Josefina Buxadé impugnará designación de Blanca Lilia

Ayer, se conformó el Frente Amplio Marinista para nombrar a la nueva comisionada de la CAIP

La excomisionada explicó que la determinación de ampararse es porque el Congreso está violentando la Ley de Transparencia

Selene Ríos Andraca

La aún comisionada para el Acceso a la Información Pública Josefina Buxadé Castelán recurrirá al juicio de amparo ante tribunales federales para impugnar la designación de Blanca Lilia Ibarra Cadena como la integrante electa de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP). La académica, minutos después de conocer los 30 votos a favor de la locutora, anunció a Cambio su decisión, una vez que la ungida y su suplente violan la fracción VI del artículo 27 de la Ley de Transparencia que prohíbe a los comisionados haber sido titulares de dependencias federal, estatal o municipal hasta tres años antes de su nombramiento.

En entrevista con Cambio, Buxadé Castelán explicó que la determinación de ampararse lo hace porque el Congreso está violentando la Ley de Transparencia: “No es nada personal con Blanca Lilia, la respeto, pero lamento mucho, como parte de la terna de propietarios, la determinación del Legislativo de designar a alguien impedida jurídicamente.”

Ayer, tras una caótica sesión, la fracción priista logró cooptar a los grupos parlamentarios minoritarios para conformar el Frente Amplio Marinista, el cual le entregó a Blanca Lilia Ibarra el cargo de comisionada, a pesar de que la Ley de Transparencia y la propia convocatoria imposibilita a titulares de dependencias de los tres órdenes de gobierno a competir y a ostentar el cargo.

Blanca Lilia Ibarra y su suplente, Alexandra Herrera, lograron el nombramiento gracias a los 26 votos de la fracción del PRI; dos de la bancada de Nueva Alianza y dos más de los incondicionales del tricolor: Carolina O’Farril de Convergencia y Manuel Fernández del Partido del Trabajo, quienes ignoraron categóricamente el artículo 27, fracción VI.

El artículo mencionado establece que un requisito para ser comisionado —el mismo que violenta Juárez Acevedo— es: “No haber desempeñado cualquier cargo de elección popular con el carácter de propietario; titular de dependencia o entidad federal, estatal o municipal (…)”

Aunque la votación se realizó en secreto, desde galerías fue posible ver los votos emitidos por la chiquillada, la cual sin ninguna objeción hizo a un lado a Josefina Buxadé de la comisión, a pesar de que demostró independencia y profesionalismo para hacer pública información relevante que el gobierno de Mario Marín se negó a entregar de primera instancia.

Luego de tres horas de suspensión sin ninguna justificación de por medio, diputados del PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza y Partido del Trabajo subieron a tribuna a fijar su postura. El bloque opositor exhortó al pleno a no votar por la fórmula Ibarra-Herrera, impedida jurídicamente.

Pepe Momoxpan del Partido del Trabajo argumentó jurídicamente el impedimento de Ibarra y Herrera, al tiempo de advertir que presentará una denuncia en contra del nombramiento por incumplir con los requisitos que marca la Ley de Transparencia. Y la bancada panista, en voz de Eduardo Rivera, se sumó a la inconformidad del diputado.

Por el PRD habló Melitón Lozano, quien propuso aplazar la designación del miembro de la CAIP para que la Gran Comisión analizara a profundidad los expedientes de los candidatos y designaran una fórmula de propietario-suplente apegada a derecho.

Gustavo Espinosa, de Nueva Alianza, se prestó para formar parte de la faramalla priista, pues aunque subió a tribuna a sumarse a las inconformidades de Lozano, Rivera y Momoxpan, amén de exhortar a la LVII Legislatura a no cometer el mismo error que con el nombramiento de Antonio Juárez Acevedo —cuestionado presidente de la CAIP—, el voto de su bancada fue a favor de Blanca Lilia Ibarra.

Pero fue el priista Avelino Toxqui quien evidenció la ignorancia de su partido y de su persona al subir a tribuna para “argumentar” a favor de Blanca Lilia Ibarra, y aunque leyó un extenso análisis jurídico de la salvedad de la locutora, el legislador demostró que no sabía de lo que estaba hablando.

El argumento jurídico del tricolor leído por Toxqui —adelantado por Cambio en su edición pasada— fue: “La Comisión de Transparencia del Ayuntamiento fue creado como un órgano auxiliar, con autonomía de gestión, operación y decisión (…) sin personalidad jurídica.”

Y al terminar de leer las tres cuartillas de explicación jurídica, Avelino Toxqui evidenció que no entendió ni una sola palabra al decir: “Por eso, podemos concluir que Blanca Lilia Ibarra no ha desempeñado ningún cargo de elección popular.” 

Por supuesto, ni O’Farril, Irma Ramos o Manuel Fernández subieron a tribuna a argumentar su voto. La perredista Ramos votó en abstención.

La votación final de las fórmulas fue: Ibarra-Cadena 30 votos; Buxadé-Rojas 10 votos y Guerrero-Mendieta cero votos.

Gran Comisión olvida elegir la terna de suplentes

La noche del miércoles, la Gran Comisión del Congreso Local olvidó estructurar la terna para el comisionado suplente de Acceso a la Información Pública, tal y como lo marca el artículo 26 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

De acuerdo a la ley y a la convocatoria, la Gran Comisión debió designar una terna para el comisionado propietario y una terna más para los comisionados suplentes.

Sin embargo, la Gran Comisión solamente eligió una terna para el comisionado propietario compuesta por Blanca Lilia Ibarra, Josefina Buxadé y Alexandra Herrera.

El artículo 26, fracción II que se pasaron por alto dice: “Una vez agotado el plazo en la convocatoria respectiva, de entre los ciudadanos propuestos, presentará el Congreso una terna por cada uno de los comisionados propietarios a nombrarse y sus respectivos suplentes que reúnan los requisitos que exige esta ley (…)”

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