Impugnan legisladores 'gasolinazo' en la Corte


Afirman que impuesto a los combustibles viola cinco artículos de la Carta Magna


Claudia Salazar / Agencia Reforma


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Diputados de siete partidos presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra las reformas legales que crearon el nuevo impuesto a las gasolinas y el diesel.


La demanda, firmada por 171 diputados --con lo que se rebasó la exigencia de al menos 167 legisladores-- argumenta que la aplicación del nuevo impuesto viola los artículos 16, 31, 73, 89 y 124 de la Constitución.


Las reformas impugnadas establecen una nueva cuota de 4.5 por ciento más a la gasolina y el diesel, a aplicarse en dos centavos mensuales en un plazo de 18 meses, recursos que deberán ser recaudados por las entidades federativas.


Antes de entregar la demanda en la Oficialía de Partes de la Corte, el grupo de legisladores se reunió con el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, a quien le explicaron el fondo de la demanda.


Los diputados también impugnaron las nuevas fórmulas para la distribución de la Recaudación Federal Participable, de las que derivan los recursos de participaciones y aportaciones federales y que integran el 90 por ciento de los ingresos de los estados.


Los coordinadores parlamentarios del PRD y Convergencia, Javier González Garza y Alejandro Chanona, encabezaron al grupo de legisladores que presentó la acción de inconstitucionalidad, con la cual no se suspende la aplicación de la norma impugnada.


La demanda fue firmada por todos los integrantes de las bancadas del PRD, PT, Convergencia y Alternativa, además de los priistas José Murat, Yerico Abramo, Alfredo Barba, Patricio Flores y Juan Carlos Velasco.


También por los diputados Manuel Cárdenas e Irma Piñeyro, de Nueva Alianza; Faustino Estrada, del PVEM, y el independiente Félix Castellanos.


Entre los argumentos de la demanda, se señala que el decreto publicado el 21 de diciembre pasado con reformas a las leyes de Coordinación Fiscal, del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, y del Impuesto sobre Producción y Servicios (IEPS) viola los principios tributarios de legalidad, proporcionalidad y equidad.


"El legislador dejó en manos de la Secretaría de Hacienda, mediante reglas de carácter general, la determinación de los precios de referencia, los ajustes por calidad, los costos netos de transporte, el margen comercial y el costo de manejo a los expendios autorizados, así como las operaciones aritméticas para calcular tasas para cada combustible.


"De ahí que no se prevé una base legal de su regulación, sino que abandona, de manera absoluta en manos de dicha autoridad, la imposición y valoración de los elementos, circunstancias y factores que a su juicio y discrecionalidad deben concurrir para determinar la obligación tributaria", señalan.


Asimismo, señalan que las entidades federativas van a cobrar el impuesto a la gasolina sin tener facultades constitucionales para ello.


Se advierte, además, que las fórmulas de distribución de las participaciones federales violentan el principio de proporcionalidad por la aplicación de la variable de población en el reparto de recursos.


"La variable población afecta disposiciones constitucionales de resarcir a las entidades federativas en proporción a su contribución tributaria", dice la demanda.


 
 
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