Señalan corrupción de la SEP por el libroescándalo

Acción Nacional, Nueva Alianza y hasta el PRI criticaron los magros avances en materia de educación y pusieron el dedo en la llaga por la asignación de libros a la librería Book Mart para el nivel medio superior en todo el estado. “No es un negocio de la secretaría, si la escuela no los quiere, no los compra”, aseguró Darío Carmona

Efraín Núñez Calderón / Olivia López Pescador

Diputados priistas y de oposición criticaron la gestión de Darío Carmona García al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por el escándalo relacionado con la venta de libros de la librería Book Mart, de la editorial Asociación Editorial, Librerías y Empresas para la Educación AC, negocio con el que se estarían beneficiando funcionarios de la dependencia, así como por la obesidad de la nómina en la secretaría y los bajos niveles educativos en el estado.

Durante la comparecencia del funcionario ante el Congreso del estado, el diputado panista Raúl Erasmo Álvarez Marín le preguntó si respalda la venta de los textos de la librería Book Mart para nivel medio superior, como lo publicó recientemente el periódico Milenio Diario.

Según la información de este medio de comunicación, se obliga a los alumnos de bachilleratos oficiales a comprar dichos textos con la leyenda “Acorde al Nuevo Programa de Estudio”, depositando el dinero en la cuenta 4141124488 del banco HSBC. Con este negocio se estarían beneficiando funcionarios de la dependencia.

Darío Carmona García deslindó a la SEP de cualquier tipo de negocio en este sentido y justificó que su dependencia haya decidido trabajar con Book Mart, Asociación Editorial, Librerías y Empresas para la Educación AC, debido a que fue la editorial que menor precio propuso por los textos:
“30 empresas llegaron a promover sus libros de manera permanente. Ojala hubiera escrito el periódico que le dijimos a las editoriales que bajaran los costos. Si tratar de buscar que bajen los costos tiene algún problema (…) Nada tiene que ver la SEP, ellos lo hacen, lo promueven. Yo me negué al contrato, si hay una editorial que los ponga más baratos bienvenida, los están entregando a 420 pesos. No es un negocio de la secretaría, si la escuela no los quiere, no los compra”, indicó.

En otro sentido, legisladores del albiazul advirtieron sobre el aumento del narcomenudeo en las escuelas oficiales del estado. Según los panistas, este delito ha aumentado en las escuelas de juntas auxiliares como Ignacio Romero Vargas, así como en algunos municipios del estado sobre todo de la periferia de la ciudad.

Tanto los legisladores panistas como Gustavo Espinosa Vázquez, diputado de Nueva Alianza, e incluso la fracción parlamentaria del PRI, criticaron que los avances en materia de educación no sean significativos por la deplorable situación de las escuelas en el estado. El legislador de Nueva Alianza señaló el exceso de burocracia en la dependencia, el bajo promedio de terminación y los altos niveles de deserción en educación básica.

Además se le cuestionó sobre los aviadores dentro de la SEP, la venta de plazas, el motivo por el cual no han construido escuelas, el analfabetismo, cobertura escolar y la prueba Enlace, entre otros temas.

Al respecto, el funcionario respondió que Puebla es uno de los seis estados que cumple con su matrícula y explicó que la falta de cobertura se debe a que la Federación no ha otorgado el capital suficiente para hacerle frente a estos rezagos.

Con relación a la obesidad de la secretaría, Carmona García negó la existencia de aviadores en el sector educativo. Recordó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene una revisión constante en el desempeño de la dependencia:

“Hemos tenido ahorros de 7 millones de pesos. Al no contratar asesores y no contratar consultoría, nos ahorramos 24 millones de pesos”, aseveró.

Por último, Darío Carmona destacó los resultados de la prueba Enlace en los que Puebla obtuvo una notable mejoría respecto a años pasados. De igual forma, reveló que se han encarcelado a seis personas por la venta de plazas, tres personas más han sido remitidas a la Procuraduría General de Justicia por presentar documentos falsos y se han abierto nueve expedientes contra maestros por abuso de menores.