Busca Marín una imagen humanitaria

El periódico El Universal realizó un reportaje de la administración de Mario Marín Torres a casi dos años de que se detonara el escándalo Lydia Cacho, en el cual pone en evidencia que el gobernador poblano busca crearse una imagen humanitaria. Además de que quiere ejercer el poder con mano de hierro, persigue a sus detractores y mantiene un control absoluto de los medios de comunicación. A continuación se reproduce el reportaje sobre el gobierno de Marín.

Francisco Reséndiz / Enviado / El Universal

A casi dos años de que se detonara el caso Lydia Cacho, hoy el gobernador Mario Marín gobierna con mano de hierro, persigue a sus detractores y mantiene un control absoluto de medios de comunicación mientras se construye sin rubor una imagen humanitaria.

Luego de conocerse la conversación que tuvo con el empresario Kamel Nacif —que será recordada por la frase de “mi góber precioso”—, Marín era abucheado en actos públicos y recibió la censura social. “Precioso, precioso”, le gritaron en la entrega de los premios Oye.

Pero hoy Mario Marín camina desenfadado, rodeado por seis escoltas que son casi 30 centímetros más altos que él, usa ropa fina, sobria, sonríe todo el tiempo, a veces nervioso, pero no pierde el buen peinado… en los eventos, desde el templete, habla sólo a las cámaras, posa para la foto.

El Universal solicitó una entrevista con el gobernador Marín para que realizara un balance de su gobierno y respondiera a las críticas de partidos, intelectuales y sociedad civil, pero de inmediato fue negada, al igual que la posibilidad de conocer la posición del gobierno de Puebla a través de un funcionario de alto nivel.

En 16 meses Marín perdió y recuperó Puebla. Perdió la elección presidencial el 2 de julio del 2006, pero el 11 de noviembre pasado ratificó la hegemonía priísta en la entidad, como resultado de las divisiones perredistas y la censura al panismo estatal y del uso del aparato gubernamental en apoyo a candidatos priístas.

Los spots que censuró el gobierno del estado, pagados por anticipado por Acción Nacional en 25 estaciones de radio local (que se pueden escuchar en la página www.eluniversal.com.mx) hacían una parodia de la conversación Marín-Kamel.

Mano dura

Así, Mario Marín está cubierto por la mayoría priísta en el Congreso local que, según analistas, activistas pro derechos humanos y diputados del PAN y el PRD, ha impedido que se fiscalicen los gastos en publicidad y obra pública.

Al tiempo de ejercer presión contra medios de comunicación, principalmente con contratos publicitarios que se mantienen en el más absoluto hermetismo, el gobernador es cobijado en actos de gobierno por grupos priístas.

La estrategia de comunicación del gobierno de Puebla es clara: un evento público por día, al que invitan a los periodistas, no hay entrevistas, su discurso se concreta a la preocupación por la gente y mantiene la contratación de pautas publicitarias a fin de difundir su trabajo.

“Hay varios eventos por día, pero sólo se invita a los medios a uno, algunas veces no se les invita para que no se molesten por si por alguna extraña razón el gobernador no llega, no se dan entrevistas desde hace más de un año, esa es nuestra política de comunicación”, dice en una plática informal Ismael Ríos, director de Información del gobierno poblano.

Desde el escándalo provocado por las grabaciones en torno a Lydia Cacho, Marín dejó de dar entrevistas, de asistir a eventos masivos y se dedicó a visitar poblados del interior del estado, a evitar el contacto con la prensa y a mantener un discurso de legalidad y humanismo, según un análisis de contenido realizado por este diario a sus mensajes de actos públicos.

Contención

El gasto del gobierno de Puebla en Comunicación durante 2005, 2006 y 2007 ha sido respectivamente de 14 millones 593 mil pesos; 18 millones 778 mil pesos y 15 millones 861 pesos, pero un estimado del PAN advierte que sólo durante 2006 habría gastado más de 300 millones de pesos.

Información en poder de la bancada panista en el Congreso local apunta que en 2006 la Secretaría de Gobernación local tuvo un sobrejercicio de 152 millones de pesos, pero que la mayoría priísta ha impedido que se fiscalicen a fondo esos recursos. Advierte que solicitará que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice los recursos federales, que componen 80% del presupuesto estatal.

Al menos 15 reporteros locales, que pidieron a EL UNIVERSAL el anonimato, comentan que desde la Dirección de Comunicación Social y de la Secretaría de Gobernación (local) se ejerció presión, a través de contratos publicitarios, para que no se tocara a Marín por el caso Cacho.

Pero de manera detallada el gobierno poblano ha mantenido en la absoluta reserva montos y facturas de los espacios publicitarios contratados luego del caso Lydia Cacho.

Algunos diaristas y la minoritaria bancada del PAN en el Congreso del estado solicitaron dicha información a través de la Ley de Transparencia, pero las autoridades respondieron que podía causar daño a las funciones públicas del estado.

Oscuridad

Josefina Buxadé Castelán, comisionada de acceso a la información del estado de Puebla, advierte que “no se entrega a los ciudadanos la información requerida, en particular facturas de gastos en medios, argumenta que forman parte de un proceso deliberativo, que no es información pública o es reservada”.

Dice que hay secretarías locales que responden “razonablemente bien” a las solicitudes de información, pero otras “sistemáticamente violan los plazos de entrega, es una práctica bastante común en el gobierno del estado” y al final se niega la información.

Persecución

Eduardo Almeida, integrante del Nodo de Derechos Humanos, define al gobierno de Mario Marín como “corrupto”.

Afirma que la administración marinista ha perseguido a activistas como el laborista de Tehuacán, Martín Barrios, quien defiende a trabajadores de maquiladoras.

Este muchacho, que fue uno de los principales críticos de Marín durante el escándalo desatado por las grabaciones de la conversación que tuvo con Kamel Nacif, subraya que desde entonces el de Puebla es un gobierno de autopromoción.

“Hay un afán enfermizo de recuperar la imagen del gobernador, no a través de su trabajo, sino de prebendas”, dice. Luego afirma que la Comisión Estatal de Derechos Humanos también ha sido cooptada por el gobernador al incrustar al frente del organismo a un ex compañero de universidad.

Señala que los grupos y colectivos independientes no son invitados a actos de la Comisión a fin de impedir que el gobernador escuche voces críticas de su gestión. Afirma que el gobernador “ha ejercido presión y cerrazón contra los medios de comunicación… es una actitud hostil”.

Destaca que el gobierno cerró los espacios a grupos y periodistas críticos. Destaca que un grupo de diaristas, que tenía un programa de radio llamado “Quinta Columna”, donde se analizaba con detalle el caso Lydia Cacho, fueron sacados del aire por órdenes del mandatario poblano.

El analista político Manuel Díaz Cid considera que la crisis que vivió el gobierno marinista “prácticamente está superada”. Afirma que lo hizo mediante una enérgica estrategia de contención de medios, al tiempo que la oposición panista y perredista no tiene arraigo en la sociedad poblana.

El repunte de Marín

En julio de 2006, durante la elección federal, Marín Torres y el PRI perdieron la votación presidencial, sólo obtuvieron cuatro de 16 diputaciones federales y el tricolor ingresó al Senado como primera minoría, atrás del PAN.

Pero, el 11 de noviembre —durante la jornada electoral local intermedia— las cosas cambiaron. El PRI ganó 23 de 26 diputaciones de mayoría y sólo dejó al PAN 51 de los 217 municipios. El abstencionismo en algunos lugares fue superior a 55%; la presencia del PRD es marginal.

Rafael Micalco, líder del PAN en Puebla, afirma que hay un alto gasto en publicidad pero que la mayoría priísta ha bloqueado tanto la información, como la fiscalización de recursos y la solicitud de juicio político contra el gobernador.

Afirma que se descentralizaron a las secretarías del gobierno estatal para establecer oficinas delegacionales en cada cabecera municipal, al tiempo de cooptar medios de comunicación, al Instituto Estatal Electoral y una parte del empresariado.

“La Secretaría de Gobernación (local) amenazó a varias radiodifusoras para que sacaran del aire varios de nuestros spots, algunas las mantuvieron, pero la mayoría fueron bloqueadas, el IEE tuvo conocimiento y no hizo nada o tardó mucho en atender las denuncias”, dice.

El único diputado perredista en el Congreso local, Rodolfo Huerta, acusa que el gobierno de Marín tiene el control de otras instituciones, con lo que evita que haya “un contrapeso importante” entre los poderes locales.

No realiza ningún cuestionamiento sobre la actuación del mandatario local y, sobre el caso Lydia cacho, se limita a decir que se debe acatar lo que decida la Corte aún si no le gusta a la sociedad.

Pero para el analista Manuel Díaz Cid “este asunto no está muerto” y para el activista Eduardo Almeida “la legitimidad que alguna vez tuvo la ha perdido, será la historia quien lo juzgue”.