Desbandada de judiciales en enero


El ofrecimiento de Manuel Antele provoca fuga de elementos de seguridad


Los agentes aseguran que sus condiciones laborales no se comparan con la oferta hecha por el crimen organizado


Edmundo Velázquez

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Las 30 mil poderosas razones que les ofreció Manuel Antele Velasco a los judiciales provocarán una desbandada en las filas de la Policía Judicial del estado para finales del año 2008, según aseguraron a Cambio los agentes de la propia corporación.


A pesar de que el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano y el procurador Rodolfo Igor Archundia Sierra han minimizado y desdeñado la información publicada por Cambio, los agentes aseguran que sus condiciones laborales no se comparan con la oferta hecha por el crimen organizado. Y, los acercamientos de Antele con sus excompañeros han aumentado en los últimos días.


Además, versiones que circulan entre los agentes señalan que la muerte del segundo comandante de Tehuacán, Laurencio Muñoz García pudo haberse evitado desde el primer atentado, puesto que ya había solicitado su cambio a sus superiores ante las amenazas y el primer atentado que sufrió. Sin embargo, sus superiores se negaron a escuchar sus peticiones de cambio en su puesto y lo mantuvieron en el cargo, lo que a la postre trajo su muerte.


Las negativas de los titulares de la PGJ han dejado únicamente inconformidad entre los agentes judiciales, quienes dicen sentirse desprotegidos para combatir a la delincuencia organizada, por lo que, antes de perder la vida es preferible hacer valer el dicho de: “si no puedes contra el enemigo, únetele”.


La última quincena del 2008 y el aguinaldo serán los pagos que los judiciales tomen como finales en la PGJ. Después de esto amenazan con presentar las renuncias en cascada ante el escritorio de Hugo Isaac Arzola, director de la corporación policiaca.


Cabe decir que, según los mismos agentes, esta versión ya es conocida por los altos mandos de la Procuraduría General de Justicia. Cuando llegó a oídos del procurador Rodolfo Igor Archundia provocó inmediatamente como plan de contingencia el lanzamiento de una segunda convocatoria, hecha al vapor, para 150 nuevos candidatos a la Policía Judicial, la cual fue anunciada la semana pasada por el funcionario.


Cambio publicó el lunes pasado que los agentes judiciales han sido tentados ya por el jefe de Los Zetas en el estado. Manuel Antele Velasco, según confiaron los uniformados, ofreció 30 mil pesos al mes a los uniformados que generalmente ganan entre 3 mil y 5 mil pesos en ese mismo lapso de tiempo.


Los agentes además se quejaron de las pobres condiciones laborales, entre las que resalta un raquítico seguro de vida de apenas 50 mil pesos en caso de una muerte violenta, con la condición de que el policía judicial debe de portar el chaleco antibalas para hacer efectivo el seguro.


Por si fuera poco, las familias de los judiciales deben de descontar de ese seguro de vida los gastos funerarios, quedándose con menos de 35 mil pesos como apoyo para la esposa y los hijos.


Debido a las precarias condiciones laborales es que los agentes comenzaron a ver con agrado los ofrecimientos de Antele, quien dejó años atrás la Policía Judicial para integrarse al grupo de sicarios del Cártel del Golfo, en el que tiempo después se volvió “el dueño de la plaza”.


Recientemente, en entrevista, el procurador Archundia admitió que la dependencia se mantiene “en riesgo latente” de que el crimen organizado se infiltre entre sus filas. El funcionario, quien negó que conociera los rumores de los que dieron cuenta los judiciales aseguró “es cuestión de conciencia en cada agente” el que permanezca con las precarias situaciones laborales que ofrece la Procuraduría o se dejen llevar por la tentación del crimen organizado.

 

 

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