Estas conclusiones aparecen en el Informe especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el estado de Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentado el pasado 17 de diciembre por el presidente del organismo, Raúl Plascencia Villanueva.
Surgidas, financiadas y cobijadas por el gobierno guerrerense del expriísta y hoy perredista Angel Aguirre Rivero, las policías comunitarias y grupos de autodefensa justificaron su aparición por la incapacidad del gobierno estatal y de los gobiernos municipales de garantizar la seguridad a los ciudadanos, pero se han convertido en grupos armados violadores de derechos humanos que colocan retenes, realizan arrestos sin cumplir con requisitos judiciales y atemorizan a la sociedad.
El informe de 116 páginas de Plascencia (en http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales/2013_IE_grupos_autodefensa.pdf) reveló pruebas que demuestran que las policías comunitarias y grupos de autodefensa en Guerrero no han resuelto el problema de la inseguridad porque las cifras han aumentado y sí se han convertido en un problema más por los abusos en el ejercicio de la autoridad delegada con armas entregadas por el gobierno de Aguirre de uso exclusivo del ejército.
Las policías comunitarias y grupos de autodefensa en Guerrero, agrupados en CARAC (Coordinación Regional de Autoridades Comunitarias) y en la UPOEG (Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero), se formalizaron dentro de la Ley estatal Número 701 de derechos y cultura indígenas, pero se han convertido en autoridades sin reconocimiento legal y con funciones irregulares. Hasta junio de 20013, de acuerdo con la CNDH, el gobierno estatal entregó 6.1 millones de pesos a CRAC y 5.4 millones a UPOEG.
Pero los resultados han sido contraproducentes, al grado de que la autoerigida en comandanta Nestora Salgado García se encuentra detenida y procesada por secuestro de ciudadanos y la propia CNDH documentó varios casos muy concretos de ejercicio abusivo de la autoridad por comunitarios y autodefensa en agresiones a tiros a ciudadanos en retenes ilegales.
De ahí que la CNDH haya concluido que “el uso de la fuerza por parte de los miembros de la sociedad vulnera el artículo 17, párrafo primero, de la Constitución (…) y, contrariamente a lo pretendido, entraña un riesgo fundado de que la espiral de violencia se recrudezca, y se constituya en un factor que afecte la gobernabilidad e impida la recuperación de la seguridad pública”.
Por tanto, agrega, “la justicia comunitaria y los usos y costumbres a la que apelan los grupos de autodefensa no constituyen una respuesta adecuada para lidiar con los problemas de delincuencia que aquejan a esa entidad. La justicia indígena busca la preservación de las comunidades (…) y de sus miembros (…), así como la defensa de sus intereses y de la resolución de sus conflictos internos; sin embargo, (…) estos grupos y las personas que habitan esos territorios se encuentran en un estado de indefensión y de alta vulnerabilidad no en razón de su condición, sino en razón de una claudicación del Estado, constante y reiterada, de cumplir sus tareas y funciones de seguridad pública de una manera adecuada”.
Y lo peor: las autodefensas podrían convertirse en paramilitares como en Colombia, según lo documentó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia de 2004: “muchos “grupos de autodefensa” cambiaron sus objetivos y se convirtieron en grupos de delincuencia, comúnmente llamados “paramilitares”.
