La Reforma Electoral debe hacerse en agosto: Rivadeneira

Dice la consejera que esa es la posición del Gobierno, pero reconoce como válidos los argumentos de quienes la piden en febrero

La consejera jurídica del Gobierno estatal dice que para dirimir quién tiene la razón en cuanto a la fecha de la Reforma debe iniciarse una controversia constitucional y dejar que la SCJN determine lo conducente

Miguel Ángel Cordero

El retraso de la Reforma Electoral será permitido por el Gobierno del estado, pues la consejera jurídica del Poder Ejecutivo, Claudia Rivadeneira Torija, dejó abierta la posibilidad a una controversia constitucional para determinar si es en febrero o en agosto cuando se hagan las modificaciones a la ley en cuestión.

Ayer, durante su comparecencia ante la Comisión de Gobernación Justicia y Puntos Constitucionales, la funcionaria fue interrogada por los distintos representantes de las fracciones parlamentarias en el Poder Legislativo.

Cuando llegó el turno de la bancada panista para abordar a la funcionaria estatal, la diputada local Leonor Popócatl Gutiérrez le cuestionó respecto a su postura, como responsable de la Consejería Jurídica, en torno a la fecha límite para aplicar la reforma de marras.

De acuerdo a la modificación constitucional, los congresos estatales tienen un año después de su último proceso electoral para cumplir con los cambios legales que constituyen la reforma electoral.

En Puebla, la fecha límite está en entredicho, pues mientras los legisladores de oposición aseguran que el periodo comicial de 2007 concluyó en febrero, los diputados priistas insisten en que el proceso extraordinario en el municipio de Felipe Ángeles prorrogó hasta agosto el fin de las elecciones.

En un principio, la consejera intentó librarse del cuestionamiento que hizo Popócatl Gutiérrez al respecto, asegurando que no es competencia de la dependencia que dirige establecer un criterio.

“Existe una discordancia entre la fecha límite, en febrero y agosto. En el caso de que ustedes no resuelvan la controversia. La opinión de la consejería sería personal, no definitiva, pues la instancia correspondiente para dirimir tal conflicto es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). No tenemos que ser intérpretes de la ley”, dijo.

Sin embargo, la diputada panista le contestó que no requería una determinación oficial por parte de la Consejería —pues tal dictamen le compete a las instituciones electorales— sino simplemente postura del Gobierno del estado respecto a la fecha para la Reforma Electoral.

Así, Rivadeneira Torija explicó que existe una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para considerar que la elección extraordinaria está incluida en el proceso electoral y por dicha razón debería fijarse en agosto el fin de tal periodo. No obstante, agregó que la postura de los partidos de la oposición para señalar que es en febrero la fecha límite también está fundamentada en argumentos válidos y, por ello, deberá iniciarse una controversia constitucional.
Posteriormente, en entrevista, Leonor Popócatl señaló que la consejera Jurídica está dudando respecto a que el proceso electoral terminó en agosto, como ha defendido el grupo parlamentario del PRI, y por ello sugiere iniciar una controversia constitucional.

“Si ella misma no quiere adquirir una postura concreta y contundente es porque está dudando y está dando la posibilidad ella misma de irnos a una controversia constitucional”, indicó.

Otros de los temas por los cuales se cuestionó a Rivadeneira Torija fue la opinión del gobierno del estado sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el total de gastos de los 27 millones 400 mil que recibió como presupuesto la dependencia, cuando la mayor parte del dinero se destina a pago de nómina; y el tiempo para que se entregue terminado el reglamento del Fideicomiso de la reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl.

Las respuestas que dio la funcionaria estatal, respectivamente, fueron las siguientes: que el gobernador del Estado no mandó propuesta de ley en materia de transparencia y por eso no le compete a la Consejería establecer una calificación para la norma aprobada, que los pagos de nómina están detallados en la página de Transparencia del gobierno del estado, y que la entrega del reglamento mencionado se hará en tres meses.

Protestan contra la consejera
Patricia Vara Gutiérrez, ex empleada de la Consejería Jurídica del Gobierno estatal, acusó a la titular de la dependencia, Claudia Rivadeneira, de exigir a la mayoría de los trabajadores de tal oficina 50 por ciento de sus ingresos mensuales.
En entrevista, la abogada relató que fue despedida de manera injustificada el 16 de junio de 2008 y sin aviso, pues cuando ingreso a la dependencia y pasó su credencial de chequeo, en la pantalla digital que aprueba los ingresos apareció como personal no activo.

Agregó que desde el 17 de marzo de 2008 a ella y a otros funcionarios de la Consejería se les comenzó a descontar 50 por ciento de sus salarios hasta que Vara Gutiérrez fue despedida sin justificación, pues formaba parte del personal de confianza.

A causa de este hecho, la ex funcionaria pública demandó laboralmente a la Consejería Jurídica el 15 de julio de 2008. La dependencia fue notificada del recurso legal el 5 de noviembre, pero no se presentó la funcionaria estatal ante el Tribunal de Arbitraje para dirimir el conflicto. El próximo 29 de enero habrá un encuentro entre ambas partes en la instancia mencionada.

Cuestionada al salir de su comparecencia, en medio de empujones provocados por su escolta, Rivadeneira Torija cayó en contradicciones, pues en un principio dijo que no había ningún documento oficial que la vinculara con el caso, pero cuando se le recordó que enfrentaba una denuncia laboral indicó que sólo podrá informar al respecto hasta que el caso termine. Dijo que la resolución del caso, cuando concluyera, aparecería en la página de internet de la dependencia que dirige.

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