Fracaso y sumisión, saldo de la LVI Legislatura
- Primera de dos partes -

Los diputados locales que están por terminar su periodo no pudieron sacar adelante su ambiciosa agenda legislativa 2005-2008

Los designios del gobernador en el primer año fueron cumplidos cabalmente: aprobación de una línea de crédito por mil 500 millones de pesos; la permanencia de José Doger Corte al frente del Orfis; la designación de José Manuel Cándido Flores Mendoza como presidente de la CDH y la sanción y persecución al ex alcalde Luis Paredes

Selene Ríos Andraca

La LVI Legislatura —próxima a terminar su gestión— incumplió con la ambiciosa agenda legislativa 2005-2008, en la que establecieron una reforma de Estado y la creación de un Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El primer año de esta legislatura estuvo marcado por el pastoreo de Rafael Moreno Valle Rosas, tanto a la bancada del PRI como a la del PAN, a la que convenció de convalidar los primeros excesos del gobernador Mario Marín Torres.

En 2005, cuando Mario Marín gozaba días de legitimación y aún celebraba su contundente victoria electoral, las seis bancadas en el Congreso —PRI, PAN, PRD, Convergencia, PT y PVEM— se prestaron a los caprichos del gobernador y no opusieron ni criticaron ninguna solicitud que hiciera el mandatario.

Los excesos del gobernador en el primer año de esta legislatura se resumen en: la aprobación de una línea de crédito por mil 500 millones de pesos; la permanencia de José Doger Corte al frente del Órgano de Fiscalización Superior, pese a sus deficiencias; la designación de José Manuel Cándido Flores Mendoza como el ombudsman y la inquina con la que sancionaron y persiguieron al ex alcalde capitalino, Luis Paredes Moctezuma.

Ese primer año de gestión, relucieron los liderazgos y comenzaron las primeras fracturas parlamentarias. De parte del PRI, Pericles Olivares Flores demostró en varias ocasiones el poder que ejercía sobre sus correligionarios, haciendo a un lado al líder real, Rafael Moreno Valle. Por el PAN, fue evidente la influencia de Raymundo García sobre sus compañeros de bancada y sobre otros diputados.

Bastó un periodo de sesiones para que cada uno de los personajes del Congreso demostrara la calidad de debate que daría durante los tres años de la Legislatura: el priista Héctor Alonso Granados se caracterizó por su visceralidad, ingenuidad y por su defensa al marinismo; el convergente José Juan Espinosa demostró que su trinchera estaba del lado tricolor; el perredista Rodolfo Huerta también entregó la siglas de su partido al marinismo, al igual que Juan Aguilar, emanado de las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Los únicos que no se entregaron a los brazos del marinismo y que soltaron en tribuna críticas fueron: Raymundo García, del PAN y Miguel Cázares, del PRD.

Pero en el primer año legislativo la oposición conformada por la bancada del PAN y Miguel Cázares, del PRD, fue convencida por Rafael Moreno Valle para que los caprichos de Marín fueran avalados por mayoría o por unanimidad.

La agenda legislativa, un fracaso

“La Agenda Legislativa 2005-2008 es el fruto del consenso de los seis grupos parlamentarios que conforman la Quinquagésima Sexta Legislatura, en ella se plasma el rumbo que habrá de seguir el trabajo legislativo, quedando consignada la pluralidad de la ideología de los principios doctrinarios de los partidos representados en este Congreso, con la visión de transparencia, civilidad y madurez política que coadyuven a la mejora del marco jurídico de los poblanos”, reza el sumario del documento oficial que puede leerse en la página web del Congreso de Puebla.

Los siguientes temas son aquellos que quedaron en aire, a pesar de estar marcados como objetivos primordiales de la Agenda Legislativa 2005-2008: Reforma del Estado, servicio civil de carrera, libertades civiles y políticas, desarrollo institucional de poderes y municipios del estado, justicia y jurisdicción administrativa y fiscal, procuración y administración de justicia, sistema penitenciario, régimen de menores infractores, reforma electoral y reglamentación del referéndum, regulación de la firma electrónica, procedimiento administrativo y certidumbre jurídica, responsabilidad patrimonial de la administración pública.

En el rubro económico no se cumplieron los siguientes temas: inversión sustentable, competitividad regional e internacional, equilibrio presupuestario, reducción de la deuda pública y la simplificación fiscal.

Los caprichos de Marín
La noche del 13 de marzo de 2005, Acción Nacional se rehusaba a aprobar en la Comisión de Hacienda la línea de crédito por mil 500 millones de pesos que solicitó el gobernador, bajo el argumento de que dicho empréstito no estaba establecido en el Plan Estatal de Desarrollo.
En la publicación del 14 de marzo, Cambio dijo:

“Empantanada la discusión sobre crédito millonario. La aprobación de la línea de crédito de mil 500 millones de pesos se empantanó anoche. Los diputados panistas reviraron y condicionaron nuevamente su voto a favor de la adquisición del pasivo con el argumento de que éste no está basado en el Plan Estatal Desarrollo. No obstante, se espera que este día se acuerde en sesión de la Comisión Legislativa de Hacienda que el crédito se aplique hasta que se apruebe dicho plan y no antes. Es decir: en 60 días. En caso de que se apruebe este condicionamiento, la legislatura lo aprobará por unanimidad. De lo contrario, los priistas recurrirán a su ya conocida ‘mayoría mecánica’.”

Pero las negativas de Acción Nacional durmieron el sueño de los justos y solamente el panista, Raymundo García sufragó en contra de la contracción de la millonaria deuda.

El 15 de marzo, la línea de crédito por mil 500 millones de pesos que solicitó el gobernador Mario Marín Torres al Congreso local fue aprobada con 40 votos a favor, luego de que la fracción parlamentaria del PRI cedió ante las condicionantes del decreto impuestas por la bancada de Acción Nacional.

Ésta es la crónica de lo ocurrido aquella tarde-noche en el Poder Legislativo: “En una larga sesión ordinaria, los priistas aceptaron que en el decreto se incluyeran los candados que el PAN propuso: que el empréstito aprobado se utilice hasta que el Plan Estatal de Desarrollo sea presentado; que los municipios justifiquen ante el Congreso porqué y para qué necesitan los recursos y que el plazo de endeudamiento se reduzca de 25 a 20 años.

”La línea de crédito abarcará a proyectos del gobierno estatal, a los 217 municipios de Puebla y a los organismos paraestatales y paramunicipales, bajo la condición de que sean sus máximos órganos de dirección, los que primero autoricen el endeudamiento y se le notifique al Congreso local.

”Sin embargo, el diputado panista Raymundo García García votó en contra del decreto, pues, a su decir, él tendrá la calidad moral para cuestionar si se presenta alguna irregularidad en la aplicación del crédito y porque el dictamen aprobado por la Comisión de Hacienda viola el artículo 56 de la Constitución local y la VI disposición de la Ley de Deuda Pública.

”El artículo 56 de la Constitución local dice que “... el Congreso aprobará las operaciones de financiamiento que se contratarán, convertirán o consolidarán mediante el decreto que se emita.

”Dicho artículo, dijo el panista, se está violentando porque hasta el momento Mario Marín no ha presentado su Plan Estatal de Desarrollo, para el cual aún faltan 57 días de acuerdo a la Ley de Planeación.

”El artículo 6 de la Ley de Deuda Pública reza que el Congreso, al aprobar la ley de Ingresos, podrá autorizar al Ejecutivo para ejercer o autorizar montos adicionales de financiamiento cuando a juicio del propio Ejecutivo se presenten circunstancias económicas que así lo exijan, al hacer uso de ésta autorización informará de inmediato al Congreso.

”Según Raymundo García, el presupuesto estatal es suficiente para las necesidades de Puebla y, como Mario Marín no ha presentado el citado plan, “desconozco qué circunstancias económicas exigen más capital. Ya la ley dicta el procedimiento de endeudamiento y el decreto hace una ley de una ley pero de muy bajo nivel.

”García García explicó que su postura fue en contra de la línea de crédito porque “el decreto para endeudarse es resultado del ejercicio autoritario del poder del Estado y de la desesperación del Ejecutivo para obtener recursos y pagarlos a un largo plazo de 20 años.”

Animadversión contra Paredes

Ese mismo día, el Congreso aprobó una multa millonaria en contra del ex alcalde panista Luis Paredes Moctezuma. La multa contra el ex presidente de Puebla es de 517 millones 140 mil 704 pesos. Fuentes consultadas por Cambio revelaron que Paredes cometió en su ejercicio fiscal de 2003 un daño patrimonial por 258 millones 578 mil 352 pesos y daño administrativo por 211 millones de pesos.

“El Congreso local sólo sanciona el daño patrimonial duplicando el monto, por lo que la multa para el ex panista será de 517 millones 140 mil 704 pesos, mismos que deberán de ser saldados en los próximos 30 días para evitar que se le aplique un correctivo por solventar de manera extemporánea y que la inhabilitación y la demanda penal procedan.

“Cabe señalar que el 2 de diciembre de 2004, la LV Legislatura le imputó a Paredes Moctezuma una multa por un millón de pesos por solventar de manera extemporánea su cuenta pública de 2002, la cual arrojó un daño patrimonial por un millón 50 mil pesos por la adquisición de un árbol de navidad. En la última sesión del tercer periodo de la legislatura anterior aprobaron iniciarle a Paredes un inicio de procedimiento de responsabilidades por 258 millones de pesos. Será en los próximos periodos legislativos cuando se trate la cuenta pública 2004 y 2005 de Luis Paredes Moctezuma.”

Trascendió que los diputados priistas integrantes de la Comisión Inspectora —Héctor Alonso Granados, María Isabel Merlo Talavera, Raymundo Atanasio Luna y Miguel Ángel Ceballos López— duplicaron la multa del daño patrimonial del ex panista, sin embargo, en los casos de ediles emanados del tricolor como Sabás López, Ricardo Juárez y Clemente Luna pretendían aplicarles sanciones sólo por la mitad o por un cuarto de las deficiencias patrimoniales.

OFS garrote político; Doger Corte se mantiene

El dos de junio de 2005 pasó la historia, ese día se demostró en tribuna cómo el sistema de rendición de cuentas estaba supeditado a los intereses del gobernador en turno.

Aquel jueves, Raymundo García con un prontuario en la mano evidenció las deficiencias fiscales del Órgano de Fiscalización Superior, provocando un escándalo en la esfera política.

De acuerdo a la Ley del OFS y de acuerdo a una lista de 41 cuentas públicas, existen diversos criterios para calificar cuentas públicas.

El OFS califica de manera discrecional a los panistas

Durante la votación de 41 cuentas públicas que se presentaron ante el pleno Legislativo para su aprobación, el diputado panista Raymundo García García acusó al Órgano de Fiscalización Superior, encabezado por José Doger Corte y a la Comisión Inspectora, liderada por Héctor Alonso Granados, de aplicar distintos criterios para calificar los ejercicios fiscales, ya que mientras al ex panista Luis Paredes Moctezuma le duplicaron la multa por su deficiencia administrativa a los alcaldes emanados del tricolor no los sancionaron de la misma forma.

Ante la acusación que hiciera García García contra José Doger Corte y su equipo jurídico al sancionar las cuentas públicas de “manera discrecional”, Héctor Alonso justificó que “fue un error humano, un error de mecanografía que cometieron los empleados del Congreso al transcribir mal el dictamen enviado por el Orfis (...) Además, no fue un error de vida o muerte, pequeño errorcito”.

Esto publicó Cambio el tres de junio:

“El diputado Raymundo García criticó la relación de los ex alcaldes sancionados al mencionar que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos era aplicada de manera discrecional contra Luis Paredes “¿Qué, acaso en esta lista se quiere golpear a Paredes?, que yo sepa la ley no se debe de aplicar para ensañarse con alguien en particular.

”Agregó que al sancionar de manera diferenciada a los ex alcaldes del PAN y a los del PRI, José Doger Corte y su equipo jurídico violentaron el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, numeral que reza: ‘Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro o cause daños o perjuicios, ésta será de uno a cinco años si el monto de aquellos no excede del equivalente a cien veces el salario mínimo mensual vigente en el Estado, y de cinco a doce años si excede de dicho límite’.

”Antes de bajar de la tribuna, García García propuso que las sanciones económicas provocadas por daño patrimonial se homologaran a la mitad del tanto, es decir, que la multa no fuera duplicada, sino que se le incrementara el 50 por ciento del daño ocasionado, pero dicha petición fue rechazada por la mayoría priista, incluyendo al PRD y a Convergencia.

”El presidente de la Comisión Inspectora, Héctor Alonso Granados fue el que contestó el señalamiento del panista, al asegurar que él no encontraba ninguna violación en la Ley de Servidores Públicos, ‘entiendo la preocupación del compañero Raymundo, pero yo le señalo que la ley con la que tenemos que trabajar es la vigente (...) Los porcentajes ahí señalados fueron aprobados anoche por la Comisión Inspectora’.

”Y García García tomó la tribuna, otra vez, y dijo: ‘Aquí en el dictamen hay multas por más de un millón de pesos y la inhabilitación de cuatro años, si vemos el dictamen vemos que hay interpretación subjetiva, creo que no podemos cometer un acto de injusticia, le ley se debe de aplicar de manera general, votar este dictamen así como está sería una muestra de subjetividad’.

”El diputado de Convergencia José Juan Espinosa Torres pidió la palabra y declaró que él tenía toda la confianza en el dictamen presentado, en la institución que lo elaboró, que por lo tanto avalaba el documento y las sanciones especificadas.

”Pero los priistas Rafael Moreno Valle, Pericles Olivares, Héctor Alonso y Norma Sánchez estaban ocupados leyendo la Ley de Responsabilidades e ignoraron por completo que un diputado de oposición, como el convergente, estaban de su lado.

”Molesto, José Juan Espinosa le pidió al presidente de la mesa directiva, Juan Antonio Martínez Martínez, que solicitara a los legisladores que le prestaran atención, pero Martínez sólo sonrió. Y José Juan Espinosa comenzó a gritar la importancia de las instituciones pero sus aliados priistas lo ignoraron otra vez.

”El perredista Rodolfo Huerta Espinosa no se quedó atrás y subió a la tribuna, ahí dejó en claro que el dictamen presentado fue analizado conforme a derecho y aprobado por unanimidad una noche antes, por lo que le recordó al panista Víctor León Castañeda ‘cómo sancionar las cuentas’ y dijo que Luis Paredes no se merece que le dupliquen su multa sólo con un tanto ‘sino hasta dos, por todo lo que le hizo a la capital’.

”El priista Pericles Olivares propuso que para no ‘perder el ritmo de la sesión’ se votara solamente por los casos en que la inhabilitación fuera superior a cinco años y que se diera un receso para analizar las cuentas públicas donde los panistas tenían dudas.

”Ya enfadado, Héctor Alonso contestó que los priistas no buscaban ‘subjetivismos’ al aplicar la ley ‘conforme a derecho’, por lo que acusó a Raymundo García de defender a Luis Paredes Moctezuma.

”Desde su curul, Raymundo García pidió una moción para el comentario de Héctor Alonso, pero, otra vez, Juan Antonio Martínez ignoró la petición del diputado y Alonso continuó con su discurso pro dictamen del Órgano de Fiscalización Superior.

”El panista Rafael Micalco Méndez subió a tribuna y le exigió a Héctor Alonso y a Rodolfo Huerta ‘que contaran toda la película. Pues se les olvida decir que durante la sesión de la Inspectora nos mayoritearon, nosotros pedimos revisar caso por caso y cuando se sometió a la votación los priistas no quisieron, sólo rescatamos cuatro cuentas que aún pudimos sancionar conforme la ley lo marca, Puebla, San Martín, Ciudad Serdán y San Andrés Cholula’.

”Y los priistas hicieron mutis.
”Y Víctor León pidió un receso.”

Continúa la discusión: Después del receso

“El gran auditor José Doger Corte llegó al Congreso a explicarles a los panistas de cómo se habían sancionado las cuentas, cómo se habían tomado distintos criterios para cada una de ellas y cómo se cometió un error.

”En una minisesión entre diputados y José Doger se decidió que nueve de las 41 cuentas se regresaran al Órgano de Fiscalización Superior para re-analizarlas: Acatzingo, Ajalpan, Chiautla, San Felipe Tepatlán, San José Chiapa, San Martín Totoltepec, el Sistema Operador de Agua Potable de Chalchicomula de Sesma y dos ejercicios fiscales de Industrial de Abastos a cargo de Eliuth Solís.

”Con 41 votos fue aprobado en lo general el dictamen, seis sufragios en contra de la aprobación de la cuenta pública de Alberto Guerrero Gutiérrez, ex director del Colegio de Bachilleres, y un voto en contra de la multa millonaria impuesta para el ex panista Paredes Moctezuma.”

El 6 de junio, el tema ya estaba en la esfera política.

“Piden la cabeza de Velasco; él se evade En tanto que Rafael Velasco Olivier, director Jurídico del Orfise, rechazó que el dictamen de cuarentaiún cuentas públicas haya violado la Ley de Servidores Públicos al aplicar distintos criterios de sanción a priistas y panistas, el coordinador parlamentario de Acción Nacional, Víctor León Castañeda, exigió la renuncia del funcionario y la salida de la Presidencia de la Comisión Inspectora del diputado priista Héctor Alonso Granados.”

“Culpa Alonso a Rafael Velasco por errores cometidos por el OFS. El presidente de la Comisión Inspectora dijo que el director Jurídico del Órgano de Fiscalización Superior es el culpable de los errores contenidos en el dictamen de las 41 cuentas públicas En conferencia de prensa, Héctor Alonso acusó al senador Francisco Fraile García de irrespetuoso e incongruente por exigir la renuncia del titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado, José Doger Corte, y es que a decir del priista, los diputados panistas aprobaron con 40 votos a favor la mayoría de las sanciones presentadas al pleno el pasado jueves.

”Héctor Alonso negó que la aplicación de distintos criterios para sancionar a los ex acaldes se debiera a utilizar la ley de manera discrecional, y explicó que el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos detalla las pautas para castigar a los ex munícipes que hayan incurrido en daños administrativos.

”El artículo 59 dice que las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes elementos: las circunstancias socioeconómicas del servidor público, el nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor, las condiciones exteriores y los medios de ejecución, la antigüedad en el servicio, la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones y el monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento.”

“El Orfis y la Inspectora, los culpables. Mientras que el presidente de la Gran Comisión del Congreso local, Rafael Moreno Valle Rosas, consideró ayer que no hubo ningún error en la elaboración del dictamen de cuarentaiún cuentas públicas, el diputado Pericles Olivares Flores responsabilizó de las pifias no sólo al Órgano de Fiscalización Superior, sino a la Comisión Inspectora, presidida por el también priista Héctor Alonso.

”En entrevista con Cambio, Olivares señaló que hay una corresponsabilidad entre el Orfis y la Comisión Inspectora por aplicar erróneamente las inhabilitaciones, pero aclaró que las sanciones económicas carecen de discrecionalidad o deficiencia, por lo que el órgano saneará las nueve cuentas públicas rechazadas el jueves pasado, pero sólo en el tema de la inhabilitación.

”—¿Estás de acuerdo con Héctor Alonso de que el responsable de los errores del dictamen fue Rafael Velasco Olivier, director jurídico del Orfis?— se le preguntó a Olivares.

”—No, yo creo que la responsabilidad es compartida. Para empezar reconozco que hubo errores en la aplicación de las inhabilitaciones, pero en cuanto a las sanciones esas fueron aplicadas conforme a derecho.

”—¿Para ti quién es el responsable entonces?
”—Es responsable el Órgano de Fiscalización Superior y los miembros de la Comisión Inspectora.
”—¿José Doger y Héctor Alonso?
”—No es un asunto de personalizar. Creo que (los responsables son) el Órgano en su conjunto y los diputados que integran la Inspectora.”

El nueve de junio se publicó en estas páginas: “División en el PRI por pifias del OFS. Luego de que el diputado priista Pericles Olivares Flores señalara como responsables del dictamen con errores en la aplicación de sanciones a ex alcaldes priistas y panistas al Órgano de Fiscalización Superior y a la Comisión Inspectora, —presidida por su correligionario Héctor Alonso Granados—, trascendió que ayer durante la mañana los dos legisladores emanados del tricolor tuvieron una ‘amistosa’ discusión.

”Fuentes consultadas por Cambio revelaron que Héctor Alonso le reclamó a Pericles Olivares por acusarlo ante este medio de comunicación como uno de los responsables del dictamen de 41 cuentas públicas, presentado el pasado 2 de junio en el Congreso del estado, a lo que el líder moral de los priistas contestó que él tenía razón, que no había motivos para señalar al director jurídico del Orfise, Rafael Velasco Olivier, como el único culpable de los ‘errorcitos’ del dictamen.

”Trascendió que Olivares Flores le dijo a Héctor Alonso que él había errado al declarar al principio que el error fue un dedazo y después culpar a Rafael Velasco, cuando todos los integrantes de la Comisión Inspectora y el Órgano de Fiscalización Superior fueron los principales responsables.

”La conclusión del desaguisado cónclave entre los priistas fue que a partir de hoy, los diputados del tricolor harán declaraciones uniformes ante los medios de comunicación, para evitar que el líder de la Gran Comisión, Rafael Moreno Valle Rosas asegure que no hubo errores, mientras Héctor Alonso culpa a Rafael Velasco y su dirección Jurídica, y que Pericles Olivares aclare el asunto con el argumento de que hay corresponsabilidad entre el Orfise y la Comisión Inspectora.”

“Versiones encontradas en la Comisión Inspectora. Mientras el priista Raymundo Atanasio Luna dijo que había una corresponsabilidad entre la Inspectora y el organismo fiscalizador, su correligionario Miguel Ángel Ceballos López coincidió con los diputados panistas Víctor León Castañeda y Rafael Micalco Méndez al culpar al director jurídico del Orfise, Rafael Velasco Olivier. En entrevista para Cambio, Raymundo Atanasio consideró que tanto la Comisión Inspectora como el Órgano de Fiscalización Superior fueron los responsables de emitir y de aprobar, respectivamente, un dictamen con errores en la aplicación de sanciones y de inhabilitaciones.”

Montero culpa a José Doger, publicó cambio el 10 de junio: “El dirigente estatal del PRI, Mario Montero Serrano, culpó a José Doger Corte, titular del Órgano de Fiscalización Superior, por los errores que contuvo el dictamen de 41 cuentas públicas, en el que se sancionaron de manera distinta a ex alcaldes priistas y panistas.

”En entrevista para Cambio, Mario Montero dijo que aunque los errores contenidos en el dictamen son de forma y no de fondo, José Doger debe tomar las medidas correspondientes para resolverlos, ya que dicha equivocación afecta la credibilidad del Órgano de Fiscalización Superior.

”Al igual que el presidente de la Comisión Inspectora, Héctor Alonso Granados, Mario Montero consideró que es la Dirección Jurídica, a cargo de Rafael Velasco Olivier, la responsable de realizar los dictámenes, pero que tiene que ser José Doger el que enfrente el conflicto de las cuentas públicas, ya que él es el titular del Órgano de Fiscalización.”

El 13 de junio, Víctor León salió en defensa de José Doger: “En entrevista para diario Cambio, el líder de la bancada panista, Víctor León Castañeda, consideró que las declaraciones hechas por los priistas Montero Serrano y Pericles Olivares Flores ‘dejan ver que hay una estrategia para sacar a Doger de su puesto’. El PRI estatal intenta derrocar del Órgano de Fiscalización Superior a su titular José Doger Corte debido a que éste ya no protege los intereses políticos del tricolor y en los últimos meses ha sancionado de manera imparcial tanto a ex alcaldes panistas como priistas. En entrevista con Cambio, León Castañeda consideró que las declaraciones hechas por los priistas Montero Serrano y Pericles Olivares Flores —quienes culparon al Órgano de Fiscalización Superior y a su titular por las deficiencias del dictamen— ‘dejan ver que hay una estrategia para sacar a Doger de su puesto’.

”Al preguntarle si los priistas obedecían a su líder político Mario Marín Torres, el diputado panista comentó estar a la espera de la postura del Ejecutivo, ya que su vocero en el Congreso, Rafael Moreno Valle Rosas, sólo ha hecho declaraciones escuetas sobre el asunto del dictamen.”

Un ombudsman sin conocimiento en Derechos Humanos

El 28 de julio, el Congreso aprobó por unanimidad la designación de José Manuel Cándido Flores Mendoza como el nuevo titular de la Comisión de Derechos Humanos del estado, aunque el elegido carece de conocimientos en derechos humanos.

“Fue una sesión caliente, los panistas, y en especial Raymundo García García, otra vez dejaron mucho que desear, pues mientras ellos habían impugnado a José Manuel Flores Mendoza ahora lo legitimaron pese a que la ley le impedía ser el titular de derechos humanos. Ahora el ex compañero de la facultad del gobernador será el que haga las recomendaciones por los abusos de autoridad.

”Un experto en fianzas y aseguradoras fue electo por la LVI Legislatura como el nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla. El Congreso local violentó la Ley Estatal de la Comisión de Derechos Humanos en su artículo siete, fracción tercera, al nombrar a José Manuel Flores Mendoza como el ombudsman, ya que éste carece de experiencia sobre la materia, según lo demuestra su currículum.

”El recién electo ombudsman fue compañero de licenciatura del gobernador Mario Marín Torres y en los últimos 20 años se ha dedicado a vender fianzas y seguros. Este detalle provocó que diputados como el panista Raymundo García García lo calificara como el menos apto para ocupar el cargo, sin embargo, él fue quien ayer subió a tribuna a exhortar a sus compañeros para votar a favor de Flores Mendoza.

”La experiencia de Flores Mendoza en la materia, dijo el presidente de la Gran Comisión, Rafael Moreno Valle Rosas, está en su tesis de licenciatura, que trató sobre los derechos humanos de los indígenas; durante seis años colaboró como asesor de los mismos en el programa radiofónico de Enrique Montero Ponce y apoyó a la Asociación de Mujeres Periodistas para mejorar sus derechos humanos.

”Con 37 votos a favor y dos abstenciones, Flores Mendoza fue electo como titular de la CDH. Ninguno de los dos diputados que se abstuvo subió a tribuna a refutar el sufragio de la mayoría. Esos votos quedaron sepultados, aunque se presume que ambos surgieron de la bancada panista: María de los Ángeles Gómez Cortés, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Rafael Micalco Méndez.

”Al inicio de la sesión —la cual duró unas siete horas— un cúmulo de acarreados del candidato a ombudsman Germán Molina Carrillo invadió el pleno legislativo con pancartas fluorescentes y gritos de ‘transparencia’.

”Las insignias rezaban: ‘No al favoritismo ni a la manipulación del Congreso’; ‘Intolerancia (el periódico), no al amarillismo y a la información viciada’; ‘Respeto al registro de 7 candidatos y una elección libre y sin línea’.

”Antes de pasar a votación secreta, Raymundo García, quien un día antes declarara que a Flores Mendoza lo había ‘chupado el diablo’ por acudir a Casa Aguayo y que no tenía la preparación para ser el comisionado, subió a tribuna a rogarle a panistas, priistas, perredistas, convergentes, verdes y del trabajo que votaran por ese que fue su compañero de butaca, por ese que es amigo del gobernador, por ese que ayer, de repente, sí tenía la experiencia, por ese que ya era un experto en derechos humanos, por ese que se hacía llamar José Manuel Cándido Flores Mendoza’.

”Pero los manifestantes que estaban abarrotados en las galerías del Congreso no dejaban de gritar: ‘diputados vendidos’, ‘diputados arrastrados, les da línea el gobernador’.

”Cuando el priista Alejandro Oaxaca Carreón pidió la palabra para ‘poner orden en el recinto’, uno de los inconformes gritó: ‘Cállate Oaxaca, que tú debes un chingo’.
”El silencio quebró los quejidos de los diputados.
”Oaxaca desistió.

”Los inconformes continuaron con sus gritos de protesta.
”Los inconformes apoyaban a Germán Molina.

”El priista Pericles Olivares Flores sonrió al escuchar a su homólogo y pidió la palabra. En su discurso le agradeció a Raymundo García su propuesta, le destacó su madurez política y su congruencia para elegir al mejor.

”Los gritos reventaron otra vez. Pericles Olivares guardó silencio y dijo ‘los voy a escuchar’, y culminó comentando que José Manuel Flores tenía la sensibilidad para ser el ombudsman. Algunos de los presentes en las galerías aplaudieron, el resto mentaron madres.

”Le siguieron Juan Aguilar Hernández del PVEM, Mariano Hernández Reyes del PT, Rodolfo Huerta, del PRD y Espinosa Torres de Convergencia, todos coincidieron en que Raymundo García tenía la mejor de las propuestas y aceptaron que votarían por unanimidad.

”Ni un grito de apoyo para Francisco Fierro, considerado como el mejor por Elena Poniatowska, Colectivo El Torito AC, la Universidad Iberoamericana, la Comisión Takachihuali, entre otras organizaciones civiles y de intelectuales poblanos.

”Es más, ni un voto para Francisco Fierro.
”El único que obtuvo un voto fue Arturo Alonso García.
”El resto: un vil zapato, o sea nada, en ceros.
”Cuando nombraron a Flores Mendoza como el nuevo ombudsman los candidatos que se encontraban ahí se fueron, y tras ellos los acarreados.
”La mesa directiva le cedió la palabra.
”Ahí juró que no le temblará la mano, que es un hombre de buena fe, que trabajará por el bienestar de los poblanos, que los derechos humanos serán la base de su gestión.”

El nuevo ombudsman

La fracción tercera del artículo 7 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos dicta: “poseer título de licenciatura con experiencia mínima en el ejercicio de la profesión de cinco años y conocimientos acreditables en materia de derechos humanos”. Este requisito fue ignorado por 37 de 39 diputados que votaron por Flores Mendoza.

José Manuel Cándido Flores Mendoza es egresado de la escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Puebla, además tiene un diplomado en Comercio Exterior en la Universidad de las Américas.

Fue director general de Jurídico Flores Mendoza y Asociados; apoderado y agente de Fianzas, de Afianzadora Insurgentes, SA de CV; miembro del “Grupo de los 20” de Afianzadora Insurgentes, SA de CV y director del Comité de Finanzas de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, AC.

En entrevista con los medios, se dijo del estilo marinista, de la cultura del esfuerzo, que nació pobre y que por eso lo ayudaría, admitió su amistad con el gobernador y con Carlos Abascal. Y negó, con voz firme, que haya ido a la Secretaría de Gobernación a ver a Javier López Zavala, “sólo lo he visto una vez” y “he ido dos veces a Casa Aguayo”.