mecanismos ya existentes por parte de la Procuraduría General de Justicia y no exista una base de datos pública y accesible a la ciudadanía sobre los casos de violencia, la propuesta del gobernador no rendirá frutos.

Falta que la PGJ aplique los procedimientos: Lourdes Pérez

María de Lourdes Pérez Oseguera, encargada del Observatorio de Violencia Social y de Género (Ovsg) de la Ibero Puebla, aseguró que la iniciativa presentada al Congreso local este miércoles para adicionar el artículo 338 Quinquies al Código Penal del estado, es una medida que abona al marco jurídico pero mientras la PGJ no aplique los protocolos, está reforma será una más.

“Tenemos demasiadas leyes, mi punto de vista es que no se están aplicando, no se están cumpliendo, no hay debida diligencia, no se investiga con perspectiva de género, no se les da un trato digno tanto a las víctimas como a las familias de las víctimas (…) Leyes tenemos al por mayor, la cosa es que se actúe con base a lo que ya existe, para que inventarnos más si no se está actuando conforme a lo que ya hay”, sostuvo.

Al respecto agregó que la impunidad que permea el 95 por ciento de los homicidios contra las mujeres, es el principal reto toda vez que existe una resistencia por parte de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y del Ejecutivo estatal para reconocer la violencia de género.

“(Existen) todos los obstáculos para el acceso a la justicia, es decir, si reconozco el esfuerzo por normar y sancionar la tentativa de feminicidio, pero por otro lado, hay una resistencia tremenda a reconocer el número de muertes violentas por razones de género aquí en el estado. De los casos que nos dice la misma procuraduría pues difieren mucho de la base de datos que nosotros tenemos”, reveló.

Deberá existir una base de datos de agresores: Odesyr

El encargado del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC (Odesyr), Brahim Zamora, afirmó que una vez que se apruebe esta reforma al Código Penal tendrán que establecerse protocolos para garantizar que los agresores que cometan tentativa de feminicidio sean sancionados.

Para ello, refirió, el Ministerio Público deberá crear una base de datos con las denuncias de mujeres agredidas, para determinar que un sujeto está incurriendo por segunda vez en esta conducta, y se le pueda sancionar por la nueva modalidad.

“Las reformas por sí solas resuelven los problemas, no se resuelven por decreto, hay que ver cómo se va a operar. Cuántos recursos va a poner el Gobierno del Estado para implementar protocolos y hacer trabajar la reforma”.

“El manejo de información tiene que ver con varias cosas. Una víctima que denuncia violencia tiene que ser ingresada a un sistema informativo que permita que el funcionario más cercano se acerque”, explicó el activista.

Reforma no soluciona el problema: Académico de la Ibero

En entrevista para este medio, el académico de la Ibero Puebla y abogado especializado en derecho penal, Ismael Cortés Moreno, detalló que la adición del artículo en cuestión al Código Penal sólo es una manera de visibilizar el problema, pero se desatiende la prevención de la violencia contra las mujeres.

“Como todas las reformas, es una forma de tratar de visibilizar un problema, pero no es la única arista desde la que se puede visibilizar este problema, creo que si bien es cierto que la reforma cubre ciertas expectativas, también debemos tomar en cuenta otros aspectos como es la correspondiente prevención del delito que creo que daría mejores resultados”, detalló.

Indicó que al momento de formular la iniciativa que se presentó al Congreso local, se debió tomar en cuenta las medidas cautelares, como pueden ser la restricción para que la pareja o agresor pueda regresar al domicilio o incluso se acerque a la víctima para cometer una segunda agresión, la cual en la mayoría de los casos termina por ser fatal al devenir en homicidio.