La corrupción no sólo es un problema de fama pública

Dice Federico Reyes Heroles, quien señaló que el combate a la corrupción se estancó

El presidente de Transparencia Mexicana durante su primera visita a Puebla en el sexenio de Mario Marín Torres, evitó referirse de manera directa a los temas gubernamentales de la entidad como el cuarto lugar entre los estados más corruptos del país

Selene Ríos Andraca

Durante su visita por Puebla, Federico Reyes Heroles, presidente de Transparencia Mexicana —filial de la prestigiada organización Transparencia Internacional— evitó referirse de manera directa al gobernador Mario Marín Torres, a pesar de ser uno de sus grandes críticos en el escándalo de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, y de estar en la cuarta entidad más corrupta del país. Sin embargo, el intelectual dejó un mensaje ante los empresarios: “La corrupción no sólo es un problema de fama pública”, y procedió a detallar las variables que ubicaron a Puebla en los primeros lugares de corrupción.

Ante empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) —encabezada por Luis Mora Velasco—, Reyes Heroles criticó la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública impuesta por la mayoría priista en el Congreso local el pasado 18 de julio, al asegurar que la misma alienta a la opacidad e incumple las bases del artículo sexto constitucional.

Asimismo, el también analista político en televisión y prensa escrita consideró que la incertidumbre del caso de Antonio Juárez Acevedo genera una crisis de credibilidad a la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP). 

El presidente de Transparencia Mexicana destacó el problema que provoca el binomio entre los medios de comunicación y el gobierno estatal: “La cooptación de medios  incrementa la corrupción porque anula la denuncia periodística. Los medios tienen un compromiso con los ciudadanos, no con el poder”.

La corrupción afecta también el desarrollo de las entidades, explicó Reyes Heroles, ya que el desarrollo de los estados basado en programas sociales y distribución de recursos no encuentra base si estos están condicionados a sobornos para los funcionarios de segundo o tercer nivel.

De ahí que una de las principales agravantes del problema de corrupción en Puebla sea la reforma recién aprobada por la mayoría priista del Congreso local a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que en lugar de cumplir con las bases del sexto constitucional, alienta la opacidad para proteger actos de corrupción.

“Es nulo el avance en Transparencia con la reforma recién aprobada. En el caso de Puebla es un retroceso, se dieron pasaos hacia atrás, cuando la homologación con la Constitución debe generar un adelanto, no un retraso”. 

La inmovilidad gubernamental

Reyes Heroles criticó el gobierno de Mario Marín y al resto de gobernadores de las entidades con mayores índices de corrupción, por no leer cuidadosamente el Índice de Corrupción y Buen Gobierno dado a conocer el pasado 16 de abril en el Distrito Federal.

Transparencia Mexicana utiliza 35 indicadores para realizar la medición de corrupción en los estados, entre los cuales se encuentran los trámites de registro para programas sociales como Progresa, Procampo, leche, desayunos populares; obtención de becas para escuelas públicas; trámites en el Registro Público de la Propiedad; conexión de servicios públicos como agua, drenaje o luz; obtención de licencias para uso de suelo o de conducir; recuperación de autos robados; procesos en la Procuraduría; evitar el trabajo de los agentes viales o ser infraccionado, entre otros.

De los 35 indicadores evaluados, 20 corresponden a los servicios que ofrecen los gobiernos estatales y el resto son los servicios que se contratan a través de empresas privadas o los gobiernos municipales.

De acuerdo a los resultados nacionales por trámite, en el rubro que más corrupción existe en el país es en el de acaparamiento de particulares de vía pública para evitar que los ciudadanos se estacionen.

Entre los franeleros y los agentes de Tránsito —estatales y municipales— se reparten los mayores sobornos. Sin embargo, en trámites como la aprobación de la verificación vehicular, la obtención de actas del registro civil, la regularización de la propiedad de vehículos y la tramitación de la licencia de conducir, se dieron las mayores alzas en el índice elaborado por el organismo ciudadano.

Y a pesar de que Transparencia Mexicana ofrece los resultados de los indicadores estatales en los que priva la corrupción, la administración de Mario Marín no ha hecho nada para combatirla ni ha programado políticas públicas para enfrentar el problema.

A decir de Reyes Heroles, los gobiernos estatal y municipales “no han leído con cuidado el Índice de Corrupción y Buen Gobierno”, pues consideran que el Índice de Corrupción y Buen Gobierno obedece a percepción y no a experiencias.

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