*Trabajadoras acusan misoginia del jefe de Servicios Jurídicos, Alejandro Minor Castillo

*Congreso de la Unión dictamina mobbing laboral y exhorta a la CNCH y a la Dirección General del IMSS investigar las violaciones

El pasado 2 de julio la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó información a las autoridades competentes del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre presuntos actos violatorios a los derechos humanos que habrían ocurrido en la delegación del IMSS en Puebla, al tiempo en que exhortó al director general de este instituto para que inicie una investigación a fondo y finque las responsabilidades que deriven del caso.

De este tema también ha tenido conocimiento la Comisión Nacional de Derechos Humanos, instancia que también ha sido requerida por los diputados federales para intervenir en la investigación de los hechos denunciados.

Concretamente se ha señalado a Alejandro Minor Castillo, en su carácter de jefe de Servicios Jurídicos de la delegación estatal en Puebla del IMSS, quien de acuerdo a las quejas y testimonios, las versiones de todas las trabajadoras quejosas coinciden en que, desde su llegada, dejó en claro su intención de evitar trabajar con personas del sexo femenino expresando aseveraciones misóginas como: “las mujeres son muy conflictivas”, situación que ha derivado en maltrato sicológico y verbal.

Asimismo, en reiteradas ocasiones Alejandro Minor Castillo se ha ufanado de ser amigo del director jurídico del IMSS a nivel nacional, Eduardo Jorge Kim Villatoro, en consecuencia, de manera paulatina se incrementaron las auditorias exhaustivas en contra del personal indeseado, las cuales son practicadas sin oficio de requerimiento de por medio por personal de la Coordinación de Investigación y Asuntos de Defraudación, instancia que depende de la Dirección Jurídica.

Como parte de las súbitas auditorías se llegaron a implementar una especie de literales cateos de las oficinas de los jefes de Departamento Laboral y Contencioso, llevándose equipos de cómputo y bloqueando todo sistema de comunicación electrónica institucional en las oficinas.

Lo risible y lastimoso del caso es que fueron abogados de profesión quienes violentaron los derechos laborales y humanos de los trabajadores, en contraposición a lo establecido por el artículo 1 constitucional el cual estipula que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

Por lo pronto, para la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con las quejas presentadas por las trabajadoras del IMSS ante la CNDH es evidente que Alejandro Minor Castillo llevó a cabo de manera reiterada y sistemática prácticas de lo que se conoce como mobbing laboral, entendiéndose a esta modalidad de violencia como “toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador o contratista por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, o causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir a la renuncia del mismo”.

De tal forma que la actuación de Alejandro Minor Castillo ha concretado una violación flagrante y constante de los derechos humanos de los trabajadores a su mando, suprimiendo los derechos contractuales.

Otro de los hechos que coinciden con las quejas, es que se comenzaron a realizar despidos masivos de personal sin importar que fueran trabajadoras con más de 15 años de antigüedad en el servicio, y que en términos del Contrato Colectivo de Trabajo, para culminar su relación con el instituto, tendrían que colocarse en el supuesto de liquidación, finiquito por renuncia expresa o recisión por investigación laboral, situación que nunca se suscitó, por tanto no se actualizó ninguno de los supuestos mencionados.

Es el caso de las abogadas Claudia Rodríguez Ramos con una antigüedad de 17 años y Yolanda Alvarado Camacho quien tenía 20 años trabajando, mismo tiempo que Francisco González Brito, quien también fue despedido en la situación antes mencionada.

Entre otras personas que han presentado quejas ante la CNDH contra el IMSS y que se encuentran radicadas en el expediente CNDH/6/2014/2266/OD, están: Claudia Francisca Morales Juárez, María Anabel Michimani Espínola, Lourdes Barba Ruiz y Gabriela Huerta Carrasco por mencionar algunos casos.

Hasta el momento la delegación del IMSS representada por Rodolfo Reyes Coria, no ha presentado una postura respecto a estas denuncias que han llegado al Congreso de la Unión y la CNDH toda vez que las instancias homólogas a estas en el plano estatal han perdido la credibilidad y confianza tanto de los trabajadores, como de muchas otras organizaciones no gubernamentales y ciudadanos en particular.