Pena de muerte tiene tintes electorales

Afirmó David Fernández Dávalos rector de la Ibero

Olivia López Pescador

La pretensión de algunos gobiernos y del PVEM de aplicar la pena de muerte a secuestradores, sólo persigue un fin electoral, porque no les interesa la aplicación de la justicia, sino captar votos para los próximos comicios, afirmó David Fernández Dávalos rector de la Ibero, durante una entrevista concedida a diario Cambio, momentos antes de inaugurar el Foro de Investigación 2008.

Señaló que definitivamente es un “manejo inmoral” el que están haciendo en torno a este tema, en particular el Partido Verde, que es un partido familiar y que vive del erario público, es reprobable que ahora de manera inmoral pidan la pena de muerte, cuando defienden la vida de animales y de plantas.

“Es un partido pragmático que lo único que le interesa es captar dinero, captar votos, colocar a sus personas, pero no tiene ni ética, ni principios políticos, se va al mejor postor, fue creado para dividir a la izquierda, debería de desaparecer”.

Teniendo como marco el Foro de Investigadores de la Universidad Iberoamericana, comentó en entrevista que es inaceptable que algunos actores políticos piensen en aplicar la pena de muerte, sobre todo por que es contraria al derecho internacional, no remedia ningún mal, al contrario provoca males mayores.

“Una mayor pena, no desalienta el delito, sino el efectivo castigo o aplicación de las penas previstas por la ley. La tendencia internacional es eliminar la pena de muerte, el Gobierno de México ha firmado compromisos de irla eliminando gradualmente, de hecho la quitó de la constitución de los hechos en la que estaba reservada, hace unos años”.

Indicó el rector de la UIA que podría atreverse a señalar que la aplicación de la pena de muerte es jurídicamente anticonstitucional, por que la finalidad de la pena es la reintegración social y con esto no hay posibilidad.

David Fernández Dávalos comentó que esta penalidad no sólo afecta al condenado, si no a su familia, porque les priva de un ser querido, además de que el error judicial no puede ser reparado, de hecho se tienen documentados cientos de casos en los Estados Unidos en donde han cometido el error de ejecutar a inocentes y ya no pueden reparar el error.

“Si nosotros decimos que es un delito y un crimen aplicar 200 voltios de electricidad en los testículos de una persona, ¿cuanto más será aplicar una descarga de 2 mil para privarlo de la vida?”

Luego de que el arzobispo de Puebla, Rosendo Huesca y Pacheco, revelara que de acuerdo a la ética de la Iglesia se permite que “la pena de muerte” se aplique sólo en casos “extremos” para quienes cometan crímenes horrendos, si así lo consideran los juristas y las leyes civiles. Al respecto el rector de la Universidad Iberoamericana, David Fernández Dávalos indicó que entiende que en la moral cristiana exista la oportunidad de que el derecho a la vida se ponga en un segundo término con respecto a otros derechos.

“Pero que toda la fuerza del estado se confabule para aniquilar a una persona, me parece inaceptable, nadie tiene derecho a hacerlo, lo ha dicho Juan Pablo II y Benedicto XVI en los últimos pontificados ha quedado claro". De manera coincidente con el arzobispo de Puebla Rosendo Huesca, David Fernando Dávalos rector de la IBERO se pronunció en contra de la pena de muerte.

Indicó que es mentira que salga más caro mantener a los criminales en la cárcel que quitarles la vida, ya que es más costo “un asesinato por parte del Estado”, es decir, aplicar la pena de muerte que mantener a una persona con vida, de hecho -dijo-   Estados Unidos tiene más gente en prisión que México. Lo conveniente sería invertir en desarrollo social, proyectos productivos, superación de la pobreza y así se va poder superar una serie de lacras.

Por otra parte, durante el  Foro de Investigación 2008 –en donde se están presentando resultados de los seis proyectos financiados por la institución- Francisco Valverde Díaz de León, director de Investigación y Postgrado, explicó que el objetivo de este foro es dar a conocer los resultados de investigaciones hechas por 23 académicos de la UIA pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SIN) y de estudiantes de licenciatura. Además de los proyectos financiados por la propia universidad existen otros patrocinados por el CONACYT, cuyos montos van desde los 100 mil pesos hasta los tres millones de pesos.

Los proyectos de investigación que se presentaron en el foro son: Determinaciones de los factores de vulnerabilidad ante el cambio climático, de María Eugenia Ibarrarán; Adopta un Municipio: Hueytlalpan y Huehuetla, de  Gerardo Reyes; Jóvenes, identidades y flujos migratorios, de María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera; Evaluación del tratamiento cognitivo conductual para reacciones desadaptativas del enojo; de  Raúl Alcázar; Proyecto interuniversitario sobre ética profesional, de Martín López Calva y el proyecto Movimientos Sociales y Desarrollo Sustentable: el caso de experiencias comunitarias en el Estado de Puebla, de Benjamín Ortiz.

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