A Alan Ibarra le esperan mínimo 20 años de prisión

Adelanta la juez séptimo de lo Penal que el homicidio se agrava por el hecho de ser servidor público

Pero esta es una sentencia de primera instancia, los magistrados en las salas penales del Poder Judicial pueden modificar o revocarla en caso de que la pena sea demasiado benigna o demasiado severa

Edmundo Velázquez

Veinte años de prisión será la mínima sentencia de Humberto Alan Ibarra Meza, el matavalets, por el homicidio del acomodador de autos José de Jesús Huitzil. La juez séptimo penal, Rosalba Elena Zárate adelantó que el homicidio se agrava por el hecho de ser servidor público, estar adiestrado en el manejo de armas de fuego y usar la pistola de cargo que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para cometer el crimen.

“La sentencia no puede ser menor de 20 años, porque estamos hablando de homicidio calificado. Aquí lo único que pudiera cambiar los hechos es que un juez federal, al conceder un amparo, dijera que no hay calificativa, cuestión que hasta el momento no tenemos. El homicidio calificado tiene una pena de 20 a 50 años en prisión”, dijo tajantemente la togada que lleva el proceso de Ibarra desde que le fue encomendado al ser trasladado al penal de San Miguel.

Cuando el proceso 206/2006 fue enviado a la capital desde San Pedro Cholua, donde Enrique Romero Razo dictó formal prisión a Ibarra, fue asignado a Rosalba Zárate, mencionó en entrevista para Cambio que el proceso pasó a otro folio, al 309/2006. Actualmente se mantienen en la etapa de instrucción.

“Es la etapa en que cada una de las partes están ofreciendo pruebas. Actualmente, se ha extendido precisamente el procedimiento por el gran número de pruebas que han sido ofrecidas. También porque hemos tenido dificultades en el hecho de que se presenten algunos de los testigos, pues viven fuera de Puebla, por lo que se tienen que mandar oficios a otros jueces para poder lograr que los citen y que puedan venir.

Eso ha alargado el proceso. Actualmente no hemos tenido una fecha precisa de cuándo demos una sentencia, porque esto está supeditado definitivamente a que se puedan desahogar estas pruebas”, comentó la juez séptimo de lo penal para detallar el por qué del retraso en la sentencia.

La misma juez había comentado en entrevistas previas que se esperaba la sentencia para el mes de julio o agosto del 2008. Sin embargo, ella misma ahora maneja que diciembre será el mes tentativo para una sentencia definitiva.

“Estamos hablando del mes de diciembre como tentativo para dictar una sentencia. Es tentativo porque es necesario que se desahoguen una serie de pruebas que faltan. Igual puede ser que lleguemos a diciembre y que notemos que tampoco se puede todavía celebrar la audiencia correspondiente para la sentencia”, advirtió la juez.

Pero esta es una sentencia de primera instancia, los magistrados en las salas penales del Poder Judicial pueden modificar o revocarla en caso de que la pena sea demasiado benigna o demasiado severa, como mencionó Zárate.

La togada mencionó que las pruebas que integran el proceso no pueden darse a conocer por cuestión de secrecía:
“No podemos opinar con relación a algunas de las pruebas. Solamente los que están inmersos en el procedimiento pueden dar a conocer estos hechos. Y así, el que venga a declarar esté libre de toda influencia obtenida por medios escritos, televisión u otros espacios. Por eso no se pueden dar a conocer detalles.”

Entre las pruebas existen testimoniales y las declaraciones de ocho testigos, así como informes periciales y opiniones de expertos que pueden comprobar la mecánica de los hechos. De los presentes en el altercado, la juez identificó como testigo crucial a Juan Manuel Velázquez Quiroz, el otro valet parking herido por Ibarra. “Él se encuentra ya recuperado. Camina normal, no tuvo secuelas y está muy pendiente del asunto”, comentó sobre él la juez.

—¿Siente cierta presión porque el caso ha tenido revuelo?—se le preguntó.

—Yo siento que no existe la presión. Es un asunto delicado, donde bien se lo dice, están presentes los medios. Existe presión, la opinión pública está pendiente. Sin embargo, no existe presión.

No vamos a inclinar la balanza por lo medios, la sociedad o porque determinada persona diga qué se tiene que hacer. Vamos a resolver en el momento de la sentencia con base a las pruebas. Simplemente con base a las pruebas. Es lo único que queda hacer acá. Cuando nos siguen los medios, yo siento, que se nos obliga a los jueces a seguir haciendo el trabajo que siempre hacemos y hacerlo de la mejor manera posible.

Pero no solamente porque sea observado por los medios, sino para que la sociedad se dé cuenta de que los jueces hacemos nuestro trabajo y que no nos inclinamos por lo que esté pasando en ese momento.

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