La batalla legal y las acusaciones por el desvío de recursos entre las dos últimas administraciones del Consejo de Administración CENHCH y que habrían alcanzado los 4 millones de pesos, continúa luego de que Jorge Armando Ávila Pena y Manuel Hernández Gaspariano —ex presidente y ex tesorero— anunciaron que interpondrán una denuncia por daño moral en contra de Patricia Vara Gutiérrez, presidenta de la Asociación de Padres de Familia y Erik Morales Montiel, actual líder del consejo.

El asesor legal de los ex administradores, Ale Carreto, detalló en rueda de prensa que las acusaciones hechas por Morales Montiel que señalan como responsables del desfalco de más de cuatro millones de pesos a la administración de sus defendidos, es inválida pues no se realizó por auditores certificados.

“No es justo, no es válido el daño moral que nos han ocasionado porque es un daño moral. Realmente no vivo del Centro Escolar, nunca he vivido del Centro. Es nefasta la actitud de esas personas, por lógica todo va a tener consecuencias, y quien tenga que pagar lo va a pagar; nuestro actuar dentro de la institución fue sano”, aseguró el ex tesorero Hernández Gaspariano.

Del mismo modo detallaron que el proceso en el que se le entregó la administración estuvo vigilada por la Notaría Pública Número 12, haciendo entrega del corte de caja del ciclo 2013-2014; el presupuesto de las áreas generales 2014-2015; el oficio de donación con el listado completo de lo donado; la relación de lo invertido en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2014; el estado de cuenta, entre otros documentos.

Respecto al saldo de 118 mil pesos que fue entregado en la cuenta de la escuela, respondieron que fue a finales del pasado febrero cuando en presencia de diferentes autoridades se hizo el depósito de los pagos atrasados correspondientes a la primaria vespertina por 498 mil pesos.

Debido a que las diligencias de la denuncia interpuesta por Morales Montiel ya dieron inicio, acudirán ante el Ministerio Público cuando este los requiera, y presentarán los documentos que sean necesarios para acreditar que el millonario desfalco no fue hecho por su administración.